El fiscal pide cinco a?os a un general por el 'caso Yak'

Cinco a?os de prisi¨®n puede costarle al general de divisi¨®n Vicente Navarro y cuatro a?os y medio al comandante Jos¨¦ Ram¨ªrez y al capit¨¢n Miguel S¨¢ez la falsificaci¨®n de las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, del que acaban de cumplirse cinco a?os.

?sa es la pena que pide para ellos el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, quien les acusa de un delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario en el ejercicio de sus funciones. El fiscal reclama adem¨¢s, cinco a?os de inhabilitaci¨®n especial y 60.000 euros de multa para Navarro y cuatro a?os y 24.000 euros para sus dos subordinados.

Finalmente, pide una indemnizaci¨®n de 25.000 euros por da?os morales para cada uno de los c¨®nyuges, hijos y padres de los 30 fallecidos cuyos cad¨¢veres tuvieron que ser exhumados y vueltos a inhumar -si es que no hab¨ªan sido ya incinerados- 18 meses despu¨¦s del siniestro. El Estado deber¨¢ responder como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia.

Las pruebas de ADN demostraron lo que desde el principio se sospechaba: que las v¨ªctimas de la mayor cat¨¢strofe de las Fuerzas Armadas espa?olas en tiempo de paz fueron enterradas de forma precipitada para echar tierra sobre el esc¨¢ndalo.

Seg¨²n el escrito del fiscal, el general m¨¦dico Navarro atribuy¨® de formar caprichosa y aleatoria nombres a los 30 cad¨¢veres sin identificar, con tan mala fortuna que err¨® en todos los casos, y los dos oficiales a sus ¨®rdenes, tambi¨¦n facultativos, se basaron en esa lista aleatoria para elaborar los informes de necropsia.

El escrito del fiscal, junto a los de las dem¨¢s partes personadas en la causa, es el paso previo para el juicio oral que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, podr¨ªa celebrarse despu¨¦s del verano.

El juez Fernando Grande-Marlaska archiv¨® la causa el pasado 22 de noviembre, por considerar que la falsaria atribuci¨®n de identidades a cada una de las v¨ªctimas resultaba inocua, pues todas hab¨ªan muerto por la misma causa. Sin embargo, en abril pasado, la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le orden¨® reabrir la investigaci¨®n, aunque dej¨® al margen al teniente general Jos¨¦ Antonio Beltr¨¢n Do?a, que se encarg¨® de coordinar la repatriaci¨®n de los cuerpos.

Si prospera la petici¨®n del fiscal, Beltr¨¢n deber¨¢ declarar como testigo en el juicio, al igual que los dos sanitarios que acompa?aron a los mandos militares y el comandante jur¨ªdico que asesor¨® en los tr¨¢mites burocr¨¢ticos. Tambi¨¦n declarar¨¢n como peritos los expertos del Instituto de Toxicolog¨ªa que realizaron las pruebas de ADN.

La causa por la falsa identificaci¨®n de los cad¨¢veres no es la ¨²nica que se sigue por el caso Yak-42. El juez Marlaska instruye otro procedimiento por las irregularidades que rodearon la contrataci¨®n del avi¨®n ucranio. En este caso, est¨¢n imputados el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barber¨¢, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Luis Ibarreta, as¨ª como otros tres militares de menor rango.

Medalla de plata

Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), decidi¨® ayer otorgar la medalla de plata al m¨¦rito ciudadano a 21 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, que nacieron o resid¨ªan en esa regi¨®n, seg¨²n inform¨® el vicepresidente del Ejecutivo aut¨®nomo, Ignacio Gonz¨¢lez.

La medalla otorgada no es la de oro, m¨¢xima condecoraci¨®n que concede la Comunidad de Madrid, porque el fallecimiento se produjo in it¨ªnere, cuando los militares regresaban a Espa?a tras cumplir su misi¨®n en Afganist¨¢n, seg¨²n argument¨® el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. ?ste agreg¨® que el reconocimiento m¨¢ximo est¨¢ reservado para quienes mueren en acto de servicio. Como ejemplo, record¨® que los dos guardias civiles asesinados por ETA en Francia, Ra¨²l Centeno y Fernando Trapero, recibieron la medalla de oro a t¨ªtulo p¨®stumo. La diferencia entre ambas se refleja tambi¨¦n en la dotaci¨®n econ¨®mica: 60.000 euros para la de oro y 30.000 para la de plata.

La concesi¨®n de estas medallas fue un compromiso que adquiri¨® Esperanza Aguirre en el pleno de la Asamblea regional del pasado 20 de diciembre, a instancias del PSOE y tras reiteradas quejas de trato discriminatorio por parte de los familiares de las v¨ªctimas.