Inmigraci¨®n en Europa

Las pol¨ªticas de inmigraci¨®n en Europa siguen ofreciendo graves motivos de preocupaci¨®n. Aunque finalmente no lo aprob¨® ayer, como hab¨ªa anunciado, el Gobierno italiano se propone conceder poderes especiales a los prefectos de Mil¨¢n, Roma y N¨¢poles para afrontar la emergencia gitana, un inquietante eufemismo para referirse a la situaci¨®n creada tras los incendios intencionados de varios campamentos. Si existe alguna emergencia es la de detener y llevar ante la justicia a quienes pusieron en riesgo la vida de centenares de personas, incluidos ni?os de corta edad, no la de perseguir a las v¨ªctimas de estos atentados. Si ¨¦stas incumplen normas de cualquier naturaleza, las autoridades est¨¢n obligadas a adoptar las disposiciones ya previstas en la ley, pero no se deber¨ªa acudir a medidas de excepci¨®n y, menos a¨²n, a consentir que nadie se tome la justicia por su mano.

Los riesgos de que en Italia se estigmatice a los gitanos, el 37% de los cuales son nacionales italianos, no es sino el caso extremo de una l¨®gica que est¨¢ imponi¨¦ndose en toda la Uni¨®n Europea, y que corre el riesgo de convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de una situaci¨®n econ¨®mica que se deteriora. La repentina urgencia por acordar una pol¨ªtica de inmigraci¨®n com¨²n llega despu¨¦s de largos a?os de bonanza, en los que los trabajadores extranjeros contribuyeron al crecimiento econ¨®mico de Europa sin que los poderes p¨²blicos mostrasen demasiada preocupaci¨®n por saber si estaban empleados legal o ilegalmente ni si se respetaban o no sus derechos como trabajadores. Por otra parte, no se les consider¨® como usuarios de pleno derecho a la hora de financiar los servicios p¨²blicos, lo que contribuy¨® a su progresivo deterioro y saturaci¨®n. Ahora que las tornas econ¨®micas han cambiado, se pretende corregir estos errores e imprevisiones con normas especiales para los trabajadores extranjeros y no para garantizar la legalidad del empleo o para la mejora de los servicios. Se trata de un atajo del que el Estado de derecho y los derechos de las personas podr¨ªan salir malparados.

Desde el pasado mes de enero, el Gobierno espa?ol negocia con el franc¨¦s las bases de una pol¨ªtica europea de inmigraci¨®n. Es la segunda vez que se descubre que el Ejecutivo de Rodr¨ªguez Zapatero da la impresi¨®n de querer esconder su giro en esta materia detr¨¢s de otros, ya se trate de la Comisi¨®n o de Nicolas Sarkozy. Si las pol¨ªticas que ahora suscribe son las que dejan traslucir estas maniobras realizadas bajo la cobertura de un discurso p¨²blico radicalmente distinto, deber¨ªa decirlo con claridad. Entre otras cosas, para no hurtar el debate p¨²blico mediante el recurso de presentar como hechos consumados decisiones en las que est¨¢ participando y en las que, por tanto, le cabe una parte de responsabilidad.

El clima pol¨ªtico y social que se est¨¢ creando en torno a la inmigraci¨®n exige que los ciudadanos sepan lo que est¨¢ en juego, no que se les deje al margen.