Los objetivos de la Transici¨®n
El uso de ETA contra el Gobierno y el partidismo de algunos obispos han sido las principales novedades de los ¨²ltimos tiempos con relaci¨®n al periodo 1976-1982. Pero lo de que Espa?a se rompe ya se dec¨ªa entonces
El objetivo de la Transici¨®n fue instaurar una democracia parlamentaria a partir de las instituciones que se quer¨ªan transformar, y con un rey como jefe de Estado. Ese objetivo comenz¨® a alcanzarse con la aprobaci¨®n, por las Cortes y en refer¨¦ndum, de la Ley de Reforma Pol¨ªtica. El proceso desencadenado llev¨® a la legalizaci¨®n de todos los partidos pol¨ªticos que concurrieron a las primeras elecciones libres celebradas tras la Guerra Civil, las del 15 de junio de 1977.
Para culminar el cambio, fue preciso que los entonces llamados "continuistas" y "rupturistas" llegaran a un consenso b¨¢sico sobre el proceso a seguir, la estructura y forma de las instituciones y la Constituci¨®n. Aceptaron tratar como ciudadanos libres e iguales tanto a los partidarios y colaboradores del r¨¦gimen anterior como a sus contrarios pol¨ªticos, en el exilio, la c¨¢rcel o la clandestinidad, incluidos los nacionalistas democr¨¢ticos catalanes, gallegos y vascos. Se trataba de superar, que no olvidar, la tr¨¢gica y profunda divisi¨®n entre espa?oles causada por la Guerra Civil. Y as¨ª se consigui¨® lo que parec¨ªa imposible a muchos de dentro y a casi todos los de fuera: que la Transici¨®n en Espa?a se hiciera sin m¨¢s violencias que las del terrorismo y fuera aceptada por la inmensa mayor¨ªa de espa?oles.
Si hablan de pol¨ªtica en p¨²blico, los obispos tienen que aceptar que otros puedan criticarles
Espa?a no se rompe, aunque lo proclame con tono apocal¨ªptico la extrema derecha
La Transici¨®n fue la obra tanto de pol¨ªticos que proced¨ªan del Movimiento Nacional como de otros que eran antifranquistas, muchos de los cuales estaban exiliados o en la c¨¢rcel. La habilidad y el coraje de Adolfo Su¨¢rez, nombrado por el Rey presidente del Gobierno, le convirtieron en el protagonista de la Transici¨®n. Pero tambi¨¦n lo fueron los pol¨ªticos de la oposici¨®n al r¨¦gimen franquista: Felipe Gonz¨¢lez, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Nicol¨¢s Sartorius, los catalanes Joan Ravent¨®s, Carner, Jordi Pujol, Ant¨®n Ca?ellas, los nacionalistas vascos Ajuriaguerra, Xabier Arzalluz...
Como lo fue el presidente de la Conferencia Episcopal espa?ola, el cardenal Taranc¨®n, al proclamar la necesidad de que acabara la divisi¨®n entre espa?oles causada por la Guerra Civil y de una separaci¨®n, porque era lo mejor para los dos, entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado; una Iglesia que, a juicio de muchos, todav¨ªa estaba marcada por su apoyo al r¨¦gimen anterior.
Todos los que la vivimos conocimos el esencial papel de Torcuato Fern¨¢ndez Miranda en las Cortes franquistas y el del general Manuel Guti¨¦rrez Mellado en las Fuerzas Armadas. Leopoldo Calvo-Sotelo puso en pie la estructura de lo que fue la UCD. Con ¨¦l estuvieron pol¨ªticos azules -Rodolfo Mart¨ªn Villa, Fernando Abril, P¨ªo Cabanillas-, dem¨®cratas cristianos -Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, ??igo Cavero-, liberales -Joaqu¨ªn Garrigues, Mu?oz Peirats, Satr¨²stegui-, socialdem¨®cratas -Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, Garc¨ªa D¨ªez, Carlos Bustelo-, por citar algunos de los m¨¢s importantes.
Ese consenso b¨¢sico, institucionalizado en los Pactos de La Moncloa (esencial fue la autoridad doctrinal de Enrique Fuentes Quintana), permiti¨® pactar la Constituci¨®n de 1978 y crear un espacio pol¨ªtico democr¨¢tico de convivencia y di¨¢logo. Y ello a pesar de la profunda crisis econ¨®mica, del brutal y sangriento terrorismo etarra y del fracasado golpe de Estado del 23-F de 1981. La Transici¨®n termin¨® con el traspaso ordenado, leal y pac¨ªfico del Gobierno presidido por Calvo-Sotelo al Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez, al ganar ¨¦ste por aplastante mayor¨ªa las elecciones de 1982. Triunfo que, a mi juicio, supuso la consolidaci¨®n de la democracia y de la monarqu¨ªa constitucional y parlamentaria.
No me parece cierto que fueran una nueva transici¨®n ese triunfo electoral del PSOE de Felipe Gonz¨¢lez o el del PP de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en 1996; ni tampoco el del PSOE de Zapatero en 2004. S¨ª hubo, en la ¨²ltima etapa de Felipe Gonz¨¢lez, en la segunda de Aznar y en la primera de Zapatero, una lucha parlamentaria m¨¢s violenta, dura y descalificadora para ganar, conservar o recuperar el poder perdido. Pero esto no nos diferencia mucho de las dem¨¢s democracias europeas y occidentales. En ellas, como en Espa?a, las elecciones, m¨¢s que ganarlas la oposici¨®n, las pierde el partido que gobierna. O las gana el Gobierno porque la oposici¨®n se divide o deja de ser una alternativa cre¨ªble.
Desde la Transici¨®n, las circunstancias, sociales, econ¨®micas y pol¨ªticas, han cambiado mucho en Espa?a y en el mundo globalizado en el que vivimos. En Espa?a, los traspasos de competencias importantes a las autonom¨ªas -educaci¨®n, sanidad...- han producido en todas un aumento de su poder social y pol¨ªtico y, adem¨¢s, la inadecuaci¨®n de su sistema de financiaci¨®n actual. Se ha radicalizado el soberanismo nacionalista en Catalu?a, y asimismo en el Pa¨ªs Vasco con el plan Ibarretxe. Pero no es menos cierto que en las ¨²ltimas elecciones generales el PSC ha quedado en Catalu?a por delante en votos de CiU, y que Esquerra Republicana ha perdido todo lo que gan¨® en noviembre de 2003. Y que en el Pa¨ªs Vasco el PSE ha quedado como el primer partido en ?lava y Guip¨²zcoa y, por primera vez en estos 31 a?os de democracia, en Vizcaya.
Espa?a no se rompe, aunque con tonos apocal¨ªpticos lo proclama la extrema derecha y alg¨²n destacado miembro del PP. Como testigo o ciudadano, he o¨ªdo lo mismo desde que se aprob¨® la Constituci¨®n y los Estatutos vasco y catal¨¢n. En cambio, expertos europeos y espa?oles sostienen que el dinamismo espa?ol en lo social y econ¨®mico se debe en gran parte a la descentralizaci¨®n auton¨®mica. Ahora bien, lo que nunca o¨ª en las negociaciones con ETA, como miembro de los Gobiernos de Su¨¢rez y de Calvo-Sotelo y como ciudadano en tiempos de Felipe Gonz¨¢lez y de Aznar, es que se traicionaba a nuestras v¨ªctimas del terrorismo o se entregaba el Pa¨ªs Vasco a ETA.
Tampoco son una segunda transici¨®n negativa los dos triunfos electorales del Partido Socialista de Zapatero. Las leyes de su primera etapa estaban anunciadas en un programa electoral votado por la mayor¨ªa de los espa?oles. Y en el caso del Estatuto de Catalu?a, recurrido ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno tripartito formado en 2003 declar¨® prioritaria, como tambi¨¦n CiU, la reforma del anterior Estatuto; y ello cuando se cre¨ªa que el PP ganar¨ªa las elecciones generales de 2004.
Ahora hay, sin embargo, una novedad importante en lo que respecta a la Iglesia cat¨®lica: su cambio de actitud respecto al Estado laico, que es lo que significa "no confesional" (art? 16, 3 C. E. Diccionario de la RAE, 2). Tres apartados de la nota de la Comisi¨®n Ejecutiva de la Conferencia Episcopal del pasado diciembre -el consejo sobre el voto de los cat¨®licos, su juicio sobre la unidad de Espa?a y el juicio sobre el terrorismo- son de car¨¢cter pol¨ªtico. Como lo son las declaraciones de algunos cardenales y obispos. Tienen constitucionalmente derecho a hacerlo, como cualquier otro agente pol¨ªtico o ciudadano. Pero deben admitir que, al hacerlo, pueden recibir las mismas cr¨ªticas y descalificaciones que los dem¨¢s sujetos pol¨ªticos o ciudadanos, sin que eso suponga un ataque a la Iglesia. Y tambi¨¦n que la opini¨®n pol¨ªtica p¨²blica de un obispo o cardenal tiene el mismo valor que la de cualquier ciudadano. La nuestra es una democracia constitucional de ciudadanos libres e iguales.
A mi juicio, ciertas expresiones de condena frente al desarrollo de leyes aprobadas por mayor¨ªa en las Cortes debieran ser m¨¢s medidas. Primero porque cat¨®licos creyentes, que tambi¨¦n son Iglesia, las han criticado p¨²blicamente, y a¨²n son m¨¢s los que lo hacen entre amigos o conocidos. Segundo, porque dada la categor¨ªa eclesial de los que emiten esas opiniones, pueden dificultar o da?ar la necesaria convivencia y el consenso pol¨ªtico b¨¢sico de la democracia constitucional.
Si queremos conservar y hasta recuperar consenso entre ciudadanos libres e iguales, cualesquiera que sean sus ideolog¨ªas, convicciones morales o creencias religiosas, ese consenso nada tiene que ver con relativismos filos¨®ficos o morales, sino con dejar de percibir al adversario pol¨ªtico como un enemigo. Se trata de seguir viviendo en libertad y democracia; de dialogar para combatir el terrorismo y enfrentar nuestros problemas nacionales en estos tiempos dif¨ªciles, de cambios continuos; de ayudar, en lo que podamos, a la lucha contra el hambre, la enfermedad y la ignorancia en el mundo. Que el pasado irrepetible, con sus aciertos y errores, nos sirva de lecci¨®n.
Alberto Oliart, ex ministro de Adolfo Su¨¢rez y Leopoldo Calvo-Sotelo.
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