?Qu¨¦ est¨¢ pasando en la justicia?

Hace ya unas semanas se public¨® un informe del Servicio de Inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situaci¨®n de los juzgados penales de todo el Estado. Ninguna autonom¨ªa ha salido indemne del informe; tampoco la catalana. De hecho, ¨¦sta es la que tiene m¨¢s sentencias para ejecutar: 56.000 entre los juzgados penales y los de ejecutorias, creados en el a?o 2003, durante el ¨²ltimo Gobierno de CiU. Por desgracia, el estudio se hace como reacci¨®n al caso de Mari Luz, para averiguar si el juez que hab¨ªa de ejecutar la sentencia del presunto asesino hab¨ªa actuado o no con suficiente diligencia, y tambi¨¦n para proponer medidas que puedan evitar situaciones como ¨¦sta en el futuro.

Parece ser que la justicia no es prioritaria ni para el Gobierno nacional ni para el estatal

Podemos criticar al CGPJ por elaborar este informe como reacci¨®n y no como medida preventiva, ya que, siendo el ¨®rgano de gobierno de los jueces, habr¨ªa de estar atento a la situaci¨®n de colapso que sufren los tribunales. Podemos criticar al ministerio por no dar la importancia que se merece a una situaci¨®n de caos como ¨¦sta. Y tambi¨¦n podemos criticar a los responsables de Justicia de Catalu?a por mirar hacia otro lado dando las culpas a la actitud de determinados funcionarios.

Pero no lo har¨¦ y lo que har¨¦ ser¨¢ proponer medidas que no se llevan a cabo desde hace cinco a?os y que requieren esfuerzos econ¨®micos, voluntad pol¨ªtica y un conocimiento suficiente de la Administraci¨®n de justicia en Catalu?a.

El 9 de agosto se cumplir¨¢n dos a?os de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, donde el t¨ªtulo III, que regula el poder judicial, da un salto muy importante en materia de autogobierno. Pero para que estas competencias puedan ser efectivas, se han de negociar con el Ministerio de Justicia, se ha de hablar con el CGPJ, se ha de exigir la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y, sobre todo, se ha de tener voluntad pol¨ªtica para impulsarlas. Las nuevas competencias estatutarias permitir¨ªan mejorar la capacidad de decisi¨®n del Gobierno catal¨¢n frente al ministerio, especialmente en materia de personal y de creaci¨®n de nuevos juzgados, que agilizar¨ªan los procesos y reducir¨ªan la sobrecarga que sufren.

Tanto las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a y las del juzgado decano de Barcelona como un informe del Colegio de Abogados de Barcelona reflejan con claridad que la justicia en Catalu?a est¨¢ colapsada y que el 73% de los juzgados se hallan saturados. Hacen una especial menci¨®n de los juzgados especializados y se ponen ejemplos como que los juzgados contenciosos de Barcelona est¨¢n se?alando juicios para el a?o 2010. Asimismo, explican que los juzgados penales tienen una lista de espera de m¨¢s de 5.000 asuntos cada uno y que tienen miedo a que entre en vigor la norma que ha modificado los nuevos delitos de tr¨¢fico, porque colapasar¨¢n a¨²n m¨¢s la jurisdicci¨®n competente.

Las medidas penales alternativas son una buena opci¨®n, pero faltan recursos para ejecutarlas. Lo dicen tambi¨¦n las memorias judiciales. Y obviamente, un sistema inform¨¢tico modernizado permitir¨ªa ganar tiempo y efectividad.

En Catalu?a en el a?o 1995 y en el 2000 se dio un salto importante en este ¨¢mbito. Pero en el a?o 2003 se requer¨ªa una revisi¨®n profunda de los sistemas, una puesta al d¨ªa, que a¨²n est¨¢ por hacer. Y si hablamos de recursos humanos, nos encontramos con situaciones similares. Cada vez hay m¨¢s interinos sin formaci¨®n adecuada y los juzgados no paran de solicitar refuerzos para solucionar in extremis una situaci¨®n de caos que se est¨¢ haciendo insostenible. Todas estas circunstancias son elementos que desincentivan a los funcionarios de Justicia, desincentivaci¨®n que contribuye de forma radical a hacer m¨¢s grande la pelota.

En los ¨²ltimos cinco a?os la creaci¨®n de nuevos juzgados ha sido insuficiente, la contrataci¨®n de personal preparado tambi¨¦n, las nuevas infraestructuras comienzan con lentitud a dar sus frutos y la Ciudad Judicial de Barcelona lleva dos a?os de retraso, con un proyecto modificado que no responde a las necesidades del sistema.

Parece ser que la justicia no es prioritaria ni para el Gobierno nacional ni para el estatal. La burocracia administrativa est¨¢ arraigada en este ¨¢mbito, el ministerio no quiere ceder competencias, la Generalitat no tiene voluntad pol¨ªtica y las decisiones pol¨ªticas se miran y remiran tantas veces que no se dan cuenta de que cuando frenas el coche, creas retenciones medio kil¨®metro m¨¢s all¨¢. Tenemos las soluciones; s¨®lo falta que los respectivos gobiernos socialistas (ambos) lideren un proceso de revisi¨®n, modernizaci¨®n y transformaci¨®n del sistema judicial. Y este proceso se ha de hacer conjuntamente con los magistrados y los profesionales que cada d¨ªa han de dar la cara sabiendo que no es el mejor rostro que se pueda ense?ar.

N¨²ria de Gispert i Catal¨¤ es diputada por CiU en el Parlament.