La mayor¨ªa de alcaldes vulnera la ley al contratar arquitectos externos
Contas denuncia que el 87% de los municipios carece de t¨¦cnicos funcionarios
El 87% de los municipios de menos de 20.000 habitantes examinados por el Consello de Contas durante los ¨²ltimos dos ejercicios vulneran la ley al externalizar la contrataci¨®n de arquitectos o aparejadores para emitir sus informes urban¨ªsticos. La advertencia la repiten los dict¨¢menes del organismo auditor en p¨¢rrafos calcados a una treintena de alcaldes de todos los colores pol¨ªticos.
Entre los flagrantes incumplimientos que denuncian los informes de fiscalizaci¨®n del urbanismo, los ponentes citan los ayuntamientos de Portas y Ribadumia, ambos gobernados por el PP, como ejemplos de contrataciones ex¨®ticas. En ambos municipios, el responsable de emitir los dict¨¢menes urban¨ªsticos es un "arquitecto nombrado con car¨¢cter honor¨ªfico", categor¨ªa inexistente en la regulaci¨®n del personal de las Administraciones P¨²blicas, que adem¨¢s figura en el Registro Mercantil como administrador ¨²nico de dos sociedades inmobiliarias con sede en Cambados y Meis. La coincidencia del objeto social de las empresas "no garantiza", seg¨²n Contas, "la objetividad, imparcialidad e independencia en la elaboraci¨®n de informes, ni la inexistencia de conflicto de intereses".
Lo p¨²blico y lo privado se mezclan tambi¨¦n en Mondo?edo, donde la directora de la Oficina de Rehabilitaci¨®n del Ayuntamiento fue a su vez autora de un proyecto de obra al que el Gobierno local concedi¨® licencia en 2004. El ponente advierte tambi¨¦n sobre la colisi¨®n de intereses en este caso.
En los informes de fiscalizaci¨®n del urbanismo los ponentes invocan dos normas, la Lei de Administraci¨®n Local de Galicia y la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, para advertir de que "las funciones atribuibles a los ayuntamientos responden a una necesidad de car¨¢cter permanente, cuyo desempe?o debe encomendarse a personal funcionario como garant¨ªa de independencia, objetividad e imparcialidad".
Unos principios que tambi¨¦n contravienen municipios como Sobrado, Silleda, O Rosal, Toques o Agolada que durante los ¨²ltimos a?os han recurrido a asistencias t¨¦cnicas y servicios de consultor¨ªa para resolver informes urban¨ªsticos imprescindibles para otorgar permisos de construcci¨®n y obras. El propio Consello de Contas avisa en cada una de sus auditor¨ªas de que tales contrataciones irregulares podr¨ªan dar lugar a la invalidez de los actos administrativos, nulos desde el punto de vista legal.
Cabeza de Manzaneda, Montederramo, Pol, A Porqueira, Bande, A Bola, Mar¨ªn y Rodeiro tambi¨¦n han externalizado estos servicios salt¨¢ndose la normativa legal. Y en otros municipios como Cerdedo, Riotorto y O Savi?ao ni siquiera consta que exista alguna relaci¨®n contractual entre los autores de los informes y los ayuntamientos. Id¨¦ntica situaci¨®n es la que ha dado lugar en Barreiros a uno de los desarrollos urban¨ªsticos m¨¢s ca¨®ticos de la costa gallega, que oblig¨® a la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial a suspender en febrero de 2007 el planeamiento urban¨ªstico de esta localidad lucense. Pese a haber visado en un a?o permisos para 6.000 viviendas, el Consello de Contas no ha podido averiguar la relaci¨®n del autor de los informes con el Ayuntamiento de Barreiros. La auditor¨ªa a la gesti¨®n del Gobierno de Valdovi?o determin¨® que el arquitecto municipal suscribi¨® estudios antes de acceder al puesto por un concurso oposici¨®n.
En Pontecesures, el responsable de supervisar los proyectos urban¨ªsticos fue contratado en "r¨¦gimen laboral temporal", una pr¨¢ctica que seg¨²n el informe fiscalizador vulnera la normativa de la funci¨®n p¨²blica. El Consello de Contas asegura que "este tipo de funciones, dada su naturaleza y car¨¢cter permanente, deber¨ªan ser prestadas por personal sujeto al estatuto funcionarial".
Abegondo: juez y parte
El caso del municipio coru?¨¦s de Abegondo, que acaba de desembocar en el Juzgado Decano de Betanzos, es un buen ejemplo de la laxitud con la que operan algunos t¨¦cnicos contratados por los ayuntamientos. Una denuncia del fiscal especializado en delitos urban¨ªsticos imputa a los tres ¨²ltimos arquitectos de Abegondo por un delito continuado de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. En la trama para urbanizar un monte protegido desvelada por el ministerio p¨²blico llama la atenci¨®n el papel de Antonio Carro N¨²?ez. Seg¨²n la querella, a lo largo de 2002 el arquitecto del ayuntamiento dio el visto bueno a la segregaci¨®n de parcelas sobre suelo r¨²stico y de especial protecci¨®n que el Gobierno municipal del PP ratific¨® despu¨¦s con su voto.
Dos a?os m¨¢s tarde, el propio Antonio Carro N¨²?ez, ya desde fuera del ayuntamiento, firm¨® proyectos arquitect¨®nicos y actu¨® en representaci¨®n de los compradores de esas fincas y licencias para tramitar reformados sobre el permiso original para edificar viviendas unifamiliares. Tanto Carro N¨²?ez como su sucesora en el cargo, Cristina Ball¨®n L¨®pez, y el actual arquitecto de Abegondo, Manuel Cort¨®n Muinelo, est¨¢n denunciados por intentar legalizar edificaciones en un monte. Igual que los dos ¨²ltimos gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Abegondo.
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