Los expertos tachan de ilegal la tarifa m¨ªnima que reclaman los huelguistas

Atascos a la entrada de las ciudades, estantes semivac¨ªos en algunos comercios, consumidores con miedo a encontrarse las gasolineras secas... Estas im¨¢genes de los ¨²ltimos cuatro d¨ªas podr¨ªan finalizar si no fuera por una petici¨®n de los huelguistas que se ha convertido en el principal escollo para llegar a una soluci¨®n: la tarifa m¨ªnima. El Gobierno volvi¨® a dejar claro ayer que no piensa ceder. La ministra de Fomento, Magdalena ?lvarez, asegur¨® en el Senado que es "imposible" aceptar esa exigencia, ya que crear una tarifa m¨ªnima obligatoria "no tiene fundamento legal en una econom¨ªa de mercado".

La mayor patronal de camioneros cree "imposible" que se aplique la medida

Las dos asociaciones que convocan el paro (Fenadismer y Confedetrans, que aglutinan al 20% de las 130.000 empresas del sector) defienden que el precio m¨ªnimo evitar¨ªa la competencia desleal. Dicen que el sector est¨¢ saturado, por lo que muchos trabajan por debajo de costes con tal de conseguir encargos. Los huelguistas quieren que las tarifas que marca el Observatorio de Costes del Transporte por Carretera, que elabora Fomento cada seis meses, se tomen como precio m¨ªnimo obligatorio. Ahora son s¨®lo una referencia indicativa.

El Ministerio calcula esta cantidad sumando los gastos de combustible, sueldos, desgaste del veh¨ªculo, dietas y reparaciones. Seg¨²n este indicador, el coste por kil¨®metro de un cami¨®n articulado de carga general es de 0,95 euros si va sin carga; y 1,12 con mercanc¨ªa. A esto habr¨ªa que a?adir el margen de beneficios, peajes, oficinas... Seg¨²n todas las asociaciones, muchos transportistas aceptan ahora trabajar por mucho menos del m¨ªnimo.

CETM, la patronal que no secunda la huelga (y representa al 60% de los transportistas), comparte que el sector pasa por momentos dif¨ªciles. Sin embargo, su presidente, Marcos Montero, piensa que ser¨ªa "imposible" aplicar este tipo de tarifas. "No es real. Tendr¨ªan rechazo por todos lados", dice. Para defender el precio m¨ªnimo, Fenadismer esgrime dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 1993 y 1995 que, seg¨²n la asociaci¨®n, abren la puerta a que un Estado miembro "establezca tarifas de obligado cumplimiento en los transportes de mercanc¨ªas por carretera".

Fomento responde que esas sentencias condicionan las tarifas a que las fije un comit¨¦ donde los poderes p¨²blicos tengan la mayor¨ªa frente a los "operadores econ¨®micos interesados", y en todo caso teniendo en cuenta el inter¨¦s p¨²blico. El Gobierno a?ade que se trata de un sector liberalizado y constituir¨ªa un pacto de precios prohibido por ley, informa Lara Otero.

Expertos como Guillermo Aguillaume dan la misma versi¨®n. Este especialista en derecho comunitario dice que la legislaci¨®n europea nunca permitir¨ªa que el Gobierno fijara unos precios al dictamen de los interesados. "Adem¨¢s, las tarifas se tendr¨ªan que marcar por inter¨¦s p¨²blico; y ¨¦ste no es el caso", a?ade. En la misma l¨ªnea, el abogado Jos¨¦ Antonio de la Calle opina que "podr¨ªan constituir una conducta anticompetitiva", y por tanto, no ser¨ªa aceptado por las autoridades. Competencia ya amenaz¨® el lunes con tomar medidas si el Gobierno acepta un precio m¨ªnimo que "supone un paso atr¨¢s".