El fiscal pide seis a?os para los ex presidentes de Ferrocarrils

Cuatro a?os y 10 meses de c¨¢rcel para Albert Vilalta y sendas penas de seis a?os de prisi¨®n para Enric Roig y Antoni Herce. ?stas son las penas que solicita el fiscal Fernando Rodr¨ªguez Rey para quienes fueron presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durante la ¨¦poca de CiU. Se les acusa de los delitos continuados de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n por el caso de las pensiones supuestamente ilegales que aprobaron y cobraron de espaldas al Consejo de Administraci¨®n. La cifra total defraudada supera los 3,5 millones de euros.

El fiscal pide que los tres acusados devuelvan con intereses al erario p¨²blico los 2.718.035 euros que percibieron, y en el caso de Roig, otros 39.306 euros en concepto de dietas cobradas indebidamente. Las primas beneficiaron a otros 13 cargos de la empresa, a los que el fiscal califica de part¨ªcipes del delito a t¨ªtulo lucrativo y por eso tambi¨¦n les pide que devuelvan el dinero a la compa?¨ªa ferroviaria. Entre ellos figuran Albert Tortajada, Josep Llu¨ªs Arqu¨¦s y Josep Verdaguer, que todav¨ªa contin¨²an en n¨®mina y que percibieron 105.240, 289.264 y 110.910 euros, respectivamente. Verdaguer es abogado y qued¨® excluido de sentarse en el banquillo al final de la instrucci¨®n judicial porque era quien deb¨ªa haber advertido de la ilegalidad del cobro de las pensiones.

El plan fue suscrito el 10 de abril de 1991 con la aseguradora Winterthur y fue anulado en 2000. El fiscal explica que Vilalta no percibi¨® ninguna cantidad cuando abandon¨® la compa?¨ªa en 1991, pero precisa que era "sabedor de la improcedencia e ilegalidad" del plan, ya que "contraven¨ªa frontalmente la normativa presupuestaria en materia de retribuciones del personal de las empresas p¨²blicas". El fiscal recuerda que ese plan se dise?¨® "sin los preceptivos informes y autorizaciones" y que los tres altos directivos, "abusando de los cargos (...), decidieron aumentar injustificada e ilegalmente las retribuciones dinerarias". Roig fue el que m¨¢s cobr¨® (1,07 millones de euros en total). Herce le sustituy¨® en el cargo y se adjudic¨® 278.391 euros.

El fiscal expone que los tres formaban parte del comit¨¦ de direcci¨®n de la compa?¨ªa, un ¨®rgano no estatutario. Los tres acusados, prosigue el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, actuaron "con una incuestionable intenci¨®n de ocultaci¨®n", por no comunicar su acuerdo al Consejo de Administraci¨®n. Cuando los ex presidentes testificaron ante el juez, invocaron la legalidad del plan y dijeron que formaba parte de una estrategia para cohesionar y fidelizar al equipo directivo.

El fiscal tambi¨¦n solicita sendas penas de 27 a?os de inhabilitaci¨®n para Herce y Roig, y una de 24 para Vilalta, que despu¨¦s ser¨ªa consejero de Medio Ambiente en un Gobierno de Jordi Pujol y m¨¢s tarde secretario de Estado de Infraestructuras en un Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Tras el escrito del fiscal, las defensas presentar¨¢n sus conclusiones y el caso ser¨¢ remitido a la Audiencia de Barcelona para celebrar el juicio.La denuncia inicial que ha motivado este proceso fue presentada ante la fiscal¨ªa por ICV cuando el tripartito lleg¨® al poder. El fiscal crey¨® que hab¨ªa indicios de delito y se querell¨® en 2006 contra todos los beneficiarios del plan. Joaquim Nadal, consejero de Pol¨ªtica Territorial, remiti¨® el caso a la Sindicatura de Cuentas, que no se ha pronunciado.