En defensa de la presidenta del TC

Las personas que suscribimos esta carta somos profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de diversas universidades espa?olas y abogados laboralistas, especialistas en derecho laboral tanto en la actividad p¨²blica como privada. Queremos manifestar nuestra indignaci¨®n por el tratamiento informativo que su peri¨®dico ha dado al asunto de las escuchas telef¨®nicas a la presidenta del Tribunal Constitucional, Mar¨ªa Emilia Casas Baamonde, derivadas de un procedimiento penal que en nada afecta a la implicada.

La portada de EL PA?S del d¨ªa 4 de junio supone, a nuestro juicio, un caso claro de amarillismo informativo que busca causar un grave da?o y desprestigio a la figura de la presidenta del TC, descontextualizando la conversaci¨®n en la que se vierten las frases entrecomilladas y el hecho de que se trataba de un caso de supuestos malos tratos.

En esa primera p¨¢gina adem¨¢s se insiste en el posible car¨¢cter delictivo de unos hechos que, a todas luces, son irrelevantes penalmente. En este sentido comprobamos con pesar que su peri¨®dico se une a la estela de publicaciones que desde hace un tiempo (lamentablemente demasiado prolongado) procede a descalificar sistem¨¢ticamente a esta persona. Es evidente que no es fruto del azar este aluvi¨®n de improperios y de insidias hacia alguien que, como bien podemos atestiguar quienes la conocemos y apreciamos como brillant¨ªsima investigadora y excelente persona, acredita una honradez personal y cient¨ªfica intachable.

Estas informaciones manipuladas y tendenciosas tienen por objetivo, no tanto desprestigiarla a ella, como a la instituci¨®n que preside. Es por tanto el Tribunal Constitucional, m¨¢ximo ¨®rgano en materia de garant¨ªas constitucionales, quien a la postre recibe la campa?a de descalificaci¨®n continua de la que viene siendo objeto, que no hace sino dificultar su ya de por s¨ª compleja labor institucional, a?adiendo ingredientes desinformadores que buscan degradar la posici¨®n decisiva que en la consolidaci¨®n de las libertades democr¨¢ticas ha tenido en el pasado y debe seguir manteniendo en el futuro.

Y por eso mismo resulta inaceptable que la presidenta del Tribunal Constitucional sea atacada como lo est¨¢ siendo por supuestos creadores de opini¨®n que colaboran activamente en la erosi¨®n de las garant¨ªas democr¨¢ticas de este pa¨ªs, que se niegan a aceptar el resultado electoral para imponer sus posiciones antidemocr¨¢ticas, manifestando a la vez un censurable desprecio por la trayectoria de una persona de prestigio profesional y personal intachable de la que el Tribunal Constitucional se est¨¢ beneficiando de su conocimiento y reflexi¨®n reposada.

Nunca habr¨ªamos cre¨ªdo que EL PA?S iba a alinearse en ese campo de la infamia.- Antonio Baylos, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real) y 53 firmas m¨¢s.

En nuestra condici¨®n de cotidianos lectores del peri¨®dico de su direcci¨®n, las 38 personas que suscribimos esta carta, catedr¨¢ticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de distintas universidades espa?olas, nos creemos plenamente legitimados para alzar nuestra voz y expresarle nuestra profunda sorpresa, nuestra honda tristeza, nuestra intensa preocupaci¨®n y nuestra contenida irritaci¨®n por la forma y el contenido con que el d¨ªa 4 del presente mes el peri¨®dico de su digna direcci¨®n ha abordado el asunto de las escuchas telef¨®nicas de la presidenta del Tribunal Constitucional, Mar¨ªa Emilia Casas Baamonde.

Formalmente, nos parece incomprensible que un medio de acreditado prestigio se preste a llevar a su portada un tema que, desde que apareci¨® a la luz p¨²blica y sin sombra alguna de incertidumbre, ya portaba el sello de la banalidad informativa. Pero m¨¢s incomprensible nos parece, si cabe, que haya optado por aceptar el ¨®rdago de quienes, desde hace ya muchos meses, tienen como objetivo b¨¢sico y esencial no s¨®lo ni tanto desprestigiar a nuestra querida y respetada compa?era cuanto desestabilizar al propio Tribunal Constitucional.

Este ¨®rgano es el que, a la postre, est¨¢ en el punto de mira de esta campa?a de sistem¨¢tico descr¨¦dito, que no cumple otra finalidad que la de dificultar su ya de por s¨ª compleja labor institucional, degradando de ese modo y al tiempo la convivencia de nuestro entero orden civil democr¨¢tico.

Las descalificaciones que de manera tan injusta como torticera est¨¢ padeciendo la presidenta del Tribunal Constitucional nos resultan, en suma, doblemente inapropiadas.

De un lado, por cuanto ensombrecen sin el m¨¢s m¨ªnimo fundamento una brillante trayectoria profesional y un intachable comportamiento personal. De otro, por cuanto colaboran activamente en la erosi¨®n de las garant¨ªas democr¨¢ticas de nuestro pa¨ªs, dando voz a quienes desde hace a?os se niegan a aceptar las bases mismas sobre las que se asienta todo sistema de libertades p¨²blicas; a saber: a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos corresponde el indeclinable derecho de elegir a sus Gobiernos y, con ello, de decidir la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos.