S¨®lo cuatro capitales ofrecen plazas para condenados a trabajos sociales
Sevilla acumula m¨¢s de 700 condenados sin plazas donde redimir su pena
El nuevo C¨®digo Penal de 1995 incluy¨® como pena los llamados "trabajos en beneficio de la comunidad", ya recogidos con anterioridad (1992) en los procesos penales para menores. Recientemente, las reformas incluidas en materia de violencia de g¨¦nero, violencia dom¨¦stica, y seguridad vial, han multiplicado de manera espectacular el n¨²mero de ciudadanos condenados a este tipo de pena. Pues bien, el atasco en la administraci¨®n penitenciaria es digno de asombro.
En Andaluc¨ªa s¨®lo existen 1.410 plazas para cumplir estas condenas. Y s¨®lo cuatro capitales de provincia ofrecen a sus ciudadanos la posibilidad de redimir sus delitos o faltas en trabajos comunitarios.
En total son s¨®lo 75 las plazas que ofrecen las cuatro capitales -Almer¨ªa, C¨¢diz, Granada y Ja¨¦n- que tienen suscrito el convenio marco que en mayo de 1997 firm¨® la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ministerio del Interior para la realizaci¨®n de estos trabajos sociales. Curiosamente, las plazas convenidas por organizaciones sociales u ONG son 86, 11 m¨¢s que las que ofrecen en total todas las capitales.
En Instituciones Penitenciarias no dan abasto con la llegada de ciudadanos condenados que pretenden redimir cuanto antes su condena y que se encuentran con la imposibilidad de hacerlo por falta de plazas. Desde la instituci¨®n penitenciaria se destaca la funci¨®n social de este tipo de condena, el beneficio que reporta a la comunidad, y la ausencia de coste para los municipios, ya que los aseguramientos por el trabajo que desempe?en los penados son costeados por el Estado.
De los 770 municipios andaluces, s¨®lo 138 tienen suscritos convenios para ofertar plazas que permitan a sus ciudadanos resarcir de alguna manera a la sociedad sus delitos o faltas.
Desde Instituciones Penitenciarias que el perfil de los condenados a este tipo de trabajos sociales no acarrea peligrosidad social. Son individuos condenados por superar las tasas de alcoholemia mientras conduc¨ªan un veh¨ªculo, o carec¨ªan de permiso de circulaci¨®n, o por haber cometido alguna falta relacionada con la violencia de g¨¦nero.
Fuentes judiciales estiman que desde la entrada en vigor de los nuevos delitos penales en materia de seguridad vial las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad se han quintuplicados. Un estudio de Automovilistas Europeos Asociados cifra en 50.000 los ciudadanos espa?oles que anualmente ser¨ªan condenados a penas de prisi¨®n por incumplir las normas de tr¨¢fico.
Instancias judiciales y penitenciarias destacan la ignorancia o el desinter¨¦s de muchos municipios por ofertar plazas para el cumplimiento de estas condenas, que a la postre revertir¨ªan en la propia ciudadan¨ªa. Un estudio del Defensor del Pueblo de Catalu?a estima que el coste de un preso para el Estado es de 68 euros diarios, mientras que los trabajos sociales cuestan una media de 7 euros y reportan un beneficio a la sociedad de 18 euros por hora.
Sin carn¨¦ y sin autob¨²s
En la Plaza de Espa?a de Sevilla pronto se van a formar colas de condenados para intentar cumplir sus penas. Son m¨¢s 700 los ciudadanos que, en su mayor¨ªa por infracciones de tr¨¢fico, han sido condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y que ven imposible cumplirlas.
En Sevilla capital s¨®lo hay dos lugares donde cumplir esas condenas y una no es precisamente la capital. Los exteriores del Centro Penitenciario Sevilla II, en Mairena del Alcor, a 30 kil¨®metros de la capital, y en el Banco de Alimentos de Sevilla. El problema es que los aleda?os de Sevilla II s¨®lo pueden ocupar a 28 personas. Deben ser los exteriores m¨¢s limpios y mantenidos de cualquier c¨¢rcel del mundo. Y la asociaci¨®n Banco de Alimentos s¨®lo tiene convenidas cuatro plazas de lunes a viernes para realizar esos trabajos sociales.
El problema se agrava m¨¢s a¨²n en el caso de Sevilla II, un centro aislado del municipio de referencia (Mairena del Alcor) y al que no se puede llegar m¨¢s que con el autob¨²s previsto por Instituciones Penitenciarias para los familiares de los presos all¨ª recluidos. Los condenados por delitos contra la seguridad vial suelen tener restringida la capacidad de conducir, es decir, les suelen retirar el carn¨¦ de conducir con lo que tienen verdaderas dificultades para poder desplazarse hasta Sevilla II, cuyo autob¨²s est¨¢ saturado de viajeros y s¨®lo funciona s¨¢bados y domingos.
En el Ayuntamiento de Sevilla nada se sabe de esta cuesti¨®n, ni est¨¢ previsto suscribir el convenio marco al que desde 1995 pueden adherirse todos los municipios. Curiosamente, en la provincia 27 municipios menores ofrecen a sus ciudadanos un total de 135 plazas para redimir sus condenas.
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