M¨¦xico moderniza su sistema penal para combatir el crimen organizado

M¨¦xico dejar¨¢ atr¨¢s su obsoleto sistema judicial para dotarse de un modelo que pretende conciliar mayores garant¨ªas a los ciudadanos con un combate m¨¢s efectivo al crimen organizado. El decreto, firmado el martes por el presidente, Felipe Calder¨®n, incorpora el sistema penal acusatorio con juicios orales y procesos simplificados; instaura la presunci¨®n de inocencia y refuerza la audiencia p¨²blica. Al mismo tiempo, prorroga hasta 80 d¨ªas el plazo de detenci¨®n sin cargos para los sospechosos de narcotr¨¢fico y otorga competencias de investigaci¨®n en ese campo (hasta ahora s¨®lo federal) a las polic¨ªas locales.

Las v¨ªctimas podr¨¢n recibir asesor¨ªa jur¨ªdica y colaborar en la investigaci¨®n

"Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito", dijo Calder¨®n. "Lo que est¨¢ en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de los gobernantes, sino la seguridad y la integridad de los gobernados".

Se trata de una reforma hist¨®rica de la justicia mexicana, que a principios del siglo XX pas¨® del sistema inquisitorial a un sistema mixto. Actualmente, los casos criminales se instruyen en expedientes escritos sobre los que dictamina el juez, sin audiencias p¨²blicas. Con frecuencia, los acusados pasan a?os en prisi¨®n preventiva.

Con el sistema acusatorio se busca agilizar los juicios y que prevalezcan los principios de contradicci¨®n, concentraci¨®n, continuidad e inmediaci¨®n. El nuevo modelo, dijo Calder¨®n, permitir¨¢ "una justicia m¨¢s transparente y respetuosa de los derechos humanos".

La reforma se extiende al campo de la seguridad p¨²blica, con el ojo puesto en la lucha contra el narcotr¨¢fico, en la que se ha embarcado Calder¨®n desde su llegada al cargo, en diciembre de 2006. El decreto otorga facultades de investigaci¨®n a las distintas corporaciones policiales, que actuar¨¢n bajo la direcci¨®n de las fiscal¨ªas, y a las que se exige la depuraci¨®n de los elementos corruptos. La ley establece el concepto de delito "flagrante" y de "delincuencia organizada", crea centros especiales de reclusi¨®n para narcotraficantes y permite al Estado disponer de los bienes decomisados.

Adem¨¢s, las v¨ªctimas de los delitos tendr¨¢n derecho a asesor¨ªa jur¨ªdica, a mantener en secreto su identidad, a colaborar con las investigaciones y a exigir la reparaci¨®n del da?o.

Organizaciones como Human Rights Watch han calificado la reforma de "hist¨®rica", pero han expresado tambi¨¦n su preocupaci¨®n por la pr¨®rroga hasta 80 d¨ªas de la detenci¨®n sin cargos para los sospechosos de narcotr¨¢fico, plazo que consideran excesivo. Tambi¨¦n creen arriesgado dar mayores competencias a cuerpos policiales viciados por la corrupci¨®n.

La reforma, aprobada por el Congreso y la mayor¨ªa de los legislativos estatales, es una gran victoria para Felipe Calder¨®n, cuyos dos predecesores no hab¨ªan logrado el consenso necesario para sacarla adelante. El Estado tendr¨¢ hasta 2016 para cambiar toda la estructura de la justicia.