Lesa corrupci¨®n

?Ser¨¢ Estepona para la actual legislatura democr¨¢tica lo que Marbella supuso para la anterior?: el paradigma de la corrupci¨®n urban¨ªstica, hacia la que se desplazaron las irregularidades cometidas en la financiaci¨®n ilegal de los partidos pol¨ªticos de la d¨¦cada de los noventa. Lo que se sabe hasta ahora es que hay implicados dos docenas de funcionarios (entre ellos, el alcalde) y empresarios, acusados de delitos como prevaricaci¨®n, cohecho, malversaci¨®n de fondos o contra la ordenaci¨®n del territorio.

Uno de los defectos de nuestra democracia, seg¨²n se desprende del Informe sobre la democracia en Espa?a 2008, que edita la Fundaci¨®n Alternativas, es que el sistema institucional, compuesto de reglas y derechos, funciona bastante bien, y es en el comportamiento y en las pr¨¢cticas de los actores donde aflora la mayor parte de los problemas. Por ejemplo, parece que la libertad sindical est¨¢ garantizada en nuestro pa¨ªs, pero al mismo tiempo las empresas no respetan, en muchos casos, los derechos de los trabajadores.

Aunque ha habido sustanciales avances en la lucha contra la corrupci¨®n urban¨ªstica, el balance decepciona

Algo parecido sucede con la corrupci¨®n. Los ¨²ltimos a?os han sido proclives a establecer normas y actuaciones que la combatan: una nueva ley de financiaci¨®n de los partidos, la regulaci¨®n de los contratos del sector p¨²blico, la Ley del Suelo, la creaci¨®n de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscal¨ªas (bajo la coordinaci¨®n de un fiscal de sala que act¨²a como delegado del fiscal general) o la organizaci¨®n de una unidad contra los delitos urban¨ªsticos en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ello se a?ade el C¨®digo del Buen Gobierno, la ley de regulaci¨®n de los conflictos de intereses de altos cargos, la reorganizaci¨®n de la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n, etc¨¦tera.

Pues bien, a pesar de los avances, el balance todav¨ªa es decepcionante. No es porque las autoridades locales espa?olas sean m¨¢s corruptas moralmente que las de los pa¨ªses de nuestro entorno, sino que el marco en el que se lleva a cabo la pol¨ªtica urban¨ªstica en Espa?a genera formidables incentivos para la corrupci¨®n, entre otros, la enorme repercusi¨®n econ¨®mica de las decisiones p¨²blicas sobre los usos urban¨ªsticos (en general, en manos de las autoridades locales).

Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupci¨®n que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcci¨®n de la ¨²ltima d¨¦cada (hubo a?os en que Espa?a constru¨ªa m¨¢s viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiaci¨®n de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiaci¨®n de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez m¨¢s de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Esto ¨²ltimo cobra especial importancia si se confirma que parte del dinero de las comisiones ilegales pagadas por los constructores en Estepona financiaron al PSOE local.