La huerta como diorama

El Plan de Acci¨®n Territorial de la Huerta (PATH) llega tarde y de la mano de un Gobierno que ha venido ignorando deliberadamente el llamamiento realizado en el a?o 2000 por el Consell Valenci¨¤ de Cultura para utilizar los instrumentos legales para detener las agresiones a la huerta y su petici¨®n de creaci¨®n de un organismo supramunicipal e interinstitucional que elaborase e implementase un plan de protecci¨®n basado en el m¨¢ximo consenso social posible. Se trata de los mismos responsables pol¨ªticos que rechazaron debatir en las Cortes la Iniciativa Legislativa Popular para la protecci¨®n de la huerta avalada por m¨¢s de 117.000 firmas ciudadanas.

Es el Gobierno que sustituy¨® su inicial proyecto de Ley de Ordenaci¨®n del Territorio, aprobado en noviembre de 2002 en v¨ªsperas de unas elecciones, y que recog¨ªa una moratoria urban¨ªstica para nuevas reclasificaciones de suelo en el litoral y en la huerta, por una nueva ley, aprobada ya en junio de 2004, carente de moratoria alguna y cuyo incumplimiento ha facilitado la p¨¦rdida de miles de hect¨¢reas de suelo agr¨ªcola de especial valor. Un Gobierno que elude responder a las miles de alegaciones presentadas en 2006 a un Plan del Litoral que tambi¨¦n afecta de manera importante a la huerta.

El mism¨ªsimo se?or Camps que prometi¨® aprobar el Plan de la Huerta antes del final de 2006, respecto del que afirm¨® ya entonces que se encontraba redactado, y que favorece la desaparici¨®n de huerta de la partida de Vera en Alboraia, las urbanizaciones de El Puig, Nou Mil.leni, la reclasificaci¨®n de la huerta del Safranar en Torrent, Gran Manises, la ZAL en La Punta, Soci¨®polis y ampara la revisi¨®n del PGOU de Valencia, que prev¨¦ reclasificar 4.000.000 metros cuadrados m¨¢s de suelo agr¨ªcola, es quien pide ahora confianza y consenso para proteger la huerta.

Un PATH cuyo documento preliminar, al margen de la escasa credibilidad de las autoridades que lo impulsan, nace con carencias esenciales. De un lado, renuncia de partida a asumir una moratoria urgente que impida nuevas reclasificaciones de suelo agr¨ªcola mientras se debate el propio plan; en segundo lugar, la vocaci¨®n sectorial y fundamentalmente paisaj¨ªstica de las orientaciones que propugna, elude la complejidad y contradicciones inherentes a un ¨¢mbito antropizado, din¨¢mico y productivo, y las tensiones que la colisi¨®n de los diferentes usos e intereses imprimen al territorio. Evita as¨ª, intencionadamente, afrontar temas fundamentales como la ocupaci¨®n y usos del suelo, la ordenaci¨®n y control de los crecimientos urbanos, la movilidad metropolitana, etc.

El hipot¨¦tico Ente Gestor a que remite el plan carece de definici¨®n jur¨ªdica y sus desdibujadas funciones no incluyen aspectos b¨¢sicos de planificaci¨®n ni ordenaci¨®n, respondiendo a una visi¨®n id¨ªlica y voluntarista que parece confiar la viabilidad de sus decisiones a los buenos sentimientos de administraciones y agentes econ¨®micos y a la sensibilizaci¨®n de la ciudadan¨ªa, renunciando as¨ª a establecer una autoridad efectiva que garantice una planificaci¨®n y una gesti¨®n, elaboradas desde el consenso, pero desarrolladas mediante normas e instrumentos jur¨ªdicos que integren y coordinen de manera efectiva y vinculante a actores y pol¨ªticas concretas.

Por ¨²ltimo, el pretendido objetivo de reducir la huerta a 24 unidades de paisaje que integrar¨ªan 12.000 hect¨¢reas a las que se les atribuye un mayor valor visual o esc¨¦nico, constituye un pobre objetivo pol¨ªtico si consideramos que en los ocho ¨²ltimos a?os, intencionadamente perdidos por el Gobierno del Partido Popular, las actuaciones de transformaci¨®n urban¨ªstica de suelo agr¨ªcola en la comarca ascienden ya a m¨¢s de 12.648.000 metros cuadrados, acerca de cuya p¨¦rdida irreparable el se?or Camps no parece capaz de dar explicaci¨®n alguna a la ciudadan¨ªa.