Redada hipotecaria

Las autoridades estadounidenses parecen dispuestas a ajustar las cuentas civiles y penales con los responsables de la crisis hipotecaria del pa¨ªs que ha contaminado el sistema financiero internacional. M¨¢s de 300 personas han sido detenidas en una gran redada conjunta organizada por el servicio secreto, la agencia tributaria, la inspecci¨®n postal o los servicios de inmigraci¨®n. No sin cierto dramatismo po¨¦tico, esta gran operaci¨®n, que ha metido entre rejas a destacados gestores de fondos de Bear Stearns, se conoce como Hipoteca Maligna. La redada pretende acabar con los fraudes, malversaciones y timos en la recuperaci¨®n de embargos que han contribuido a hundir la confianza en los mercados de cr¨¦dito.

Sorprende el esfuerzo de organizaci¨®n desplegado para coordinar instituciones tan poderosas como la Administraci¨®n de Justicia o el FBI en la tarea de perseguir a m¨¢s de 400 presuntos delincuentes en casi todas las grandes ciudades del pa¨ªs. Este esfuerzo revela que las autoridades econ¨®micas y judiciales se toman muy en serio su obligaci¨®n de proteger los bienes y la credibilidad de los inversores del mercado inmobiliario.

Pero la moraleja principal de la gran redada es que ni los mercados de inversi¨®n ni los responsables de la justicia estadounidense est¨¢n dispuestos a archivar la crisis de las hipotecas subprime con el c¨®modo veredicto de que se trata de un fallo del sistema financiero. El fallo del sistema existe, por supuesto. Ni las hipotecas basura ni esc¨¢ndalos como el de Enron hubieran tenido consecuencias tan destructivas si los reguladores econ¨®micos hubiesen dispuesto de capacidad de supervisi¨®n bancaria y contable en consonancia con la libertad de maniobra en la generaci¨®n y manipulaci¨®n de activos financieros que tienen los bancos, las instituciones financieras y las empresas.

Adem¨¢s de ese fallo en el sistema, existen responsabilidades personales, de car¨¢cter civil y penal, que los responsables de la crisis tienen que satisfacer. Con independencia del resultado final de la investigaci¨®n, resulta un principio mod¨¦lico, muy recomendable para las econom¨ªas europeas, que las autoridades sienten en el banquillo a quienes han vulnerado la ley. Los fallos en la regulaci¨®n no pueden servir de pantalla de humo para los delitos, como ha sucedido con cierta frecuencia en los esc¨¢ndalos financieros detectados en Europa.