La Europa social, en franca retirada

La decisi¨®n mayoritaria del Consejo de la Uni¨®n Europea del pasado 9 de junio sobre la revisi¨®n de la directiva relativa al tiempo de trabajo no ha modificado el precepto b¨¢sico de que la duraci¨®n media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada periodo de siete d¨ªas. Pero al mantener la posibilidad de que por acuerdo individual entre el trabajador y el empresario se pueda superar dicho umbral, y al cifrar esa excepci¨®n en un tope de 65 horas a la semana, amenaza con vaciar de sustancia el l¨ªmite legal de la jornada de trabajo, debilitar y condicionar la negociaci¨®n colectiva y establecer un nuevo horizonte simb¨®lico para la duraci¨®n de la semana laboral.

Ante la continua p¨¦rdida de derechos, no es de extra?ar el poco entusiasmo europe¨ªsta

Urge la formaci¨®n de un bloque de pa¨ªses que defienda el modelo social europeo

El acuerdo del Consejo de la UE "britaniza" el derecho europeo del trabajo. El eslogan de Sarkozy, "trabajar m¨¢s para ganar m¨¢s", toma el relevo en Europa a la bandera sindical de "trabajar menos para trabajar todos". Todo un cambio de paradigma. Causa de enorme perplejidad y decepci¨®n para los que tienen en el mundo el modelo social europeo como referencia. Y una profunda incoherencia con el discurso a favor de la salud en el trabajo y de la conciliaci¨®n laboral y personal.

Lo peor es que ¨¦ste s¨®lo es un s¨ªntoma m¨¢s, que se a?ade a otros, en una Europa social que, en expresi¨®n del secretario general de la Confederaci¨®n Europea de Sindicatos (CES), John Monks, se "bate en retirada". Y cuya superaci¨®n depende b¨¢sicamente de un binomio de cuestiones hoy por hoy inexistente: un proyecto pol¨ªtico de Europa que prevalezca sobre las reglas econ¨®micas que rigen la vida comunitaria y una coalici¨®n de fuerzas capaz de llevarlo adelante.

La actual regulaci¨®n europea de la jornada semanal ya es muy flexible. Establece que el periodo obligatorio de descanso diario ser¨¢ de 11 horas y el semanal de 24, con lo que, en realidad, se pueden llegar a trabajar 78 horas a la semana. La vigente directiva permite, adem¨¢s, un descuelgue -opt-out- individual, pactado entre el trabajador y el empresario, del m¨¢ximo legal semanal. Y establece un "periodo de referencia" de cuatro meses durante el cual se pueden realizar m¨¢s de 48 horas de trabajo a la semana, mediante una "ordenaci¨®n irregular de la jornada" a lo largo de ese periodo, pactada en convenio.

Como consecuencia de todo ello, en el Reino Unido, principal valedor de los contenidos de la actual norma, cerca de cinco millones de personas trabajan m¨¢s de 48 horas a la semana, y algunos centenares de miles llegan a las 78 con cierta frecuencia

Para evitar los abusos a que ha dado lugar el opt-out se esperaba que la Comisi¨®n y el Consejo derogaran el descuelgue individual de la jornada m¨¢xima semanal o, al menos, establecieran un periodo transitorio al cabo del cual se procediera a su extinci¨®n. Que ampliaran los tiempos de descanso obligatorio, diario y semanal, y propusieran que la superaci¨®n del l¨ªmite m¨¢ximo de tiempo de trabajo semanal se acuerde exclusivamente por la v¨ªa de la negociaci¨®n colectiva. Y adaptaran la directiva a varias sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), cuyo contenido determina inequ¨ªvocamente que los tiempos de guardia forman parte del tiempo efectivo de trabajo. Pero no ha sido as¨ª. El acuerdo del Consejo sigue manteniendo la posibilidad de derogaci¨®n individual, aunque limitada por nuevos requisitos. En las guardias, se da carta de naturaleza a que los "tiempos inactivos" no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en contrario, y se establece la posibilidad, en uno de los supuestos sin acuerdo colectivo, de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la anualizaci¨®n de la jornada.

Todo ello implica una potencial amenaza para la duraci¨®n m¨¢xima legal de trabajo en cada Estado miembro y para la regulaci¨®n de las guardias de colectivos como m¨¦dicos, bomberos o cajeras de supermercado. Y de otros sectores laborales que, como los trabajadores m¨®viles del transporte por carretera, tienen reconocido, en otra directiva comunitaria, el tiempo "de atenci¨®n continuada" como tiempo de trabajo.

Es previsible que el opt-out brit¨¢nico se extienda a otros pa¨ªses, alimentando, de esa manera, el dumping social. Y que la negociaci¨®n colectiva sea marginada all¨¢ donde se pueda para as¨ª establecer periodos de referencia m¨¢s amplios y tiempos de trabajo semanales desmesurados. Como se est¨¢ intentando hacer ya en Francia, las 35 horas de trabajo semanal a tiempo completo pasar¨¢n al ba¨²l de los recuerdos y, en general, aumentar¨¢ la discrecionalidad empresarial para flexibilizar a¨²n m¨¢s la organizaci¨®n del tiempo de trabajo.

Es posible, y deseable, que, no obstante, el Parlamento Europeo (PE) elimine, en el procedimiento de segunda lectura, los elementos m¨¢s negativos de la propuesta consensuada en el Consejo. Pero salvo que se produzca una gran reacci¨®n social y pol¨ªtica en contra, no est¨¢ claro que ello termine sucediendo, sobre todo tras el cambio de posici¨®n de Francia e Italia. Y tampoco est¨¢ garantizado que, incluso si eso sucede, no termine acaeciendo lo que est¨¢ pasando tras la profunda modificaci¨®n que realiz¨® el PE del proyecto de la directiva "Bolkenstein": algunos de sus contenidos se est¨¢n intentando reintroducir de nuevo, al amparo de la revisi¨®n de la directiva de desplazamiento de trabajadores y de las sentencias del TJE.

La par¨¢lisis legislativa del ¨²ltimo decenio en el campo social, la creciente sustituci¨®n de los procedimientos obligatorios por los indicativos y voluntarios, el contenido regresivo de las propuestas que terminan aprob¨¢ndose, el dr¨¢stico endurecimiento de las pol¨ªticas migratorias, las recientes sentencias del TJE sobre los casos Laval, Viking y R¨¹ffert son algunas de las manifestaciones que indican que lo que est¨¢ sucediendo con la directiva de tiempo de trabajo no es un hecho aislado.

En realidad, estamos asistiendo a la erosi¨®n progresiva del modelo social europeo. Las citadas sentencias han confirmado la prevalencia, en el ordenamiento jur¨ªdico comunitario, de los derechos de establecimiento y de libre prestaci¨®n de servicios sobre los derechos fundamentales de negociaci¨®n colectiva y de huelga. De esta manera, se ha legitimado la competencia desleal realizada por empresas de unos Estados miembro en otros Estados miembro de la UE, al aplicar a sus trabajadores desplazados menores salarios y peores condiciones de trabajo que los que rigen en los pa¨ªses donde se localizaron esas empresas.

La pol¨ªtica social europea est¨¢ dejando de ser parte de la soluci¨®n para pasar a ser parte del problema. Por ello, la CES ha propuesto que se incluya en el Tratado de Lisboa un Protocolo de "progreso social" que asegure la prioridad de los derechos sociales fundamentales sobre las libertades econ¨®micas y las normas de competencia y evite que las directivas o reglamentos sociales europeos puedan, por la v¨ªa de la ley o del convenio, empeorar los est¨¢ndares nacionales. La pol¨ªtica social europea ha pasado de tener como norte, en los a?os 60 y 70, la "equiparaci¨®n en el progreso" a perseguir el establecimiento de "prescripciones m¨ªnimas" en los a?os 80 y 90, y, actualmente, a derivar hacia una especie de "competici¨®n entre modelos sociales nacionales". Un panorama que desgraciadamente no contribuye a aumentar el entusiasmo de los ciudadanos europeos hacia la construcci¨®n europea. Y que reclama con urgencia la reacci¨®n de un bloque de pa¨ªses que est¨¦n dispuestos a defender el modelo social europeo. El encadenamiento en los pr¨®ximos dos a?os de presidencias europeas en las que se van a suceder Francia, Suecia, Espa?a y B¨¦lgica puede ser una buena oportunidad para ello.

Jos¨¦ Mar¨ªa Zufiaur es consejero del Comit¨¦ Econ¨®mico y Social Europeo.