Una treintena de bares investigados en el 'Guateque' acumulan 1.294 denuncias

Han transcurrido siete meses desde que el juez Santiago Torres comenzara las actuaciones del caso Guateque, la mayor trama de corrupci¨®n conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Aunque parece que el asunto ha ca¨ªdo ya en el olvido, el procedimiento sigue su curso en el juzgado. Una t¨ªmida comisi¨®n de investigaci¨®n se encarg¨® de dar el carpetazo pol¨ªtico al asunto.

Algunos carec¨ªan de licencia de actividad, exced¨ªan el aforo o se pasaron del cierre

"Es injusto para los que cumplen la ley", se?ala el concejal ?scar Iglesias

Durante la investigaci¨®n judicial, que se sald¨® con 30 funcionarios y otros 20 empresarios investigados por conceder licencias a cambio de dinero, se revisaron 200 expedientes. Entre ellos, los de una treintena de bares y locales de ocio que acumulan 1.294 denuncias de la Polic¨ªa Municipal. Muchos carecen de licencia de apertura y recibieron orden de clausura o cierre temporal, pero a¨²n siguen abiertos. Es el caso, por ejemplo, de la discoteca Dink, en la calle de Amaniel, que recibi¨® 246 sanciones de la polic¨ªa. Nunca ha sido clausurada.

Responsables de la investigaci¨®n del caso ordenaron examinar el expediente de este local para comprobar por qu¨¦ sigue abierto, a pesar de tener una orden de clausura "sin que los servicios municipales de inspecci¨®n se hayan apercibido". Adem¨¢s, la Guardia Civil encontr¨® documentaci¨®n sobre este local en uno de los despachos de consultor¨ªa supuestamente implicados en la trama de corrupci¨®n.

La mayor¨ªa de estos establecimientos de ocio han sido investigados por estar relacionados con algunos de los despachos de consultor¨ªa que supuestamente hac¨ªan de intermediarios con funcionarios para agilizar las licencias. Los propietarios de las empresas Agustino Proyectos e Instalaciones y AC 93 fueron encarcelados por el juez Torres por intermediar entre t¨¦cnicos de la Concejal¨ªa de Medio Ambiente y propietarios de bares en la tramitaci¨®n de licencias.

Algunos de los locales de copas investigados acumulaban m¨¢s de 100 denuncias policiales. En su mayor¨ªa por carecer de permiso de actividad, sobrepasar la hora de cierre, exceder el aforo o realizar actividades diferentes de las permitidas en las solicitudes de licencia.

Es el caso del bar Archy, situado en la calle del Marqu¨¦s de Riscal, que no cuenta con licencia de apertura ni de funcionamiento. Por eso ha recibido 144 denuncias de la polic¨ªa entre 2005 y 2007. S¨®lo posee una licencia, caducada, de 1997. Hace dos a?os la polic¨ªa orden¨® precintarlo ante la acumulaci¨®n de denuncias, pero sigue sirviendo copas cada noche. A pesar de todas las denuncias, en Urbanismo no hay abierto ning¨²n expediente sancionador contra esta discoteca. Un portavoz de Archy coment¨® por tel¨¦fono que no hab¨ªan recibido ninguna multa.

Otro de los establecimientos investigados es el restaurante-discoteca MOMA, en la calle de Jos¨¦ Abascal. No tiene licencia de funcionamiento como discoteca, s¨®lo como restaurante, pero cada noche abre hasta las seis de la ma?ana. La polic¨ªa ha presentado 20 denuncias contra este local. La firma Agustino Proyectos realiz¨® el estudio de solicitud de licencia, que fue aprobado por la junta municipal de Chamber¨ª, pero los servicios jur¨ªdicos de la misma junta lo denegaron. El local cuenta con una orden de clausura por realizar actividades diferentes de las permitidas, pero sigue abierto. Un trabajador del local asegur¨® por tel¨¦fono a este peri¨®dico que ten¨ªan todos los permisos en regla.

El edil socialista ?scar Iglesias exige al Ayuntamiento que haga cumplir la ley y que investigue el motivo "por el que se levantan actas si luego no se ejecutan las sanciones". Iglesias asegura que "esta situaci¨®n provoca inseguridad jur¨ªdica f¨ªsica y es injusta para los que cumplen la ley y no conocen a alguien que les puede ayudar a agilizar los tr¨¢mites". Tambi¨¦n se?ala que existe malestar entre los polic¨ªas municipales, que se quejan porque su trabajo se pone en tela de juicio, ya que "se realizan inspecciones, se levantan actas y luego no se imponen las sanciones". Un portavoz municipal reconoce que la polic¨ªa "s¨®lo levanta las actas". Las sanciones las dictan las juntas de distrito. El mismo portavoz declin¨® hacer m¨¢s declaraciones sobre el tema.