Los directores de IES exigen garant¨ªas jur¨ªdicas al Consell para dar Ciudadan¨ªa

Los directores de instituto de la provincia de Valencia acordaron ayer, en un gesto ins¨®lito, exigir a la Generalitat que "firme por escrito una garant¨ªa jur¨ªdica de que impartir la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa en ingl¨¦s no vulnera el derecho de los usuarios a recibir esta asignatura en cualquiera de las dos lenguas oficiales reconocidas constitucionalmente". Asimismo, exigen "la misma garant¨ªa de que, al ofrecer la opci¨®n B de esta materia, no incumplen ninguna norma de rango superior". La orden valenciana -que est¨¢ pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva en 15 d¨ªas la suspensi¨®n cautelar solicitada por CC OO- permite a las familias objetoras no cursar la asignatura de forma presencial, tutelar el temario de sus hijos y adem¨¢s ser evaluados de forma distinta al resto de materias, lo que podr¨ªa vulnerar varios decretos. "Ante el conflicto normativo que plantea la orden, los directores tratan de proteger al profesorado de la posibilidad de que cualquier padre o madre pueda actuar jur¨ªdicamente contra nosotros para exigir sus derechos constitucionales", aclar¨®, al t¨¦rmino de la asamblea, Vicent Bagueto, de la Asociaci¨®n Profesional de Directores.

El consejero Alejandro Font de Mora respondi¨® al envite, de inmediato, reafirm¨¢ndose en su amenaza de sancionar al profesorado que se sume a la campa?a de "desobediencia civil" emprendida por numerosos claustros escolares. "No hay otra posibilidad de cumplir la ley m¨¢s que impartiendo la asignatura en ingl¨¦s".

El instituto p¨²blico Ballester Gozalbo de Valencia ratific¨® ayer, en un comunicado, la decisi¨®n acordada por el claustro el pasado 24 de junio de no dar la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa en ingl¨¦s, ni organizar la opci¨®n B de evaluaci¨®n "para no ser c¨®mplices de una medida injusta e ilegal, que no se ajusta a derecho". La direcci¨®n del centro reiter¨®, tras la asamblea de directores, que "el decreto de 2007 de la Generalitat establece que la consejer¨ªa podr¨¢ autorizar la implantaci¨®n de programas pluriling¨¹es previa solicitud del centro y tras incorporarlo a su proyecto educativo". Esta "condici¨®n" se recoge doblemente en la pol¨¦mica orden de Ciudadan¨ªa que "reconoce la necesidad de que el centro solicite el programa pluriling¨¹e".

Por tanto, la amenaza del consejero de Educaci¨®n, Alejandro Font de Mora, de sancionar "sin empleo y sueldo" a los docentes que consumen la llamada "desobediencia civil" no tiene sentido. Ni base jur¨ªdica, advierte la direcci¨®n del IES Ballester Gozalbo.

"El consejero est¨¢ en un Estado de derecho y lo ¨²nico que puede ordenar es a su director general de Personal la apertura de expedientes disciplinarios, que tendr¨¢ que cumplimentar un instructor y que, si ha lugar, concluir¨¢n con una sanci¨®n que al final si acaba en los tribunales ser¨¢n los jueces quienes sentencien si era correcta o no", puntualiz¨® en la misma direcci¨®n Luis Garc¨ªa Trapiello, experto en jurisprudencia del ¨¢rea educativa de CC OO.

"Desobediencia civil"

Tanto CC OO como el STEPV han dado "instrucciones" a las juntas directivas y a sus claustros para que "apliquen en sentido literal la legalidad del decreto de la Generalitat 2007". Y Vicent Mauri, del STEPV, defendi¨® "el acuerdo [de ayer] de los directores de Secundaria de animar a los centros a impartir la asignatura de Ciudadan¨ªa en su opci¨®n A -la curricular- y en valenciano o castellano".

"Son decenas los claustros que se han pronunciado ya. Y esta oleada de desobediencia civil del profesorado y los centros est¨¢ poniendo muy nervioso al consejero, que no ve otra opci¨®n m¨¢s que la de amenazar", remat¨® Mauri, que a?adi¨®: "El consejero no se atreve a dar las garant¨ªas jur¨ªdicas y por escrito de que la aplicaci¨®n de su orden no vulnera ninguna norma superior, pero s¨ª env¨ªa a la inspecci¨®n a dar instrucciones a los centros para que asignen al profesorado, con independencia de que sepan o no ingl¨¦s".