Los derechos pol¨ªticos de los inmigrantes

Es dif¨ªcil aceptar que en democracias como las europeas haya millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que pagan sus impuestos y cotizaciones pero no pueden ejercer el derecho que m¨¢s integra en una sociedad, el m¨¢s importante y decisivo: el derecho al voto. Y precisamente es ah¨ª donde est¨¢ la frontera de extensi¨®n de derechos que los europeos tenemos que traspasar en este comienzo del nuevo siglo: ofrecer un marco de derechos y garant¨ªas iguales para todos.

En nuestro pa¨ªs el reciente debate medi¨¢tico, al focalizar la atenci¨®n sobre la directiva del retorno, ha obviado lo anterior. Algunos titulares de prensa y art¨ªculos de opini¨®n han distorsionado el contenido y los objetivos de esa directiva, generando alarma sobre un supuesto endurecimiento de las condiciones de expulsi¨®n de los inmigrantes. Se ha llegado a afirmar que se podr¨ªa deportar a los menores sin protecci¨®n, o realizar expulsiones masivas. Nada m¨¢s lejos de la realidad. Ning¨²n inmigrante en situaci¨®n irregular, repito, ninguno, va a ser expulsado como consecuencia de esa directiva, que lo ¨²nico que hace es imponer unas garant¨ªas a las legislaciones de los Estados miembros que no las tienen. Ning¨²n inmigrante va a ver empeorada su situaci¨®n. En cambio, muchos tendr¨¢n una protecci¨®n con la que no contaban.

Millones de personas trabajan legalmente y pagan impuestos en la Uni¨®n Europea, pero no pueden votar

El problema no lo tenemos en Europa con esa directiva, que es un avance, no un retroceso. El verdadero debate es otro: c¨®mo gobernar inteligentemente una convulsi¨®n demogr¨¢fica que constituye, sin lugar a dudas, uno de los fen¨®menos m¨¢s complejos de nuestro presente. Hoy, en Espa?a, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, los cinco grandes de la Uni¨®n Europea, el porcentaje de la poblaci¨®n extranjera supone m¨¢s del 10% del total, y ello con car¨¢cter estable y tendencia creciente. Asombrosamente, las legislaciones no est¨¢n todav¨ªa preparadas para la transformaci¨®n que implica asegurar la convivencia de millones de personas de diferentes nacionalidades, razas, lenguas, religiones, culturas y tradiciones. Por eso, el reto democr¨¢tico m¨¢s importante pasa por garantizar a los residentes no comunitarios una serie de derechos iguales a los que tienen los nacionales de los Estados de la UE.

La falta de un marco legal com¨²n europeo conduce a que la tendencia m¨¢s f¨¢cil sea la de endurecer las barreras de entrada, y liberalizar los procedimientos de salida de los inmigrantes en situaci¨®n no regular. Esta din¨¢mica es especialmente perversa para quienes, como Espa?a, tienen la legislaci¨®n m¨¢s garantista y respetuosa con los derechos de los inmigrantes. Por eso, la soluci¨®n pasa por crear una pol¨ªtica en la UE basada en las m¨¢ximas garant¨ªas y derechos de los inmigrantes, ofreci¨¦ndoles un estatuto lo m¨¢s aproximado posible al de la ciudadan¨ªa de la Uni¨®n.

Esta pol¨ªtica com¨²n es la que el Gobierno espa?ol ha impulsado en la Uni¨®n Europea desde la ya c¨¦lebre cumbre informal de Hampton Court en 2005. Su objetivo prioritario es consensuar una acci¨®n com¨²n para la inmigraci¨®n regular, que representa la inmensa mayor¨ªa de los inmigrantes en Europa. No nos confundamos, el problema no lo tenemos con la directiva de retorno. Nuestro gran reto es garantizar a los residentes no comunitarios una serie de derechos iguales a los que tienen los nacionales de los pa¨ªses comunitarios. Derechos que ya deber¨¢n ser reconocidos desde el momento en que entre en vigor la Carta de Derechos Fundamentales que el Tratado de Lisboa establece por primera vez en la UE.

Los derechos y libertades de esta Carta ser¨¢n aplicables a nacionales y a extranjeros. Ser¨¢n aplicables por igual todos los derechos.... salvo los pol¨ªticos o de ciudadan¨ªa, que en la Carta quedan garantizados para los ciudadanos comunitarios. Y aqu¨ª debe de estar nuestra ambici¨®n inmediata: asegurar que ese 10% de personas, inmigrantes que viven, trabajan y residen legalmente entre nosotros puedan votar y elegir a sus representantes pol¨ªticos, al menos en elecciones municipales y al Parlamento Europeo como la propia instituci¨®n ha propuesto. ?ste es el verdadero debate. As¨ª lo proclamamos los socialistas espa?oles ya en septiembre de 2002, proponiendo en la convenci¨®n que elabor¨® la Constituci¨®n Europea el voto para los residentes legales no comunitarios en las elecciones municipales y europeas, o en marzo de 2006 con una proposici¨®n no de ley para avanzar en esa direcci¨®n.

El desaf¨ªo de los Estados europeos en el siglo XXI es integrar y ofrecer un marco legal de derechos a una creciente diversidad, y hacerlo en democracias pensadas para la homogeneidad.

Es verdad que hay otros desaf¨ªos como el cambio clim¨¢tico, el aumento de los precios de los alimentos y del petr¨®leo, la sustituci¨®n de las fuentes de energ¨ªa por otras m¨¢s sostenibles, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado o las nuevas formas de gobernanza global. Pero ninguno de un calado tan profundo como la inmigraci¨®n porque se trata de personas, con nombres y apellidos, con derechos y libertades, como se nos llena la boca de proclamar a los dem¨®cratas europeos. Es hora pues de afrontar con coraje el debate sobre los derechos de los inmigrantes.

Diego L¨®pez Garrido es secretario de Estado para la Uni¨®n Europea.