Estado aconfesional s¨®lo a medias

"Ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal", dice el art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n de 1978, antes de ordenar a los poderes p¨²blicos que mantengan "las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones". Treinta a?os despu¨¦s, la realidad es que el Ministerio de Hacienda ingresa cada mes en una cuenta de la Conferencia Episcopal los salarios para obispos y sacerdotes (en 2008, 153,1 millones de euros, un 34% m¨¢s que el a?o anterior); paga a 15.000 profesores para que ense?en religi¨®n y moral cat¨®licas en la escuela p¨²blica; mantiene a un millar de capellanes en c¨¢rceles, hospitales y cuarteles, en este ¨²ltimo caso al mando de un obispo con grado de general de divisi¨®n, y subvenciona con unos 4.000 millones las actividades educativas, de caridad y de asistencia social cat¨®licas. En cambio, las otras confesiones de notorio arraigo en Espa?a, el islam, los protestantes, los jud¨ªos, que suman m¨¢s de tres millones de fieles, se repartieron apenas tres millones el a?o pasado, con la condici¨®n de no gastarlo en culto o clero.

Otro s¨ªmbolo de confesionalidad es la celebraci¨®n de funerales cat¨®licos llamados de Estado y la presencia institucional de autoridades en procesiones o actos religiosos festivos. Incluso la reciente promesa de sus cargos ante el Rey por el presidente y los ministros socialistas se hizo ante la Biblia y un crucifijo. Ocurri¨® en el palacio de la Zarzuela. Ning¨²n otro alto cargo del Estado -presidentes y consejeros auton¨®micos, alcaldes y concejales, delegados del Gobierno- pasa por ese trance en el resto de Espa?a.