Juramentos y promesas

Siempre me ha llamado la atenci¨®n que, pese a que la Constituci¨®n lleva m¨¢s de 30 a?os en vigor, todos los altos cargos del Estado, comunidades aut¨®nomas, provincias y municipios, tomen posesi¨®n de sus cargos y puedan poner por testigo a Dios de su compromiso de cumplir las leyes y precepto constitucionales. No es muy entendible ya que, al margen de la mayor o menor fuerza del juramento o promesa, lo que tal elecci¨®n muestra es que, desde el mismo momento de la elecci¨®n entre realizar la f¨®rmula de compromiso optando entre Constituci¨®n y Biblia m¨¢s crucifijo, se estaba incumpliendo de alguna manera la propia Constituci¨®n.

Si la Constituci¨®n en su art¨ªculo 16.3 declara que ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter de estatal, y en todos sus actos se encuentra presente la Biblia se est¨¢ diciendo con esta conducta que hay una realidad formal y una realidad material, cual es que la Iglesia cat¨®lica sigue influyendo, o puede influir, no en los ciudadanos individualmente considerados, sino en los poderes p¨²blicos. Y no s¨®lo esto, sino que su mantenimiento, de una parte, puede interpretarse en el sentido que se conserva esta pr¨¢ctica en memoria del antiguo r¨¦gimen; de otra que el Estado hace apolog¨ªa de un determinado credo.

Una visi¨®n que da?a un sistema pol¨ªtico que se basa en el pluralismo, la libertad ideol¨®gica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado y en el que estos actos de preferencia de un determinado credo lo erosionan en alguna manera. Y no es una cuesti¨®n que carezca de importancia. La misma elecci¨®n entre jurar o prometer ante el crucifijo o ante la Constituci¨®n est¨¢ marcando una elecci¨®n o, al menos, est¨¢ introduciendo un elemento que puede permitir una cierta confusi¨®n.

No se puede desconocer que en la realidad espa?ola, y a los hechos m¨¢s recientes me remito, la Iglesia oficial est¨¢ anclada en el pasado, en contra de todos los avances sociales. Decisiones pol¨ªticas y leyes como el divorcio, el testamento vital, cuidados paliativos, la ense?anza de derechos humanos en las escuelas y algunas pr¨¢cticas higi¨¦nicas que cualquier cat¨®lico hoy emplea, como es el uso del preservativo, son objeto de una pol¨ªtica eclesi¨¢stica activa. Da la impresi¨®n de que, con o sin leyes, mantienen un privilegio que les permite hacer de su sotana un sayo.

Recuerdo, y de esto hace ya algunos a?os, reci¨¦n entrada en vigor la ley de Divorcio, que un juez que trabajaba en Andaluc¨ªa conoci¨® de un divorcio. Dict¨® sentencia y dijo que: "Lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar". Aquel juez, como hoy algunos otros y los hay bastante famosos confund¨ªa el divorcio civil con el can¨®nico. No es algo, pues, que la retirada de s¨ªmbolos religiosos de los actos de toma de posesi¨®n sea una cuesti¨®n menor. Es una cuesti¨®n que afecta a la propia credibilidad del Estado y a su independencia, pues no lo es, o lo es menos, si no mantiene su neutralidad con cualquier sistema u organizaci¨®n religiosa. Tal vez, y as¨ª lo entiendo, sea uno de los mayores logros del 37? Congreso del PSOE que acaba de concluir. Su compromiso con abordar una retirada de la confesionalidad que se manifiesta en actos y lugares p¨²blicos y que, si el compromiso es completo, deber¨¢ extenderse a algunas leyes en las que perviven y conviven juramentos y promesas en esta sociedad aconfesional.

En cualquier caso a Andaluc¨ªa, si las leyes por fin se sancionan y publican, le queda una tarea. Los llamados Obispos del Sur no la van a poner f¨¢cil. La abundancia de privilegios y el pensar que son inmunes ante las leyes, como ha pretendido hacer ver el de Granada en m¨¢s de una ocasi¨®n, as¨ª lo hacen presumir. Claro que, a lo mejor, todo es m¨¢s sencillo. S¨®lo basta con que saber que una cosa es su derecho a expresarse libremente como cualquier ciudadano u organizaci¨®n; otra hacernos comulgar con ruedas de molino y no cumplir e invitar a hacerlo con las leyes del Estado.