La hora de la pol¨¦mica

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha requerido al Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat para que aplique un decreto del Gobierno central, aprobado en 2006, sobre las horas que deben dedicarse a la ense?anza del castellano. El Tribunal respond¨ªa as¨ª a la demanda de una asociaci¨®n que solicit¨® la suspensi¨®n cautelar de un decreto del Gobierno catal¨¢n que establece un horario m¨¢s reducido, y que, en la pr¨¢ctica, limita a dos las horas de ense?anza del castellano, cuando, seg¨²n el decreto del Gobierno central, deber¨ªan ser tres por semana. La cuesti¨®n jur¨ªdica se ha visto complicada por el hecho de que el TSJC no ha accedido a la suspensi¨®n cautelar del decreto catal¨¢n -algo que la Generalitat ha interpretado como un aval a su norma-, aunque ha instado a introducir la tercera hora a partir del pr¨®ximo curso. Entretanto, la Generalitat, que no ha recurrido el auto, se dispone a aprobar una ley de educaci¨®n que, seg¨²n afirma, blindar¨¢ su competencia.

No es seguro que abordar esta enrevesada partida judicial desde la perspectiva de la defensa de la lengua, sublimando el debate sobre la unidad de Espa?a que se pretende mantener abierto desde sectores antag¨®nicos, resulte m¨¢s clarificador que hacerlo desde el punto de vista del estricto funcionamiento de las instituciones. La respuesta de la Generalitat ha venido forzada por la posici¨®n de ERC, que amenaza con romper el Gobierno tripartito si ¨¦ste acata el auto del Tribunal. Ante esta amenaza, cuyo fondo comparte CiU, habr¨ªa que preguntarse si un partido que exige deso¨ªr desde el Poder Ejecutivo las decisiones del judicial est¨¢ capacitado para formar parte de un Gobierno. Y mucho m¨¢s cuando el procedimiento que sugiere no es otro, en realidad, que disfrazar una norma de tanta trascendencia como la futura ley de educaci¨®n catalana con un mecanismo jur¨ªdico ad hoc para sortear las decisiones de los jueces y, de paso, forzar a su favor las relaciones entre el sistema central y el auton¨®mico.

El argumento de que se hace en defensa de la lengua catalana no es de recibo, y basta comprobar las reacciones pol¨ªticas que ha provocado. Pero es que, adem¨¢s, resulta desproporcionado y rid¨ªculo considerar que el futuro del catal¨¢n se juega en que sean dos, y no tres, las horas que se consagren al castellano en los planes de educaci¨®n en Catalu?a. Si alg¨²n futuro se pone en riesgo con este numantinismo de bajos vuelos es el del normal funcionamiento de las instituciones.

De ah¨ª que el presidente Montilla est¨¦ obligado a imponer su autoridad, no para resolver ninguna pol¨¦mica ling¨¹¨ªstica (y menos a¨²n de esencias), sino para que las decisiones de la Generalitat se ajusten a los procedimientos constitucionales. Si su Gobierno estima que deben ser dos y no tres las horas de castellano, dispone de instrumentos legales para defenderlo. Lo ¨²nico que le est¨¢ vedado es abusar de la posici¨®n del Ejecutivo para desatender los autos de un tribunal.