Callejero humillante

Al C¨®digo Penal no se le puede ni se le deber¨ªa pedir cosas que no puede dar: que considere delictiva una conducta que no lo era en su momento o que encause como autor de un delito a alguien que no lo es. ?ste es el argumento b¨¢sico que ha llevado al pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional a declarar exentas de responsabilidad penal las decisiones de poner nombres de etarras a calles y plazas en algunos municipios vascos con anterioridad al a?o 2000.

Pocas dudas caben de que dedicar espacios p¨²blicos a quienes cometen atentados y se dedican al asesinato pol¨ªtico constituye una muestra inequ¨ªvoca de enaltecimiento del terrorismo. El problema surge cuando esas decisiones no constitu¨ªan ese tipo de delito -no lo eran hasta la reforma del C¨®digo Penal del a?o 2000- y a ra¨ªz de las querellas presentadas para perseguir a sus autores, sobre las que no hab¨ªa una posici¨®n un¨¢nime y clara entre los jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional.

El criterio fijado por los 17 magistrados de la Sala Penal de este tribunal es que no se puede perseguir penalmente a las corporaciones que a finales de los a?os setenta y en la d¨¦cada de los ochenta acordaron poner nombre de etarras a calles y plazas, por no constituir delito entonces, ni tampoco a las actuales, porque una actuaci¨®n por mera omisi¨®n s¨®lo es delito si est¨¢ expl¨ªcitamente establecido en la norma (es el caso, por ejemplo, de la omisi¨®n del deber de socorro por quien causa un accidente de tr¨¢fico). Son principios b¨¢sicos del derecho penal que ning¨²n tribunal puede saltarse a la torera y que deber¨ªan tener en cuenta quienes en la batalla contra el terrorismo tienden a hacer un uso desmedido de la v¨ªa penal, aprovechando la facilidad que les brinda la acci¨®n popular. Su exceso de celo suele tornarse en frustraci¨®n, favoreciendo la creaci¨®n de estados de opini¨®n que se traducen en furibundos e injustos ataques al tribunal que desatiende sus pretensiones. En este caso lo son porque la propia Audiencia Nacional reconoce el car¨¢cter antijur¨ªdico de mantener calles con nombres etarras y apunta la posibilidad de actuar por otras v¨ªas, incluso la penal, si se produjera un "comportamiento activo", y no s¨®lo omisivo, por parte de las actuales corporaciones en el mantenimiento de la situaci¨®n heredada.

El callejero etarra escenifica, adem¨¢s de una agresi¨®n al recto sentir ciudadano, una permanente humillaci¨®n a las v¨ªctimas de ETA a la que debe ponerse fin. En primer lugar, articulando esas v¨ªas a las que se refiere la Audiencia Nacional y que, seg¨²n se?al¨® ayer Zapatero, estudia la Abogac¨ªa del Estado para evitar que "un asesino, un miembro de ETA, tenga ning¨²n espacio de exaltaci¨®n". La iniciativa pol¨ªtica de los partidos democr¨¢ticos vascos es esencial. Ellos deben forzar situaciones que deriven en la impugnaci¨®n por la v¨ªa de lo contencioso-administrativo, sin excluir el recurso a una acci¨®n penal, si llega y es posible el caso.