Con el dinero de todos

Hace m¨¢s de 10 a?os que el PP, en pleno aznarismo y con el exclusivo apoyo de los comunistas, dio a luz una ley en las Cortes que establec¨ªa las retransmisiones de la Liga como de inter¨¦s general y obligaba a la emisi¨®n en abierto de un partido cada semana. Desde entonces, las guerras en torno al f¨²tbol televisado han sido frecuentes, y constante la involucraci¨®n en ellas de los diversos Gobiernos aut¨®nomos y del Gobierno central, independientemente de qui¨¦nes sean sus titulares y del color del partido pol¨ªtico de turno.

El clientelismo electoral, cuando no el trato de favor a los amigos de los poderosos, ha sido la norma que socialistas y populares han seguido preferentemente en estos casos. La ley, que no sirvi¨® para resolver los problemas financieros del deporte rey, y contra la que se pronunci¨® el PSOE en su d¨ªa, sigue vigente al amparo del actual Gobierno. El viernes, un nuevo episodio protagonizado por las televisiones p¨²blicas de este pa¨ªs, la del Estado y las auton¨®micas (clones de TVE en gastar sin mesura, como muestra el reportaje que hoy publica este peri¨®dico), ha servido para poner de relieve una vez m¨¢s la vulnerabilidad de la actual estructura del sistema audiovisual p¨²blico, sustentado por los impuestos del ciudadano.

La puja al alza de TVE y la FORTA por los derechos de la Champions League es un nuevo s¨ªmbolo del despilfarro y la competencia desleal a que nos tienen acostumbrados estos organismos. La ¨²nica realidad es que en plena crisis econ¨®mica y cuando todav¨ªa se discute sobre la nueva financiaci¨®n auton¨®mica y la sostenibilidad de la protecci¨®n social de los ciudadanos, las televisiones p¨²blicas, con TVE al frente, se dedican a competir con las privadas mediante ayudas del Estado.

Lo hacen no s¨®lo encareciendo el mercado de derechos de todo tipo, sino abaratando tambi¨¦n las tarifas publicitarias, con pr¨¢cticas muy parecidas al dumping, en perjuicio siempre de los operadores privados. El hecho de que en el caso de la Champions la operaci¨®n se haya llevado a cabo nuevamente en combinaci¨®n con los due?os de la cadena de los amigos de La Moncloa, que se han hecho con los derechos de pago cuando no gestionan ninguna operaci¨®n de este g¨¦nero, arroja mayores preocupaciones sobre el tema. M¨¢xime si se tiene en cuenta que responsables de ese grupo hacen frente en la actualidad a varias querellas por pirater¨ªa, precisamente por su manejo en el tema de los derechos televisivos del f¨²tbol. La normativa vigente de la Televisi¨®n Digital Terrestre (TDT) proh¨ªbe expresamente la televisi¨®n de pago a trav¨¦s del sistema, y estar¨ªa bien que Mediapro explique a la opini¨®n p¨²blica por d¨®nde va a emitir los partidos de la Champions que ha adquirido, o si jugar¨¢ s¨®lo un papel de intermediario que no har¨ªa sino inflar nuevamente de manera artificial -y con la complicidad de las televisiones p¨²blicas- el precio de los derechos.

Repetidas veces hemos defendido la necesidad de mantener un modelo de televisi¨®n p¨²blica, estatal y auton¨®mica, que sirva a los intereses comunes y juegue un papel institucional. Nada de eso existe. A cambio hemos padecido la manipulaci¨®n informativa, a derecha e izquierda, y ahora vemos a todos los subvencionados del Estado aliarse en espuria competencia contra la libre iniciativa. El presidente del Ente P¨²blico, Luis Fern¨¢ndez, ha dicho que ¨¦sta es una operaci¨®n rentable. Su palabra no es suficiente. Fern¨¢ndez no est¨¢ al frente de una empresa privada, aunque ¨¦l no parezca consciente de ello: los contribuyentes espa?oles tienen derecho a una informaci¨®n puntual sobre el coste de esta inversi¨®n multimillonaria y los gastos y comisiones de intermediaci¨®n que se hayan generado. En plena amenaza de recesi¨®n econ¨®mica y cuando se regatean los dineros para la sanidad y la escuela p¨²blica, se trata de un obligado ejercicio de transparencia.