Zapatero y Rajoy dan por hecho que el 23 cerrar¨¢n el pacto de la justicia

PSOE y PP dan por hecho que el d¨ªa 23 Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy cerrar¨¢n un acuerdo sobre la justicia. Ambos partidos negocian contrarreloj para cerrar el que ser¨ªa el primer pacto de Estado de la legislatura.

Ya han avanzado notablemente en el pacto global de la Justicia al que el PP condiciona el acuerdo para la renovaci¨®n total del Consejo General del Poder Judicial y parcial del Tribunal Constitucional. Ser¨¢ un cat¨¢logo de reformas legales que han negociado en los dos ¨²ltimos meses en m¨²ltiples reuniones y contactos y con varios intercambios de documentos los portavoces Jos¨¦ Antonio Alonso y Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa; el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, y Federico Trillo. Este ¨²ltimo sustituy¨® a Ignacio Astarloa como negociador tras el congreso del PP.

Con distinto nivel de concreci¨®n, hay un bloque en el que est¨¢n pr¨¢cticamente de acuerdo que se refiere gen¨¦ricamente a las medidas de modernizaci¨®n de la justicia y otro sobre reforma del C¨®digo Penal. No obstante, hay a¨²n tres propuestas socialistas que el PP asegura que no aceptar¨¢ y que quiere sacar del pacto. Son las de descentralizaci¨®n de la justicia, el papel del fiscal en el proceso penal y las de un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial.

Las de modernizaci¨®n afectan a la gesti¨®n de los juzgados, para hacerla m¨¢s eficaz y dotar de m¨¢s competencias a los secretarios. Las del C¨®digo Penal se refieren, sobre todo, a la pederastia y al terrorismo. Se tipificar¨¢ como delito espec¨ªfico la conducta del cliente de prostituci¨®n infantil y se elevar¨¢ la pena por pederastia, hasta equipararla casi a delitos de terrorismo.

No obstante, el PP no acepta la descentralizaci¨®n de la justicia, tal y como se establece en el Estatuto de Catalu?a. Se concreta en la creaci¨®n de los consejos auton¨®micos con competencias del Consejo General del Poder Judicial y en la cesi¨®n de atribuciones del Supremo a los tribunales superiores, hasta dejar reducido al primero a la resoluci¨®n de recursos de unificaci¨®n de doctrina. El PP recurri¨® estos preceptos incluidos en el Estatuto catal¨¢n y ahora asegura que hay que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva y, por tanto, sacarlos del pacto. El argumento de respuesta del PSOE es que el PP copi¨® literalmente en el Estatuto de Andaluc¨ªa art¨ªculos que en el recurso que redact¨® Federico Trillo contra el de Catalu?a eran tachados de inconstitucionales.

Otro desacuerdo es el del papel del fiscal como instructor en los procesos penales. Justicia ha barajado otras f¨®rmulas para el acuerdo como la de exigir que todas las medidas cautelares que decidan los jueces de instrucci¨®n deben ser previamente pedidas por las partes, sin posibilidad de que se act¨²e de oficio. El tercer punto del programa legislativo del PSOE que rechaza el PP es el del acceso a la carrera judicial, complementando el modelo de oposiciones con otro similar al MIR de los m¨¦dicos.

En la renovaci¨®n del Poder Judicial los dos coinciden en que la fecha l¨ªmite es el 17 de septiembre, d¨ªa de la apertura del a?o judicial. El acuerdo se pondr¨ªa en marcha a principios de septiembre con la designaci¨®n de los vocales, su comparecencia en la Comisi¨®n de Nombramientos de las Cortes y su votaci¨®n en el Pleno. La de cuatro magistrados del Constitucional no se podr¨¢ culminar hasta octubre y depende de la inminente resoluci¨®n del recurso del PP contra la reforma del Reglamento del Senado.