Ch¨¢vez acorrala a la oposici¨®n

La campa?a electoral venezolana se ha recalentado cuando a¨²n faltan m¨¢s de cuatro meses para los comicios locales. La causa es la controversia jur¨ªdica y pol¨ªtica sobre los candidatos inhabilitados por decisi¨®n de la Contralor¨ªa General, la inspecci¨®n de la Administraci¨®n p¨²blica. Se trata de personas que desean presentarse a las elecciones para alguna de las 23 gobernaciones de Estado o de las 350 alcald¨ªas, pero que no podr¨¢n postularse porque han sido sancionadas por presuntas irregularidades administrativas.

La lista de inhabilitados llega a 271 personas. En ella hay militantes de partidos oficiales, pero en su mayor¨ªa son opositores. Destacan, por razones obvias, varias destacadas figuras de partidos rivales del Gobierno, como el ex gobernador de Miranda Enrique Mendoza, y el alcalde del municipio caraque?o de Chacao, Leopoldo L¨®pez. ?ste ¨²ltimo es candidato a la alcald¨ªa metropolitana de Caracas y, seg¨²n diversos sondeos, tiene las mayores posibilidades de ganar.

Los casos, en su mayor¨ªa, se refieren a uso indebido de fondos p¨²blicos. A L¨®pez, concretamente, se le sancion¨® porque siendo trabajador de Petr¨®leos de Venezuela, recibi¨® en 1998 una donaci¨®n de 60 millones de bol¨ªvares (17.700 euros). Como agravante, la persona que le otorg¨® el dinero fue su madre, Leonor Mendoza de L¨®pez, a la saz¨®n gerente de Asuntos P¨²blicos de la petrolera estatal.

La lista de la Contralor¨ªa lleg¨® a tener 368 nombres, pero ha sido depurada porque se retiraron aquellos que ya cumplieron el per¨ªodo de inhabilitaci¨®n. De ese n¨²mero original, 103 eran funcionarios electos por votaci¨®n popular que militan en partidos opositores.

Los afectados alegan que la Contralor¨ªa s¨®lo impone sanciones administrativas, y que para perder el derecho pol¨ªtico a ser elegido para un cargo p¨²blico, debe existir una condena firme por parte de un tribunal penal.

Sus argumentos tienen s¨®lida base jur¨ªdica. El art¨ªculo 65 de la Constituci¨®n dice que no podr¨¢n postularse para cargos p¨²blicos quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El contralor, Clodosbaldo Russi¨¢n, por su parte, dice que la Ley de la Contralor¨ªa le faculta para impedir que una persona sancionada ejerza un cargo p¨²blico. De hecho, los funcionarios no electos que han sido inhabilitados fueron forzados a renunciar. Entre las figuras del Gobierno nacional inhabilitadas se cuenta la ex viceministra de Relaciones Exteriores para Am¨¦rica del Norte, Maripili Hern¨¢ndez, quien fue apartada de su cargo.

Varios de los afectados recurrieron ante el Tribunal Supremo para demandar la nulidad parcial de la Ley de la Contralor¨ªa. Sostienen que es el electorado quien debe decidir. La pugna est¨¢ centrada ahora en el Alto Tribunal.

Los portavoces de la oposici¨®n afirman que detr¨¢s del contralor Russi¨¢n y de varios jueces del Supremo est¨¢n las ¨®rdenes del presidente, Hugo Ch¨¢vez. El ex candidato presidencial Manuel Rosales, jefe del principal partido opositor, Un Nuevo Tiempo, ret¨® el pasado s¨¢bado al mandatario a asumir p¨²blicamente la responsabilidad de la medida. "El cobarde Ch¨¢vez debe decirle al pa¨ªs que ¨¦l fue quien orden¨® inhabilitar a toda esa gente", afirm¨®.

Ch¨¢vez dio un espaldarazo a las disposiciones del contralor en junio pasado, cuando le felicit¨® p¨²blicamente por su trabajo efectivo contra la corrupci¨®n.