PSOE y PP buscan cerrar un pacto de m¨ªnimos sobre la justicia
Los portavoces estudian sus ¨²ltimas propuestas y hoy volver¨¢n a reunirse
El pasado jueves, los portavoces del PSOE y del PP, Jos¨¦ Antonio Alonso y Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, se reunieron durante toda la tarde para avanzar en el Pacto de la Justicia. Adem¨¢s de hacer prop¨®sito de silencio, acordaron intercambiar papeles con sus respectivas posiciones, estudiarlas durante el fin de semana y volver a reunirse hoy, lunes, para intentar cerrar los flecos antes del encuentro entre Zapatero y Rajoy del mi¨¦rcoles.
El Constitucional dificulta su propia renovaci¨®n al no resolver un recurso
Cerrar¨¢n la redacci¨®n definitiva y la forma en que lo dar¨¢n a conocer. Por primera, vez una reuni¨®n entre el actual presidente del Gobierno y el l¨ªder de la oposici¨®n est¨¢ precedida de largos y numerosos encuentros de delegaciones de ambos partidos para poder presentar acuerdos concretos. Los documentos manejados hacen referencia a medidas para la modernizaci¨®n de la justicia y a reformas legales para perseguir delitos que crean especial alarma social, como los cometidos contra menores, para combatir el terrorismo y para proteger a las v¨ªctimas.
Por ejemplo, el PP propone aumentar en el C¨®digo Penal los mecanismos para garantizar el alejamiento de los terroristas de sus v¨ªctimas, al hilo del caso de I?aki de Juana Chaos. Sin embargo, el Gobierno asegura que desde hace a?os se aplica el art¨ªculo 48 del C¨®digo Penal que a?ade tal medida a la condena de etarras. Adem¨¢s ser¨ªa poco efectiva la reforma legal porque no se aplicar¨ªa hasta dentro de 40 a?os, dado que no puede haber retroactividad y que, en este momento, los asesinos condenados ya cumplen ya esa condena ¨ªntegra.
Los dos partidos tienen tanta voluntad de acuerdo que est¨¢n dispuestos a evitar la concreci¨®n en los asuntos que les separan o, directamente, sacarlos del pacto. El PP intenta que ocurra eso con el papel de los fiscales en el futuro proceso penal y con la descentralizaci¨®n de la justicia, con el pretexto de esperar a que el Constitucional resuelva los recursos contra el Estatuto de Catalu?a.
El grueso del pacto es el cat¨¢logo de reformas de la justicia para la legislatura y el objetivo final es el de renovar parcialmente el Tribunal Constitucional y totalmente el Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, el acuerdo entre Zapatero y Rajoy s¨®lo puede suponer que el mecanismo de renovaci¨®n parlamentaria se activa en septiembre y, por tanto, ahora no se conocer¨¢n los nombres propuestos. Sin embargo, en el caso del Tribunal Constitucional ha surgido un problema no previsto y es que el propio tribunal no ha resuelto a¨²n un recurso que el PP antepuso siempre como condici¨®n imprescindible para el acuerdo. El Constitucional se reunir¨¢ s¨®lo 24 horas antes del encuentro de La Moncloa y no hay seguridad de que vaya a emitir ese d¨ªa la sentencia sobre el recurso del PP contra la reforma del Reglamento del Senado que permite que los Parlamentos aut¨®nomos intervengan.
En las ¨²ltimas semanas, el pleno del tribunal ha iniciado la deliberaci¨®n de este recurso, pero su debate qued¨® incompleto por las reticencias a una ponencia elaborada por un magistrado del sector progresista. Tambi¨¦n porque hace dos semanas un magistrado estuvo de baja por enfermedad y para el pleno del martes ni siquiera est¨¢ claro que el tribunal est¨¦ completo, porque otro ha pedido a la presidenta poder ausentarse esta semana por vacaciones.
Si la sentencia no estuviera, el acuerdo se limitar¨ªa al compromiso de renovaci¨®n. Si el tribunal no anulara la reforma del Reglamento del Senado, el presidente de la C¨¢mara alta dar¨ªa un plazo hasta finales de septiembre a las C¨¢maras aut¨®nomas que remitieran sus propuestas de magistrados.
La renovaci¨®n del Constitucional supondr¨¢ un cambio de las mayor¨ªas porque de los cinco por sustituir, cuatro son conservadores y s¨®lo uno progresista. El PSOE aspira a poder proponer a al menos tres de ellos.
En el caso del Consejo General del Poder Judicial, la renovaci¨®n ser¨¢ en septiembre, una vez que la sala que preside el actual presidente, Francisco Hernando, haga la sentencia sobre ANV y PCTV. En principio, el PP no renuncia a mantener los nueve vocales que le dar¨ªan la minor¨ªa de bloqueo al grupo conservador para las decisiones importantes como los nombramientos y los informes. Ser¨ªa la primera vez que la oposici¨®n dispone de tal capacidad de veto, establecida por el PSOE en la anterior legislatura con una reforma de la ley. Los socialistas han propuesto mitigar esa minor¨ªa de bloqueo dando entrada a magistrados no adscritos a ninguna asociaci¨®n en el cupo del PP.
El Gobierno duda sobre las medidas contra ETA
El PP ha querido incluir en el acuerdo normas referidas a las v¨ªctimas del terrorismo. Hay voluntad de acuerdo y ambos partidos comparten los objetivos, pero discrepan en cuanto a los instrumentos.
As¨ª, los populares defienden incluir en la futura ley de v¨ªctimas que elabora el Gobierno una disposici¨®n adicional que diga: "Todas las Administraciones p¨²blicas, en el ejercicio de sus competencias y en su respectivo ¨¢mbito territorial, adoptar¨¢n todas las medidas conducentes a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, como nombres de calles, plazas, avenidas, parques y cualquier otro tipo de monumento de exaltaci¨®n, personal o colectiva, del terrorismo o de terroristas".
Sin embargo, el Gobierno asegura que es innecesario porque su actuaci¨®n con los instrumentos legales existentes ha hecho que en un breve plazo, antes de que se haga esa norma, ya no habr¨¢ calles con nombres de etarras. Asegura que ahora quedan s¨®lo ocho y que el delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco ha instado ya a los alcaldes a retirarlas por varias v¨ªas.
Una de ellas es la del art¨ªculo 4 de la ley de v¨ªctimas que aprob¨® recientemente el Parlamento vasco y que insta a los poderes p¨²blicos a actuar para "prevenir y evitar la realizaci¨®n de actos efectuados en p¨²blico que entra?en descr¨¦dito, menosprecio o humillaci¨®n de las v¨ªctimas o de sus familiares, exaltaci¨®n del terrorismo, homenaje o concesi¨®n p¨²blica de distinciones a los terroristas, y actuar¨¢n de manera especial contra las pintadas y carteles de tal ¨ªndole". El Gobierno considera que este precepto es aplicable.
Las mismas dudas las tiene el Gobierno sobre la efectividad de las reformas para endurecer las penas a terroristas en el C¨®digo Penal, tal y como propone el PP, aunque comparta tambi¨¦n el objetivo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Archivado En
- CGPJ
- Miembros tribunal
- Pol¨ªtica nacional
- Tribunal Constitucional
- Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa
- Pactos pol¨ªticos
- Orden p¨²blico
- PP
- Tribunales
- PSOE
- Seguridad ciudadana
- Pol¨ªtica antiterrorista
- Poder judicial
- Eventos
- Lucha antiterrorista
- ETA
- Partidos pol¨ªticos
- Grupos terroristas
- Espa?a
- Pol¨ªtica
- Terrorismo
- Sociedad
- Justicia
- Jos¨¦ Antonio Alonso