La UE sentencia que la obra de la M-30 requer¨ªa un informe ambiental

Varapalo judicial a la obra estrella del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, en la legislatura pasada. Tras cuatro a?os justificando la legalidad de la reforma de la M-30, el Ayuntamiento recibi¨® ayer una mala noticia. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, con sede en Luxemburgo, emiti¨® una sentencia que establece que la reforma de esta circunvalaci¨®n debi¨® someterse a una evaluaci¨®n de impacto ambiental previa a los trabajos, como exige la legislaci¨®n comunitaria sobre v¨ªas urbanas.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo es la respuesta a la consulta que le plante¨® el Juzgado n¨²mero 22 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, encargado del recurso que hab¨ªa interpuesto Ecologistas en Acci¨®n contra las obras de la M-30 por no contar con declaraci¨®n previa del impacto ambiental. El magistrado quer¨ªa aclarar el contenido de la normativa comunitaria. Los jueces europeos le dicen ahora a su colega espa?ol que la obra s¨ª requer¨ªa ese informe, pero le dejan la patata caliente de decidir si los trabajos se ajustaron o no a la normativa europea.

Los esfuerzos municipales por ampararse en la letra peque?a de la legislaci¨®n nacional y europea quedan ahora en entredicho. El Consistorio siempre neg¨® la necesidad de la evaluaci¨®n, porque sosten¨ªa que se trataba de una v¨ªa urbana. Adem¨¢s, para eludir la ley auton¨®mica, dividi¨® los 56 kil¨®metros de la v¨ªa en 15 tramos, para acometer las obras como proyectos independientes.Con la fragmentaci¨®n de la obra, el Ayuntamiento de Madrid logr¨® que ning¨²n tramo tuviera m¨¢s de cinco kil¨®metros, lo que le hubiera obligado a superar un informe ambiental, seg¨²n la normativa auton¨®mica. Y tambi¨¦n los mantuvo por debajo de los 10 kil¨®metros que la normativa nacional y europea establece como l¨ªmite.

Las obras, con un coste de m¨¢s de 3.600 millones, se realizaron en 30 meses. Culminaron d¨ªas antes de las ¨²ltimas elecciones municipales, en mayo de 2007. Un a?o y medio despu¨¦s de su finalizaci¨®n, el tribunal europeo ha echado por la borda todos los argumentos del Consistorio. La sentencia deja claro que el examen medioambiental "no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto". Y, adem¨¢s, precisa que cualquier plan relativo a una v¨ªa urbana debe someterse a la declaraci¨®n ambiental. Este peri¨®dico intent¨® ayer, sin ¨¦xito, conocer la opini¨®n de alg¨²n responsable municipal sobre la sentencia europea.

"El texto marca un precedente. Se acab¨® eso de meter la tuneladora y preguntar despu¨¦s", asegura Carlos Carnero, eurodiputado socialista. Esta resoluci¨®n permite a un juez paralizar cualquier obra que no cumpla con la evaluaci¨®n ambiental, seg¨²n Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acci¨®n, que prev¨¦ que el juzgado madrile?o emitir¨¢ su sentencia en septiembre.

Los desencuentros judiciales entre Ecologistas en Acci¨®n, impulsor del recurso contra las obras, y el Ayuntamiento se remontan al 17 de enero de 2005. La Concejal¨ªa de Urbanismo aprob¨® entonces varios proyectos relacionados con la reforma de la M-30. La organizaci¨®n ecol¨®gica tom¨® cartas en el asunto y present¨® un primer recurso contra esta resoluci¨®n del Ayuntamiento que fue desestimado. No bajaron los brazos y contraatacaron con el recurso contencioso-administrativo a¨²n pendiente de decisi¨®n. Su caballo de batalla era que las obras infring¨ªan tanto la normativa nacional como la directiva europea en materia de evaluaci¨®n ambiental.

En el mismo barco que los ecologistas se situaron asociaciones vecinales y la oposici¨®n (PSOE e IU). A ra¨ªz de una pregunta de Carnero en 2004, la Comisi¨®n Europea inici¨® un expediente sancionador, a¨²n abierto, contra Espa?a en 2006 porque las obras de la M-30 vulneraban la legislaci¨®n medioambiental comunitaria. El Consistorio ralentiz¨® este procedimiento tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo europeo: Bruselas no paralizar¨ªa las obras si el Ayuntamiento se compromet¨ªa a realizar la evaluaci¨®n de impacto una vez finalizada la reforma de la M-30.

"La declaraci¨®n ambiental es una medicina preventiva que debiera servir para evitar que el paciente enferme. Ahora se ha convertido en un medicamento paliativo que no cura las dolencias", afirma Carnero.

Le toca mover ficha al Ayuntamiento y cumplir su parte del pacto con la Comisi¨®n: deber¨¢ presentar un estudio sobre las obras hechas en la M-30. La Consejer¨ªa de Medio Ambiente tendr¨¢ que elaborar la declaraci¨®n de impacto ambiental.