La justicia del rey Salom¨®n

Al d¨ªa siguiente de que Zapatero y Rajoy se reunieran hace una semana y acordaran la renovaci¨®n el pr¨®ximo mes de septiembre por los grupos parlamentarios de las 20 vocal¨ªas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de cinco de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (cuatro por el Senado y uno por el Congreso), una sentencia del Tribunal Constitucional remov¨ªa el ¨²nico obst¨¢culo a¨²n existente para que las Cortes pudieran cumplir esa tarea una vez reanudado el periodo de sesiones. La colaboraci¨®n de los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, cuyos representantes ocupan m¨¢s del 90% de los esca?os del Parlamento, resulta imprescindible y a la vez suficiente para unos nombramientos que exigen el consenso de los 3/5 de los diputados y senadores.

Una sentencia del Constitucional deja v¨ªa libre a la renovaci¨®n de ¨®rganos constitucionales

La sentencia rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la modificaci¨®n introducida en el Reglamento del Senado durante la pasada legislatura a fin de adaptar el procedimiento de nombramiento de sus cuatro magistrados a la previa reforma aprobada en mayo de 2007. Esa modificaci¨®n de la ley del TC otorga a los 17 Parlamentos aut¨®nomos la capacidad de propuesta de candidatos -dos aspirantes en cada caso- para las cuatro vacantes disponibles. La novedad no s¨®lo a?ade complejidad y tardanza al mecanismo anterior, ya que requiere la modificaci¨®n de los reglamentos de las asambleas territoriales y la elecci¨®n de una treintena de candidatos, sino que tambi¨¦n arrojaba dudas sobre su encaje constitucional. Aprobada esa reforma de la ley del TC a instancias de las minor¨ªas nacionalistas, podr¨ªa ser le¨ªda como una violaci¨®n del art¨ªculo 159.1 de la norma fundamental, que establece el nombramiento por el Rey de cuatro de los 12 magistrados del Constitucional "a propuesta del Senado". El TC ha resuelto el recurso -por siete votos contra tres- mediante una sentencia interpretativa todav¨ªa no hecha p¨²blica en su integridad que acepta la constitucionalidad de la reforma pero que deja en manos del Senado la posibilidad de obviar las propuestas de los Parlamentos aut¨®nomos si no considera id¨®neos a sus candidatos, por un lado, y de elegir a todos o algunos de los cuatro magistrados sin ese condicionamiento previo, por otro. A diferencia de la versi¨®n tradicional de la justicia salom¨®nica, que ordena el troceamiento del cuerpo del ni?o en disputa pero que es aceptada s¨®lo por la madre impostora, esta variante interpretativa recibe la cr¨ªtica de las dos partes implicadas en el pleito: los defraudados recurrentes y los insatisfechos con el margen de total autonom¨ªa concedida al Senado.

La tardanza de la renovaci¨®n parcial del TC por la C¨¢mara baja -venc¨ªa el pasado diciembre- ha retrasado el sobrecargado calendario de la veintena de recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP durante la anterior legislatura: el Estatuto de Catalu?a ocupa un lugar preferente en la lista de asuntos pendientes. Aun sin alcanzar el colmo del cinismo de los 18 meses de boicot infligidos a la renovaci¨®n del CGPJ, el sabotaje del Grupo Popular a la designaci¨®n de los cuatro magistrados del Senado fue acompa?ado por los dos recursos obstruccionistas de inconstitucionalidad del PP contra el nuevo procedimiento de elecci¨®n. La raz¨®n inicial de ese forzado retraso fue que la inicua recusaci¨®n del magistrado P¨¦rez Tremps, v¨ªctima inocente de la celada tendida por la mitad del tribunal, le daba artificialmente la mayor¨ªa al bloque conservador af¨ªn al PP en el recurso contra el Estatuto catal¨¢n; sin embargo, el fallecimiento hace pocas semanas del juez Garc¨ªa-Calvo -designado en su d¨ªa por el Congreso- cambi¨® las tornas.

Ser¨ªa deseable que los Parlamentos aut¨®nomos designaran pronto a sus candidatos para magistrados del Constitucional elegibles por el Senado. Y todo hace suponer tambi¨¦n que el compromiso anunciado tras la reuni¨®n hace una semana del presidente del Gobierno con el l¨ªder del PP en torno al TC y al CGPJ ser¨¢ cumplido y habr¨¢ previsto los eventuales accidentes de recorrido en las Asambleas territoriales. Por el contrario, hay serias razones para temer que PSOE y PP -as¨ª como CiU y PNV- continuar¨¢n aplicando criterios contrarios al esp¨ªritu de la ley para la renovaci¨®n de los dos ¨®rganos constitucionales. Al parecer, el Gobierno y el principal partido de la oposici¨®n se repartir¨¢n a medias a los cuatro magistrados del Senado. El rumoreado nombramiento de Francisco Hernando, el peor presidente del CGPJ del que se guarda memoria, para sustituir -por com¨²n acuerdo de los grupos socialista y popular en el Congreso- al fallecido Garc¨ªa-Calvo en el TC ser¨ªa un humillante sarcasmo. Los partidos en liza parecen dispuestos a seguir deslegitimando a los ¨®rganos constitucionales con sus sectarias estrategias de consenso faccional: repartirse primero los casilleros en blanco de las plazas vacantes y rellenarlas despu¨¦s en la soledad soberana de sus sedes respectivas con los nombres de los candidatos sensibles a sus futuras instrucciones.