Valencianos y catalanes

La Comunidad Valenciana y Catalu?a juntas son una realidad a tener en cuenta en Espa?a. Con doce millones de habitantes, lo que representa m¨¢s de la tercera parte de la poblaci¨®n espa?ola, somos dos nacionalidades hist¨®ricas que recuperamos nuestras instituciones de autogobierno con la Constituci¨®n de 1978. Ambas comunidades poseen una historia y una cultura propias, y tienen intereses estrat¨¦gicos comunes que defender desde nuestra posici¨®n compartida en el Corredor Mediterr¨¢neo espa?ol. Y, si bien el desencuentro entre catalanes y valencianos se ha dado en la historia reciente, en la actualidad son muchas m¨¢s las cosas que nos unen que las que nos separan.

Catalanes y valencianos nos encontramos entre los que m¨¢s contribuimos a las arcas -solidarias- del Estado. La publicaci¨®n reciente de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda revela fr¨ªamente que ambas comunidades presentan un alarmante saldo acreedor con el Estado. Es decir, que es mayor el importe de los impuestos pagados que la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos recibidos. Concretamente, para la Comunidad Valenciana, la diferencia es del -6,4% y para Catalu?a, del -8,7%. Un saldo preocupante para la sostenibilidad del sistema de solidaridad interregional espa?ol, si no se alcanza un pacto de reequilibrio para poder continuar progresando como se ha hecho durante los ¨²ltimos a?os. Sin embargo, el fen¨®meno de la inmigraci¨®n y el atractivo de crecimiento econ¨®mico de la ¨²ltima d¨¦cada ha dejado a un mill¨®n de valencianos sin financiaci¨®n por parte del Estado.

Hoy somos cinco millones de valencianos, no cuatro como contabiliza La Moncloa. Estas cifras traducidas en t¨¦rminos econ¨®micos suponen alrededor de 1.000 millones de euros m¨¢s con los que contar¨ªa la Comunidad Valenciana en caso de aplicarse el reconocimiento de la poblaci¨®n actual en el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica; algo semejante a lo que ocurrir¨ªa en Catalu?a. Una reivindicaci¨®n com¨²n de los gobiernos de Catalu?a y de la Comunidad Valenciana, con independencia del color pol¨ªtico, al Gobierno central que, en justicia, tiene que corregir. Una estrategia com¨²n de ambos gobiernos para un inter¨¦s com¨²n: financiar las autonom¨ªas en funci¨®n de la poblaci¨®n, corrigiendo un d¨¦ficit que afecta a la financiaci¨®n de los servicios sociales b¨¢sicos, competencias exclusivas nuestras, pero que benefician a toda la poblaci¨®n espa?ola.

Si el Gobierno socialista no reconoce que somos m¨¢s de 46 millones de espa?oles, estar¨¢ recortando, de golpe, un 10% del gasto de las pol¨ªticas sociales en toda Espa?a y, en el caso de la Comunitat y de Catalu?a -donde el incremento demogr¨¢fico es muy superior al de la media nacional- este recorte supone contar con un 20% menos de financiaci¨®n para servicios b¨¢sicos tales como la sanidad, la educaci¨®n, la cultura, los servicios sociales o la acogida e integraci¨®n de inmigrantes. Gastos que deben ser financiados mediante endeudamiento p¨²blico. En definitiva, la realidad es que aportando m¨¢s, siendo muchos m¨¢s y con m¨¢s necesidades, los valencianos recibimos menos recursos del Estado para financiar los servicios necesarios para toda la poblaci¨®n.

Toda una paradoja que en t¨¦rminos pol¨ªticos recibir¨ªa el nombre de discriminaci¨®n o penalizaci¨®n. Aunque por motivos bien diferentes: en el caso de la Comunidad Valenciana, por tener un gobierno del Partido Popular, en el caso de Catalu?a por razones de orden org¨¢nico interno del PSOE.

Los datos son concluyentes: en el Corredor Mediterr¨¢neo Espa?ol vive el 47% de la poblaci¨®n espa?ola y se genera el 57% del PIB estatal. Es decir, en esta fachada mar¨ªtima peninsular vive una poblaci¨®n con un nivel alto de productividad, que, por ello, necesita de las mejores prestaciones -alta velocidad ferroviaria, ancho de v¨ªa internacional, capacidad de transporte de mercanc¨ªas y pasajeros-. Sin ellas, las comunidades del Corredor Mediterr¨¢neo no podr¨¢n seguir creciendo al ritmo deseado. No podr¨¢n transportar m¨¢s de 60 millones de toneladas y 15 millones de turistas al a?o, hacia y desde el resto de la Uni¨®n Europea. Estas reivindicaciones -peajes, infraestructuras ferroviarias y otras soluciones- las hicieron suyas conjunta y recientemente en Valencia las C¨¢maras de Comercio de la Comunidad Valenciana y Catalu?a. Para evitar que nuestros productos soporten unos pagos a?adidos y nos distancien del resto del pa¨ªs.

Es necesario un Gobierno en Espa?a que reconsidere la realidad espa?ola sin complejos. Y el actual Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero tiene demasiados. Los ha tenido al negar una crisis que es m¨¢s profunda en Espa?a que en el resto de los pa¨ªses y los tiene ahora al negar un modelo de financiaci¨®n que nos permita a las regiones del Corredor Mediterr¨¢neo continuar avanzando: no para separarnos econ¨®mica y socialmente del resto del pa¨ªs, sino todo lo contrario, para que el equilibrio y la solidaridad de todos los ciudadanos se alcance en el nivel m¨¢s alto, no en el m¨¢s bajo.

Catalanes y valencianos necesitamos una Espa?a mejor gobernada, una Espa?a que funcione mejor. Nuestro sistema de solidaridad interregional descansa sobre la participaci¨®n de los espa?oles que m¨¢s podemos aportar, para que de cara al futuro podamos continuar aportando. Ahora bien, para que el sistema pueda seguir siendo sostenible, la redistribuci¨®n fiscal no debe impedir el crecimiento econ¨®mico ni deteriorar los servicios sociales prestados a los ciudadanos espa?oles en ambos territorios. Es el momento de pasar una p¨¢gina de la historia porque bien cierto es que entre catalanes y valencianos hay muchas m¨¢s cosas que nos unen que las que nos separan. Intereses comunes que defender para lograr que Espa?a funcione mejor.

Es necesario que el Gobierno de Espa?a gobierne con criterios de solidaridad para el conjunto de sus habitantes. Un gobierno, en definitiva, que permita a las locomotoras continuar avanzando para que no se pare el tren.

Rafael Blasco Castany es consejero de Inmigraci¨®n y Ciudadan¨ªa. blasco_rafcas@gva.es