Lo obvio y lo correcto

El Catatumbo, una vez m¨¢s, padece una crisis alarmante. El desplazamiento forzado de m¨¢s de 54.000 personas y el confinamiento de 25.000, seg¨²n cifras de la Defensor¨ªa del Pueblo, han llevado a muchos a una conclusi¨®n aparentemente obvia: si el problema radica en la coca, la soluci¨®n es erradicar. Varios argumentan, algunos con resignaci¨®n, otros con entusiasmo, que tenemos que volver a la aspersi¨®n a¨¦rea y la erradicaci¨®n forzada. Pero lo obvio no siempre es lo correcto.

El problema de fondo no es la existencia de cultivos de coca per se, sino el hecho de que los grupos armados pelean por regular un sector de la econom¨ªa que el Estado se niega a regular. Esta situaci¨®n no es exclusiva al Catatumbo; se replica en otras regiones del pa¨ªs donde el narcotr¨¢fico impone su propia regulaci¨®n ante la inhabilidad del Estado de ejercer su funci¨®n regulatoria. El Estado colombiano regula una gran cantidad de comportamientos y actividades econ¨®micas: el comercio de bienes y servicios, la extracci¨®n de recursos naturales, la producci¨®n de energ¨ªa, e incluso industrias altamente riesgosas como la miner¨ªa y la fabricaci¨®n de explosivos. Sin embargo, cuando se trata de drogas il¨ªcitas, el Estado ha renunciado a cualquier tipo de regulaci¨®n formal.

Esta renuncia impide que las disputas en torno a este negocio se resuelvan a trav¨¦s de mecanismos ordinarios y no violentos, como las cortes de justicia. Este vac¨ªo regulatorio condena a Colombia a ciclos imparables de la violencia: si no entregaste mi producto, te mato. Si no quieres compartir la ruta conmigo, dejamos asediada una regi¨®n completa, que se jodan los civiles inocentes. Sin un marco legal que ordene el mercado, la ¨²nica regulaci¨®n posible es la de facto: la que imponen los grupos armados con violencia y coerci¨®n.

Como muestra un estudio reciente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, la econom¨ªa de la hoja de coca trae enormes beneficios econ¨®micos y sociales a comunidades vulnerables. El ¨²nico actor que no se beneficia de esta econom¨ªa, pareciera, es el mismo Estado, que no grava impuestos sobre su venta y se ve obligado a sacrificar las vidas de los miembros de la fuerza p¨²blica cuando los grupos de narcotr¨¢fico deciden pelearse.

Hay una posibilidad interesante que se abri¨® despu¨¦s de la crisis actual que estamos viviendo con Estados Unidos. Si el socio m¨¢s importante de Colombia a nivel internacional decide descertificar a su aliado principal en la lucha contra las drogas, el c¨¢lculo tradicional que Colombia ha enfrentado cambiar¨ªa. Los beneficios de la cooperaci¨®n internacional gringa siempre han impedido un abordaje diferente frente los cultivos de coca. ¡°Colombia tiene que erradicar o se cierra la llave¡±. ?Y si la llave ya se cerr¨®? ?Qu¨¦ oportunidades en materia de la pol¨ªtica de drogas existen para este Gobierno -e incluso m¨¢s importante, para el gobierno que lo reemplaza en 2026- si el miedo de perder los beneficios ya se ha desaparecido?

Retomemos el debate sobre la erradicaci¨®n forzada. Sus costos son alt¨ªsimos, tanto en t¨¦rminos econ¨®micos como sociales. La aspersi¨®n a¨¦rea con glifosato no solo afecta a los cultivos de coca, sino tambi¨¦n a los cultivos l¨ªcitos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades enteras. El desplazamiento de los cultivos de una regi¨®n a otra (el llamado ¡°efecto globo¡±) ha sido documentado repetidamente, demostrando que estas pol¨ªticas no resuelven el problema, sino que lo trasladan geogr¨¢ficamente. La suspensi¨®n de la aspersi¨®n a¨¦rea produjo una reducci¨®n en los niveles de deserci¨®n escolar en ¨¢reas con cultivos il¨ªcitos. Los efectos sobre la salud de los campesinos que genera el glifosato incluyen un incremento en las consultas m¨¦dicas relacionadas con enfermedades dermatol¨®gicas y respiratorias y un aumento en el n¨²mero de abortos espont¨¢neos. Adem¨¢s, es una medida que no es efectiva: las tasas de replantaci¨®n son altas comparadas con otros m¨¦todos, como es la sustituci¨®n voluntaria.

No quiero sugerir que ya contamos con la f¨®rmula m¨¢gica, ni para El Catatumbo ni para otras regiones donde se concentran cultivos de coca. El Programa Nacional Integral de Sustituci¨®n de Cultivos de Uso Il¨ªcito (PNIS) no produjo los resultados esperados y otros esfuerzos, como el programa Formalizar para Sustituir, tampoco logr¨® disminuciones en los cultivos en el mediano plazo. Pero si el Estado no est¨¢ dispuesto a regular este mercado, estar¨¢ condenado a seguir gastando recursos en estrategias fallidas que, a su vez, frecuentemente perpet¨²an la violencia. Existen modelos de regulaci¨®n de mercados de drogas en otras partes del mundo que han logrado reducir la violencia sin renunciar a la gobernanza estatal. El ejemplo de Bolivia es instructivo, por ejemplo. La coyuntura ¨C conflagraciones en m¨²ltiples regiones del pa¨ªs y una crisis sin precedentes frente nuestro benefactor principal en la lucha contra las drogas¨C sugiere que, si resistimos la atracci¨®n de las soluciones obvias, podr¨ªamos, con suerte, tropezar con una salida del pantano.