Un Estatuto, dos interpretaciones

El Estatuto catal¨¢n, como el resto de normas b¨¢sicas de las comunidades aut¨®nomas, es una ley org¨¢nica aprobada por el Parlamento aut¨®nomo y las Cortes Generales. Por tanto, de obligado cumplimiento para el Gobierno, para la Generalitat y para todos los ciudadanos.

Pero tambi¨¦n, como cualquier texto legal, est¨¢ sujeto a interpretaci¨®n. Y en la financiaci¨®n auton¨®mica, las lecturas que hacen las dos administraciones son tan divergentes que han hecho imposible llegar a un acuerdo este s¨¢bado, como exig¨ªa el propio Estatuto.

Porque lo que s¨®lo tiene una interpretaci¨®n posible es lo que dice la disposici¨®n final primera del Estatuto, aunque el lenguaje administrativo se empe?e en enredarlo: "La Comisi¨®n Mixta de Asuntos Econ¨®micos y Fiscales Estado-Generalitat debe concretar, en el plazo de dos a?os a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, la aplicaci¨®n de los preceptos del T¨ªtulo VI". El t¨ªtulo sexto es el que hace referencia a los nuevos criterios que deben regir la financiaci¨®n de la Generalitat.

Hoy es obvio que no se ha concretado su aplicaci¨®n en el plazo previsto, dado que el Estatuto entr¨® en vigor el 9 de agosto de 2006, hace dos a?os.

"El incumplimiento por parte del Gobierno del Estado es una mala noticia, no se cumple un plazo legal presentando una propuesta incompleta que no se ajusta a los principios de la misma ley", clam¨® el viernes el presidente de la Generalitat catalana, Jos¨¦ Montilla. "Nuestra propuesta es consistente con el Estatuto, pero tambi¨¦n tiene que serlo con la Constituci¨®n", defendi¨® la semana pasada el vicepresidente econ¨®mico del Gobierno, Pedro Solbes. "Un acuerdo es siempre cosa de dos", remach¨® hace unos d¨ªas Octavio Granado, responsable federal de Econom¨ªa del PSOE.

El pulso entre las dos administraciones socialistas est¨¢ servido. La visi¨®n sobre cuestiones centrales del Estatuto como el mecanismo de solidaridad, la bilateralidad, el coste de atender a los inmigrantes o el blindaje de Catalu?a como una de las comunidades que m¨¢s ingresos tributarios genera y recibe es a¨²n muy distinta. Y estas diferencias sustanciales dificultan sobremanera la negociaci¨®n con todas las comunidades aut¨®nomas, un proceso siempre complicado.

?QU? SE DEBE PAGAR CON LA SOLIDARIDAD?

En abril, la Generalitat hizo su primer acercamiento sobre c¨®mo aplicar lo que recog¨ªa el Estatuto. El Ejecutivo catal¨¢n puso la lupa sobre c¨®mo se redistribuye el dinero para garantizar la prestaci¨®n de servicios b¨¢sicos en todas las comunidades. Y desde entonces, su visi¨®n sobre la solidaridad del sistema ha acaparado el debate. El Estatuto recoge que el nuevo sistema ajustar¨¢ los niveles de financiaci¨®n de las comunidades "con el fin de que los servicios de educaci¨®n, sanidad y otros servicios esenciales sociales del estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos auton¨®micos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado".

La Generalitat hace una lectura pegada a la letra y aboga por limitar la redistribuci¨®n de fondos a educaci¨®n, sanidad y servicios sociales. Seg¨²n sus c¨¢lculos, como m¨¢ximo un 75% del dinero que se reparte en el sistema (110.000 millones en 2006) estar¨ªa condicionado por esta obligaci¨®n de nivelar recursos.

Pero el Gobierno hace una interpretaci¨®n m¨¢s amplia y recuerda que el propio Estatuto explicita que las relaciones financieras entre ambas administraciones se regulan tambi¨¦n por la Constituci¨®n, que obliga al Estado a "garantizar un nivel m¨ªnimo en la prestaci¨®n de servicios b¨¢sicos en todo el territorio espa?ol". Servicios b¨¢sicos entre los que Solbes incluye la justicia, por ejemplo.

?CU?NDO HABR? M?S DINERO PARA CATALU?A?

Al acotar la nivelaci¨®n a un 75% del dinero que se reparte, la Generalitat da por hecho que se alcanzar¨ªa otro objetivo del Estatuto: garantizar que Catalu?a no pierda posiciones en la captaci¨®n de recursos por habitante tras aplicar el mecanismo de solidaridad. Ahora, con los ingresos tributarios que reserva el sistema a las comunidades, Catalu?a es la tercera comunidad en financiaci¨®n por habitante, pero tras la redistribuci¨®n de dinero y la compensaci¨®n con fondos estatales pasa a ser la d¨¦cima.

El nuevo modelo, al aumentar la participaci¨®n de las comunidades en los impuestos (algo en lo que s¨ª hay acuerdo), consolidar¨ªa a Catalu?a entre las comunidades con m¨¢s ingresos tributarios. Hasta el punto que, como Madrid y Baleares, no necesitar¨ªa de compensaci¨®n estatal para financiar sus gastos. Solbes cree justa la reivindicaci¨®n catalana, pero aboga por un proceso gradual para reajustar el orden a medio plazo. La Generalitat entiende que se volver¨ªa a infringir el Estatuto, que obliga a que la aplicaci¨®n de los nuevos criterios de financiaci¨®n sea "plenamente efectiva en el plazo de cinco a?os", es decir, en agosto de 2011.

?PACTAR ENTRE DOS O ENTRE TODOS?

La exigencia de un pacto bilateral es otra de las reclamaciones habituales de la Generalitat catalana. El Gobierno da por hecho que al discutir sobre el sistema de financiaci¨®n en la comisi¨®n mixta ya atiende ese requisito. Y en la pr¨¢ctica, la negociaci¨®n entre la Administraci¨®n central y la catalana est¨¢ condicionando el proceso con el resto de comunidades, como ya ocurri¨® en anteriores reformas del sistema, tanto con el PSOE como con el PP gobernando en La Moncloa.

Pero, en esto, la propuesta del Gobierno tambi¨¦n avanza en el camino equivocado, seg¨²n el Ejecutivo catal¨¢n. Sobre todo, al condicionar al acuerdo de todas las comunidades cualquier cambio en las variables que se utilizan para repartir el dinero.

?C?MO HAY QUE CONTAR A LOS INMIGRANTES?

La propuesta del Gobierno consagra la poblaci¨®n como la variable b¨¢sica en el reparto de dinero. Y compensa incluso por la poblaci¨®n que no se ha computado en los ¨²ltimos a?os (el sistema actual usa el padr¨®n de 1999). Pero no hace ninguna referencia a la inmigraci¨®n, que el Estatuto cita como "un factor de correcci¨®n". La Generalitat sostiene que una de las razones de su insuficiencia financiera es que debe atender a una poblaci¨®n inmigrante mucho mayor que en otros territorios. Su argumento es que atender a inmigrantes es m¨¢s costoso, algo que otras comunidades rebaten.

El Gobierno recuerda que la inmigraci¨®n tambi¨¦n supone m¨¢s ingresos p¨²blicos, y se resiste a considerar una correcci¨®n general. Como mucho, acepta que hay sobrecoste en alguna competencia espec¨ªfica, como la educaci¨®n infantil.

?DE QU? FORMA AFECTA LA CRISIS?

Las cautelas econ¨®micas del Gobierno no han sentado nada bien a la Generalitat. El Ministerio de Econom¨ªa condiciona el cumplimiento de varias de sus propuestas "a las disponibilidades presupuestarias". Con la crisis en todo su apogeo, las cuentas del Gobierno empiezan a deteriorarse y Solbes no est¨¢ dispuesto a abrir la mano y agrandar as¨ª el d¨¦ficit que se viene encima. El vicepresidente cree injustificada la exigencia econ¨®mica m¨ªnima de la Generalitat (12.700 millones m¨¢s a repartir entre todas las comunidades). Pero la necesidad del Gobierno de lograr apoyos para sacar adelante los pr¨®ximos presupuestos debilitan su posici¨®n.