Pol¨ªtica y financiaci¨®n territorial

Los debates territoriales adquieren con frecuencia en nuestro pa¨ªs una intensidad dram¨¢tica tal que parece que nos aproximamos al precipicio, provocando en la clase pol¨ªtica una ansiedad y una angustia ins¨®litas en otros pa¨ªses de estructura institucional compleja o compuesta, de naturaleza federal o cercana a ella. Porque debates, tensiones y discrepancias existen en todos ellos, pero sus instituciones encauzan las mismas con una naturalidad y sencillez con las que nosotros a¨²n no hemos sabido o podido hacerlo.

A la vista de ello, los ciudadanos pueden tener a veces la impresi¨®n de que el sistema no funciona, o que tiene graves fallos. Pasado un tiempo, cuando las aguas se calman, y se llega a acuerdos, que ha sido la pr¨¢ctica habitual de estos 30 a?os de Estado de las Autonom¨ªas, se celebran los mismos como si no hubiese pasado nada. Y se confirma que nuestra estructura auton¨®mica es ¨²til y eficaz, administra sus problemas con sensatez y encuentra soluciones coherentes y equilibradas. Pero tambi¨¦n revela sus carencias.

El sistema de protecci¨®n social exigir¨¢ m¨¢s recursos ante la evoluci¨®n del mercado laboral

El equilibrio pol¨ªtico, econ¨®mico y social son la garant¨ªa de un pa¨ªs con ambici¨®n de progresar

Sin ¨¢nimo de polemizar en el debate de la financiaci¨®n auton¨®mica, m¨¢s bien al contrario, reflexionando sobre ¨¦l con ¨¢nimo constructivo, me permito aportar algunas cuestiones que no han aparecido en la opini¨®n p¨²blica, o lo han hecho muy someramente, en las m¨²ltiples aportaciones que se han hecho desde los ¨¢mbitos pol¨ªtico, t¨¦cnico y acad¨¦mico.

La Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n Auton¨®mica (LOFCA) ha regulado desde el inicio, en el a?o 1980, las relaciones financieras entre las estructuras estatal y auton¨®mica con notable ¨¦xito. Su aplicaci¨®n, con las modificaciones y modulaciones que el tiempo y las necesidades han exigido, ha permitido financiar con suficiencia las necesidades de gasto p¨²blico de ambas administraciones. Como resultado, el sistema ha contribuido sin duda al espectacular crecimiento econ¨®mico de nuestro pa¨ªs de las ¨²ltimas d¨¦cadas.

Pero no debemos olvidar que su eficacia se ha visto favorecida por el incremento de los recursos p¨²blicos a repartir, fruto de esa bonanza econ¨®mica, las reformas fiscales y la modernizaci¨®n de la gesti¨®n tributaria. Pero no ha habido ocasi¨®n de probar esa misma eficacia en periodos de crisis econ¨®mica, cualesquiera que sean sus causas y or¨ªgenes, sobre todo si ¨¦sta no es de ciclo corto. Y menos a¨²n, lo que el sistema de financiaci¨®n puede aportar para sortear o superar estas situaciones. Y debe hacerlo.

Resulta por tanto sorprendente que en los tensos debates recientes sobre el reparto de los recursos p¨²blicos, centrados casi exclusivamente en conseguir una mayor y mejor financiaci¨®n para "mi" administraci¨®n, no se tengan en cuenta cuestiones que debe hacer variar las prioridades y estructura del gasto p¨²blico. Por ejemplo, que los sistemas de protecci¨®n social van a exigir m¨¢s recursos ante la negativa evoluci¨®n del mercado laboral, que habr¨¢ que revisar las prioridades cl¨¢sicas del gasto p¨²blico de todas las administraciones, y acordar las nuevas, y dise?ar y pactar con lealtad pol¨ªticas de austeridad. En definitiva, introducir los cambios necesarios y urgentes que nuestra econom¨ªa necesita para afrontar esta etapa y el futuro inmediato.

Y esto es responsabilidad de todos. No se trata de hacer lo que cada uno pueda o crea conveniente. Es necesaria una actuaci¨®n global, coordinada, con objetivos claros y acordados para que sea eficaz. Por tanto, en situaciones econ¨®micas como las actuales, lo primero es saber en qu¨¦ hay que gastar los recursos p¨²blicos disponibles. Qui¨¦n lo vaya a hacer es secundario, adem¨¢s de estar mucho m¨¢s claro por el reparto constitucional de atribuciones y responsabilidades. Como se hizo hace un a?o, cuando el Gobierno estatal inyect¨® por iniciativa propia una importante cantidad de recursos en el sistema sanitario p¨²blico, cuya gesti¨®n y responsabilidad es en exclusiva de las Comunidades Aut¨®nomas. Ser¨ªa por tanto muy ¨²til incorporar estas cuestiones al actual debate sobre el reparto de los recursos disponibles, fij¨¢ndose estrategias s¨®lidas y comunes para afrontar la situaci¨®n.

Tambi¨¦n llama la atenci¨®n en este debate el olvido y escaso apego desde ciertos ¨¢mbitos a las conocidas "reglas del juego" de nuestro sistema auton¨®mico. ?stas se han ido fraguando, no sin esfuerzo, a lo largo de tres d¨¦cadas y no hay ninguna raz¨®n para ignorarlas y menos para sortearlas. Los Estatutos de Autonom¨ªa pueden establecer, y establecen en la pr¨¢ctica, ciertos mandatos a los poderes p¨²blicos que deben respetarse y cumplirse. Pero no son el ¨²nico instrumento legal a tener en cuenta. Previamente a ellos, la Constituci¨®n fija una serie de principios rectores, objetivos a conseguir e instrumentos legales y org¨¢nicos que deben presidir las relaciones entre administraciones, de condici¨®n superior y que no deben obviarse. Los principios de equidad, suficiencia y solidaridad no son palabras vac¨ªas. El resultado final del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica debe responder a esos principios y mandatos, a todos ellos, para que podamos considerarlo acorde con la Constituci¨®n.

Volcar los intereses de cada uno s¨®lo en la defensa de alguno de esos principios es desnivelar el sistema en su conjunto. Es generar agravios y discriminaciones de f¨¢cil percepci¨®n ciudadana, pero da?inos para la convivencia y la cohesi¨®n territorial. Y puede ser rentable a corto plazo, pero no es una buena inversi¨®n a largo. Alcanzar el equilibrio en el cumplimiento de los mandatos constitucionales es tambi¨¦n responsabilidad de las Comunidades Aut¨®nomas, no s¨®lo del Gobierno estatal como a veces se da a entender. El "sentido de Estado" es exigible no s¨®lo al Gobierno de la Naci¨®n, que se da por supuesto, sino tambi¨¦n a los de las dem¨¢s administraciones. Por eso, la defensa de los leg¨ªtimos intereses de cada uno debe hacerse con prudencia y debe ser compatible con esa responsabilidad.

Adem¨¢s, vuelve a apreciarse en esta fase de la negociaci¨®n la ausencia de una C¨¢mara Territorial con m¨¢s atribuciones y contenido territorial. La funci¨®n del poder ejecutivo, fundamental en materia de financiaci¨®n, se ver¨ªa facilitada si previamente la C¨¢mara Territorial ejerciese las funciones de integraci¨®n de los intereses territoriales como corresponde a una C¨¢mara de esa naturaleza. La participaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas en el ¨¢mbito parlamentario del Senado, fijando objetivos, acordando estrategias y marcando prioridades allanar¨ªa el camino de los poderes ejecutivos. Ciertos debates que se hacen a diario son m¨¢s propios de las instituciones en las que radica la soberan¨ªa popular. Se pone una vez m¨¢s en evidencia que la reforma del Senado es necesaria y urgente.

Por ¨²ltimo, en rigor debi¨¦ramos estar hablando de financiaci¨®n territorial. A estas alturas de nuestro Estado Auton¨®mico, con el nivel de descentralizaci¨®n alcanzado, no se puede estar hablando del reparto de los recursos p¨²blicos, ignorando en el mismo a las entidades locales. Lo secundario es si se deben acordar simult¨¢nea o sucesivamente ambos sistemas de financiaci¨®n, lo importante es que se deben hacer de una manera integrada, coherente y justa porque forman parte del mismo sistema descentralizado, no son ajenos a ¨¦l, ni en la Ley ni en la pr¨¢ctica. Ha pasado suficiente tiempo como para reconocer que esta afirmaci¨®n es una obviedad, que debe tener sus consecuencias pol¨ªticas y pr¨¢cticas. Pol¨ªticas, dando a las entidades locales el relieve institucional que deben tener, acabando con esa imagen de segundones con la que aparecen sistem¨¢ticamente. En contradicci¨®n con la percepci¨®n ciudadana, que ve en el Ayuntamiento no s¨®lo a la administraci¨®n m¨¢s cercana, sino a la que vela con m¨¢s inter¨¦s por su vida diaria. Y pr¨¢cticas, haci¨¦ndoles part¨ªcipes desde el inicio del debate del reparto de los recursos, de los generales y de los territoriales. M¨¢s a¨²n cuando todos son m¨¢s escasos. Esta asignatura pendiente debi¨¦ramos aprobarla cuanto antes y con solvencia.

En definitiva, debe alcanzarse en materia de financiaci¨®n el necesario equilibrio que contribuya a la estabilidad del sistema. El equilibrio pol¨ªtico, el econ¨®mico y el social son la garant¨ªa de continuidad de un pa¨ªs diverso y unido como Espa?a, con ambici¨®n de m¨¢s progreso y m¨¢s calidad de vida. Y la mejor simiente para una mayor cohesi¨®n territorial, y sobre todo social.

Javier Rojo es presidente del Senado.