Salud multar¨¢ hasta con un mill¨®n el ensa?amiento terap¨¦utico

Andaluc¨ªa podr¨¢ sancionar con hasta un mill¨®n de euros a los m¨¦dicos que se obcequen en mantener la vida de un enfermo terminal sin posibilidad de recuperaci¨®n. La futura ley de muerte digna que prepara el Gobierno andaluz proh¨ªbe la obstinaci¨®n terap¨¦utica, entendida como la aplicaci¨®n de "medidas injustificadas e in¨²tiles de prolongaci¨®n de la vida". Seg¨²n el anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso EL PA?S, esta pr¨¢ctica por parte de los m¨¦dicos podr¨¢ ser calificada como infracci¨®n muy grave, para la que el regimen sancionador del nuevo texto legal prev¨¦ las sanciones de entre 60.001 y un mill¨®n de euros.

El art¨ªculo 20 del anteproyecto de ley recoge el veto al encarnizamiento terap¨¦utico: "El m¨¦dico o m¨¦dica responsable del paciente tiene la obligaci¨®n de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estime necesario para evitar la obstinaci¨®n terap¨¦utica. Dicha justificaci¨®n deber¨¢ ser consignada en la historia cl¨ªnica del paciente". La justificaci¨®n de esta limitaci¨®n requerir¨¢ siempre la opini¨®n coincidente "de al menos otros dos" m¨¦dicos de los que atienden al enfermo.

Los menores con 16 a?os cumplidos pueden decidir por s¨ª mismos

Los centros privados estar¨¢n obligados a garantizar ese derecho

En caso de que los representantes o familiares del paciente no est¨¦n de acuerdo con que se le retiren las medidas de soporte vital, el m¨¦dico tendr¨¢ que solicitar un informe al comit¨¦ de ¨¦tica del centro. Este informe no ser¨¢ vinculante, "pero obligar¨¢ a revisar" la decisi¨®n. En cualquier caso, la decisi¨®n final corresponder¨¢ al m¨¦dico, por lo que podr¨¢ adoptarla en contra de la voluntad de la familia.

La ley de derechos y garant¨ªas de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte (conocida como ley de muerte digna) es una de las grandes apuestas de la actual legislatura del gobierno que preside Manuel Chaves. La norma regular¨¢ el derecho de los enfermos terminales a recibir toda la informaci¨®n sobre su enfermedad, a tomar decisiones respecto al tratamiento que le pueden aplicar y a rechazar la intervenci¨®n propuesta por los m¨¦dicos "aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma amparar¨¢ las sedaciones paliativas aunque acorten la vida del enfermo y les otorgar¨¢ el derecho de recibir estos cuidados en su casa "siempre que ello no est¨¦ contraindicado".

El t¨ªtulo II de la ley se detiene adem¨¢s en los derechos de los enfermos terminales menores de edad. Entre 12 y 16 a?os, la decisi¨®n sobre el tratamiento recaer¨¢ en los padres o representantes legales, pero despu¨¦s de escuchar la opini¨®n del ni?o. Los menores emancipados o con 16 a?os cumplidos pueden recibir la informaci¨®n cl¨ªnica y decidir por s¨ª mismos, si bien sus padres ser¨¢n informados y su opini¨®n se tendr¨¢ en cuenta. La ley establece que "en caso de conflicto prevalecer¨¢ la opini¨®n del menor".

Los deberes de los profesionales sanitarios quedan recogidos en el t¨ªtulo III, que es en el que se establece la prohibici¨®n del encarnizamiento terap¨¦utico. Adem¨¢s, la norma obliga a informar al paciente, preguntarle si ha realizado testamento vital o consultar directamente el registro andaluz de voluntades vitales anticipadas si el enfermo est¨¦ incapacitado. La ley obligar¨¢ a todos los profesionales sanitarios a respetar las preferencias del enfermo "debiendo abstenerse de imponer sus opiniones morales, religiosas, filos¨®ficas o de cualquier otra naturaleza".

El t¨ªtulo IV, el ¨²ltimo de la ley, concreta las garant¨ªas que tendr¨¢n que proporcionar los centros sanitarios a los enfermos. El Gobierno andaluz se compromete por ley a que el paciente viva su agon¨ªa en una habitaci¨®n individual y a estar acompa?ado por su familia. El texto va m¨¢s all¨¢ y estipula que las habitaciones dispondr¨¢n de "mobiliario adecuado que permita el descanso nocturno" del acompa?ante. La ley establece un plazo de dos a?os para que todos los centros p¨²blicos y privados se adapten a estas exigencias.

Por ¨²ltimo, para evitar que se repitan casos como el de Inmaculada Echevarr¨ªa, la mujer que estaba ingresada en un hospital religioso de Granada y tuvo que trasladarse para que le retiraran el respirador artificial, la norma obligar¨¢ al centro en el que est¨¦ ingresado el enfermo a arbitrar los medios para que la voluntad del paciente se lleve a cabo all¨ª.

La Junta de Andaluc¨ªa inicia los tr¨¢mites para regular el derecho a una muerte digna