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Es dif¨ªcil ver en la comparecencia conjunta de los ministros del Interior y Justicia, P¨¦rez Rubalcaba y Fern¨¢ndez Bermejo, anunciando una importante reforma del C¨®digo Penal sobre agravamiento y cumplimiento de penas para delincuentes sexuales, especialmente pederastas, y terroristas, otra cosa que un intencionado gesto pol¨ªtico. Su motivaci¨®n parece clara: la conmoci¨®n social que sigue causando el asesinato de la peque?a Mari Luz por un pederasta en libertad, agravada por la impunidad con que se han saldado los errores judiciales cometidos en el caso. Lo ¨²nico nuevo que aporta esa comparecencia es sumar a los terroristas a la lista de los delincuentes afectados.

Las medidas relativas a los violadores y pederastas ya fueron anunciadas en junio pasado, con parecido tono de inconcreci¨®n y generalidad que ahora, por el ministro de Justicia, tras el aval un¨¢nime dado por el Congreso a la reforma del C¨®digo Penal en esa materia. ?Qu¨¦ sentido tiene, entonces, volver a anunciarlas sin que el Gobierno disponga de un anteproyecto de reforma elaborado que las concrete? Los gobiernos tienden a utilizar el C¨®digo Penal tanto o m¨¢s que para erradicar el delito para aplacar la alarma social que crea. Pero es mala t¨¢ctica legislar (o decir que se va a hacer) a golpe de telediario.

A la espera de ver c¨®mo se concreta, el endurecimiento de penas anunciado para violadores y pederastas encaja en los par¨¢metros de un derecho penal moderno, aparte de que sea una demanda social, siempre que se haga de acuerdo con la gravedad del delito y dejando abierta la puerta a la posible rehabilitaci¨®n. Como tambi¨¦n encaja la existencia de un registro espec¨ªfico de pederastas, anexo al actual Registro Central de Penados y Rebeldes que gestiona el Ministerio de Justicia, y que se abra al acceso, adem¨¢s de los propios afectados, de los jueces, el ministerio fiscal y la polic¨ªa judicial. Lo que hace falta es crearlo cuanto antes y no s¨®lo anunciarlo, si existe la convicci¨®n de que ser¨¢ un instrumento eficaz para la protecci¨®n de las potenciales v¨ªctimas.

M¨¢s cuestionable es la pena accesoria de 20 a?os de libertad vigilada que se pretende establecer para delincuentes sexuales y terroristas reincidentes y que no han obtenido un pron¨®stico favorable de reinserci¨®n tras cumplir su condena de c¨¢rcel. De entrada, para juzgar esa iniciativa tendr¨ªa que conocerse a qu¨¦ situaciones en concreto se aplicar¨ªa y con que medios contar¨ªa la justicia para garantizar esa vigilancia: a falta de esas precisiones, es un brindis al sol. Una reforma penal que luego se deja de aplicar por inviabilidad pr¨¢ctica es el peor remedio para la inquietud ciudadana. En el caso de los delitos graves de terrorismo, impedir que prescriban subraya a¨²n m¨¢s su car¨¢cter criminal, pero apenas tendr¨ªa incidencia en su esclarecimiento, ya razonablemente garantizado por los 20 a?os de plazo durante los que ya pueden ser perseguidos. Da la impresi¨®n de que se trata de una reforma que no se ha pensado lo suficiente.