Inyecciones para inhibir la libido

"Contra violaci¨®n, castraci¨®n", rezaba una hist¨®rica consigna de algunas feministas al inicio de la transici¨®n. La sociedad espa?ola ha cambiado mucho desde entonces, pero los violadores persisten y, al hilo del caso Mari Luz, el Gobierno ha anunciado que aplicar¨¢ la llamada "castraci¨®n qu¨ªmica" a los presos que cumplen condena por delitos sexuales. Se trata de una medida que no consiste en amputar ning¨²n ¨®rgano al violador, ni en inyectarle compuestos qu¨ªmicos de manera forzada, porque ser¨ªa anticonstitucional.

En Espa?a hay m¨¢s de 71.000 presos, de los que 3.620 est¨¢n por delitos sexuales

El 18% reincide, pero los programas de rehabilitaci¨®n bajan la tasa al 4%

"?se no es el camino contra los violadores", dice la feminista Empar Pineda

El catedr¨¢tico D¨ªaz Ripoll¨¦s ve "cierto populismo" en el anuncio

Es un tratamiento hormonal que se aplica desde 1996 en Estados Unidos y diversos pa¨ªses de nuestro entorno consistente en una inyecci¨®n mensual que disminuye la producci¨®n de testosterona. De esa manera se reduce tambi¨¦n el deseo sexual "y la persona se vuelve m¨¢s d¨®cil y m¨¢s sumisa", explica Odette Terol, doctora en psicolog¨ªa cl¨ªnica y forense que tiene abierta consulta en Madrid y que ha tratado a centenares de agresores sexuales y v¨ªctimas de estos delitos.

A pesar de que el Gobierno s¨®lo ha anunciado la medida y no ha concretado su aplicaci¨®n, la "castraci¨®n qu¨ªmica" ser¨ªa un tratamiento farmacol¨®gico complementario del tratamiento psicol¨®gico que ya reciben algunos presos condenados por delitos sexuales en las prisiones espa?olas y que en algunos casos incluye tambi¨¦n el suministro de f¨¢rmacos.

Esa medida fue una de las 10 propuestas que hace unos meses realiz¨® una comisi¨®n de expertos de Catalu?a formada por especialistas de diversas disciplinas para aplicar a los violadores y los condenados por delitos contra la vida cuando ¨¦stos saliesen de prisi¨®n. Otra de aquellas medidas, que hace unos d¨ªas tambi¨¦n anunci¨® el Gobierno, era modificar el C¨®digo Penal para que los tribunales pudieran imponer en sentencia la libertad vigilada a violadores y terroristas hasta un m¨¢ximo de 20 a?os despu¨¦s de que el preso cumpliera condena.

La poblaci¨®n reclusa espa?ola supera actualmente las 71.000 personas, entre presos preventivos y penados. De ellas, 3.620 son reclusos acusados o condenados por delitos sexuales y de estos s¨®lo 569 participan en programas de tratamiento: 230 en Catalu?a, que es la ¨²nica comunidad aut¨®noma que tiene traspasadas las competencias penitenciarias, y 339 en el resto de Espa?a. En todos los casos, el hecho de no participar en un de esos programas de tratamiento comporta un informe desfavorable de la junta de tratamiento de la c¨¢rcel a la hora de obtener permisos penitenciarios.

El primer programa de tratamiento integral para delincuentes sexuales se empez¨® a aplicar en la prisi¨®n barcelonesa de Brians I en 1996, y ahora est¨¢ extendido a pr¨¢cticamente todas las prisiones catalanas y en otros 39 centros del resto de Espa?a. En 2003 se realiz¨® en Catalu?a un estudio que desvel¨® que el ¨ªndice de reincidencia en los cinco a?os posteriores a obtener la libertad era del 4,3% entre los presos que seguido un programa de tratamiento integral, mientras que la tasa entre los que no lo hab¨ªan hecho era del 18,7%. La tasa media de reincidencia delictiva en los pa¨ªses de nuestro entorno se sit¨²a en torno al 20% y diversos estudios han avalado que los tratamientos en prisi¨®n la disminuyen de manera considerable.

De forma similar a lo que ocurrido en Espa?a, la expresi¨®n "castraci¨®n qu¨ªmica" fue planteada en agosto de 2007 por el presidente franc¨¦s Nicol¨¢s Sarkozy despu¨¦s de que un pederasta que hab¨ªa sido excarcelado un mes antes secuestrase y violase a un ni?o de cinco a?os. El debate sobre qu¨¦ hacer con los violadores y los asesinos se plantea casi siempre en casos as¨ª, en los que se evidencia que la c¨¢rcel no ha cumplido la funci¨®n resocializadora. En Espa?a ocurri¨® hace ahora un a?o, con la excarcelaci¨®n en Barcelona de Jos¨¦ Rodr¨ªguez Salvador, el violador del Vall d'Hebron, liberado tras cumplir 16 a?os en prisi¨®n por 17 violaciones y pendiente ahora de un recurso en el Tribunal Supremo para que se le aplique la doctrina Parot y vuelva a la c¨¢rcel. Ese fue el detonante que llev¨® a la fiscal¨ªa de Barcelona y al Departamento de Justicia de la Generalitat a crear esa comisi¨®n de expertos para que hiciesen propuestas de actuaci¨®. Meses antes hab¨ªa sido excarcelado Alejandro Mart¨ªnez Singul, el llamado segundo violador del Eixample, tambi¨¦n en Barcelona, y ahora en prisi¨®n acusado de un intento de violaci¨®n cometido a los meses de lograr la libertad. Sin embargo, detonante definitivo ha sido el asesinato de la ni?a Mari Luz fruto de la enorme descoordinaci¨®n institucional y no s¨®lo judicial.

Otro de los episodios que sacudieron a la opini¨®n p¨²blica fue el de Pedro Jim¨¦nez Garc¨ªa, un preso condenado a 19 a?os de c¨¢rcel por varias violaciones y que aprovechando un permiso penitenciario a falta de cinco meses para lograr la libertad condicional asesin¨® a dos polic¨ªas en pr¨¢cticas en L'Hospitalet de Llobregat y viol¨® a una de ellas. La junta de tratamiento de la c¨¢rcel consideraba que estaba rehabilitado y por eso informaron a favor de ese permiso.

"Si a nadie se le ocurre plantear que las terapias contra el c¨¢ncer han de dejar de aplicarse porque en algunos enfermos no funcionan, tampoco se puede afirmar que hemos de abandonar a esos presos porque en ocasiones reinciden", explica Miguel ?ngel Labrador, psic¨®logo de la prisi¨®n madrile?a de Navalcarnero, que ha tratado a centenares de presos.

"El agresor sexual es como enfermo cr¨®nico y como tal debe ser controlado para evitar que reincida", razona Joan Carles Navarro, director de la c¨¢rcel barcelonesa de Brians I. Y ese control exige en cada caso un tratamiento individualizado, porque no se puede generalizar. "La violaci¨®n de mujeres o el abuso de menores no est¨¢ basado en el deseo sexual, sino en un pensamiento del agresor y por eso hay que hacer una reconstrucci¨®n cognitiva del cerebro. En un proceso largo y en ¨¦l puede ayudar la inyecci¨®n hormonal, pero como elemento coadyuvante", a?ade Odette Terol.

La referida inyecci¨®n hormonal ya se suministra en las prisiones catalanas, pero en contadas ocasiones, admite Joan Carles Navarro, que anteriormente hab¨ªa sido jefe del equipo de tratamiento de otra c¨¢rcel. "S¨®lo est¨¢ indicada para los presos muy compulsivos, que se ven desbordados por sus fantas¨ªas sexuales. Y la mayor¨ªa de ellos no responden a este patr¨®n, porque el motivo principal que les lleva a delinquir es humillar a la v¨ªctima, dominarla".

Los compuestos de la inyecci¨®n inhibidora del deseo sexual se comercializan en Espa?a con diversas denominaciones y se emplean de forma rutinaria en la terapia del c¨¢ncer de pr¨®stata. Tambi¨¦n como m¨¦todo anticonceptivo, porque su efecto es similar al de la progesterona, una hormona que los ovarios producen cada mes como parte del ciclo menstrual y que previene la liberaci¨®n de ¨®vulos. Se trata de un tratamiento transitorio y reversible. Es decir, sus efectos cesan cuando se deja de aplicar, de manera que cabr¨ªa preguntarse si el Gobierno piensa seguir aplic¨¢ndola a partir de la excarcelaci¨®n.

Empar Pineda, ya formaba parte del movimiento feminista espa?ol cuando algunas de sus colegas realizaban pintadas reclamando la castraci¨®n de los violadores, entendida entonces como la amputaci¨®n del pene. Ella no era partidaria entonces de aquella medida, como tampoco lo es ahora de que se suministre ese tratamiento inhibidor a los presos de manera voluntaria. "Ese no es el camino. Entonces dec¨ªamos, y ahora seguimos pensando, que la defensa de los derechos de las mujeres ha de empezar en la escuela, eso que ahora se llama igualdad, y que los delitos sexuales responden a elementos culturales muy arraigados que hay que combatir desde diversos frentes", explica Pineda.

Los juristas tambi¨¦n mantienen opiniones diversas sobre la aplicaci¨®n de la "castraci¨®n qu¨ªmica". El catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de M¨¢laga Jos¨¦ Luis D¨ªaz Ripoll¨¦s, explica que la Ley General Penitenciaria permite aplicar ese tratamiento aunque el preso se oponga, pero precisa que "no tiene sentido si no es voluntario, como cualquier tratamiento psicol¨®gico". En eso coinciden todos los profesionales consultados. El psic¨®logo Miguel ?ngel Labrador establece un paralelismo entre el preso condenado por delito sexual y el enfermo de c¨¢ncer. "Existe tratamiento y se ha demostrado que es eficaz en el marco de un tratamiento general, pero lo que no puede ser es que se interrumpa porque el recluso queda en libertad. Igual que a nadie se le ocurre que el enfermo abandone la medicaci¨®n o un tratamiento completo cuando sale del hospital", explica. En este sentido, Labrador recuerda la experiencia de Canad¨¢, en la que el Gobierno ha universalizado el tratamiento a todos los presos por delitos sexuales despu¨¦s de evaluar que tiene menos costes que los que generan esos delitos en salarios de polic¨ªas, funcionarios de prisiones, sistema judicial, etc¨¦tera. El ¨²ltimo estudio realizado por la Generalitat estima que el coste medio diario por preso es de 64 euros, a lo que hay que a?adir el coste de la construcci¨®n de las c¨¢rceles.

D¨ªaz Ripoll¨¦s entiende que el anuncio del Gobierno no est¨¢ exento de "cierto populismo" y reprocha que est¨¦ legislando para una poblaci¨®n muy reducida de presos y a ra¨ªz de casos "inducidos por el alarmismo que crean los medios a partir de asuntos muy concretos".

"La inyecci¨®n puede ayudar en alg¨²n caso, pero que no es la panacea de nada", enfatiza Navarro. En eso coincide con D¨ªaz Ripoll¨¦s, quien reclama que se mejore la t¨¦cnica para evaluar el riesgo de cada preso, "en lugar de anunciar medidas generalistas de car¨¢cter excepcional, porque eso s¨®lo sucede en temas de pol¨ªtica criminal, pero no en pol¨ªtica sanitaria o educativa".