El CGPJ pretende perdonar a la juez que no casa gays
?ltimo intento de quitarle la multa de 305 euros por atacar a Gobierno y fiscal
S¨®lo una semana despu¨¦s de dejar en una multa de 1.500 euros la sanci¨®n contra el juez Rafael Tirado -que no encarcel¨® durante m¨¢s de dos a?os a un pederasta condenado hasta que ¨¦ste asesin¨® presuntamente a la ni?a Mari Luz-, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se enfrenta a otra decisi¨®n pol¨¦mica sobre un castigo a un juez. En la ¨²ltima reuni¨®n de los vocales antes de la renovaci¨®n del ¨®rgano estudiar¨¢n si levantan o no la sanci¨®n contra la juez de Registro Civil de D¨¦nia (Alicante) Laura Alabau, quien se ha negado reiteradamente a dar validez a matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo. Es la segunda vez en 15 d¨ªas que el CGPJ estudia una propuesta de perd¨®n para esta juez.
Alabau dijo que se sent¨ªa v¨ªctima de "una persecuci¨®n"
Hace s¨®lo dos semanas, el pleno del Consejo ya evalu¨® y rechaz¨® una propuesta de levantar la sanci¨®n a la juez. Si, entonces, la raz¨®n aducida era que el expediente sancionador realizado por el gobierno de los jueces hab¨ªa caducado por haber transcurrido m¨¢s de seis meses desde que se inici¨®, ahora, el vocal autor de la propuesta, el conservador Jos¨¦ Merino (el mismo que redact¨® la anterior), cree que, en realidad, los hechos por los que se castig¨® a Alabau no constituyen ning¨²n tipo de falta disciplinaria, por lo que no merece el castigo.
Tras negarse a casar a dos hombres brit¨¢nicos en 2006, la Direcci¨®n General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia y responsable de los registros civiles de toda Espa?a, revoc¨® su decisi¨®n oblig¨¢ndola a inscribir la boda. Alabau escribi¨® entonces una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que afirmaba que la decisi¨®n de ese organismo era "ilegal" y respond¨ªa ¨²nicamente a "intereses pol¨ªticos y propagand¨ªsticos".
Despu¨¦s a?adi¨® que se sent¨ªa v¨ªctima de "una persecuci¨®n por parte del aparato propagand¨ªstico del Gobierno" y que el fiscal se hab¨ªa convertido "vergonzosamente" en un "ap¨¦ndice de ese mismo Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado".
La comisi¨®n disciplinaria del Consejo consider¨® que estas afirmaciones constituyeron una falta grave consistente en "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condici¨®n de juez o sirvi¨¦ndose de esta condici¨®n" y una leve de "desatenci¨®n o desconsideraci¨®n con el Ministerio Fiscal", que sancion¨®, respectivamente, con una multa de 305 euros y una advertencia.
La propuesta que estudiar¨¢ ma?ana el pleno considera, sin embargo, que dichas manifestaciones no constituyen ninguna infracci¨®n sino que se enmarcan "dentro del derecho a la libertad de expresi¨®n de la Se?ora Alabau". Tampoco tendr¨ªa encaje en el cat¨¢logo de sanciones para jueces y magistrados los insultos proferidos contra el fiscal porque no comprometen "la honorabilidad personal y profesional del miembro del Ministerio P¨²blico ni al ejercicio de su funci¨®n", seg¨²n el vocal Merino.
El fiscal, sin embargo, solicita en su informe que se mantengan ambos castigos -la multa y la advertencia- al considerar que las palabras de Alabau suponen una "reprobaci¨®n" contra la Direcci¨®n General de Registros que, seg¨²n la ley, "es el ¨®rgano encargado de llevar a cabo la direcci¨®n e inspecci¨®n de los servicios del Registro Civil y, en general, le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento".
La Justicia ha dejado impunes al menos a otros cinco jueces desde febrero de 2006, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambi¨® su doctrina obligando al Consejo a tramitar sus investigaciones en el plazo estricto de seis meses. Todos los jueces y magistrados sancionados con anterioridad a esa fecha -algunos por retrasos escandalosos, por no poner sentencias, por redactar resoluciones extravagantes o por abusos de poder relacionados con su condici¨®n de jueces- han quedado impunes despu¨¦s de recurrir al alto tribunal.
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