Constituci¨®n espa?ola: tiempo de reformas

El pr¨®ximo diciembre se cumple el 30? aniversario de la Constituci¨®n de 1978. Es ya la m¨¢s larga de nuestra historia constitucional y la que ha enmarcado el mayor per¨ªodo de progreso social y pol¨ªtico para Espa?a, un per¨ªodo del que no gozamos ni en nuestro convulso siglo XIX, ni en las primeras tres cuartas partes de nuestro sangriento siglo XX. Todos sabemos que la permanencia de la Constituci¨®n es un bien en s¨ª mismo, pero para que ese fen¨®meno tenga continuidad es necesaria una reforma tranquila, y constitucional, del texto de la Carta Magna.

En la pasada legislatura, la octava de la democracia, el Gobierno ya plante¨®, en el discurso de investidura del presidente Zapatero, la necesidad de abordar al menos algunas reformas constitucionales. En primer lugar, la referida a la sucesi¨®n en nuestra Monarqu¨ªa Parlamentaria, a fin de evitar la discriminaci¨®n por sexo existente en este momento en el texto legal. En segundo, la referida a la funci¨®n del Senado, para que la Alta C¨¢mara tenga el sentido que la propia Constituci¨®n le asigna, que no es otro que el de servir de C¨¢mara de representaci¨®n territorial en Espa?a. Ninguna de esas dos reformas se llev¨® a cabo; fundamentalmente, por el clima de profundo desencuentro entre las grandes fuerzas pol¨ªticas, PP y PSOE, y por el error, ojal¨¢ no repetible, por parte del PP de considerar que no deb¨ªa ser un Gobierno socialista el que encabezar¨¢ reformas que anteriormente el propio PP, como la del Senado, ya hab¨ªa planteado.

No deber¨ªa ser tab¨² querer mejorar la Carta Magna tras 30 a?os de existencia

Es evidente que hay que caminar en la direcci¨®n de la reforma constitucional buscando el mismo grado de consenso pol¨ªtico que hizo posible su redacci¨®n. ?se es parte inequ¨ªvoca del legado constituyente. Nada hay hoy en nuestro pa¨ªs que impida caminar vigorosa y certeramente por la senda reformista en lo que cabe a nuestra Carta Magna.

Todas las fuerzas pol¨ªticas estar¨¢n de acuerdo, es lo esperable, en la reforma relativa a la sucesi¨®n en la Corona. Deben, tan s¨®lo a tal efecto, cubrirse las exigencias planteadas por la propia Constituci¨®n en lo tocante a su forma, as¨ª como a sus plazos.

Y todas, estimo, deber¨ªan con generosidad comenzar a pensar seriamente en la obligatoria reforma del T¨ªtulo VIII, el referido a la organizaci¨®n territorial del Estado. El Estado de las Autonom¨ªas ha sido un ¨¦xito de nuestra Espa?a constitucional, s¨ª, pero tambi¨¦n ha creado disfunciones, tensiones pol¨ªticas y econ¨®micas y hoy, 30 a?os despu¨¦s del pacto constituyente que hizo posible la transici¨®n pol¨ªtica en Espa?a y nuestra actual Carta Magna, bien merece una atenta lectura de cara a que el Senado cumpla su funci¨®n constitucional de c¨¢mara de representaci¨®n territorial. Es preciso establecer una clara definici¨®n de los poderes y atribuciones de la Administraci¨®n Central del Estado y de las Comunidades Aut¨®nomas que lo constituyen de cara al ¨²nico marco posible de convivencia futura: el Estado Federal.

Casi todos los federalismos conocidos, como se sabe, son asim¨¦tricos, pero tal realidad no debe serlo hasta el punto de que el leg¨ªtimo derecho a la diferencia anule la igualdad de los ciudadanos espa?oles ante la ley. Por tanto, para llevar a cabo esa necesaria reforma territorial se precisan dos virtudes pol¨ªticas cl¨¢sicas: prudencia y finura. Desgraciadamente, hoy muy ausentes en nuestra vida pol¨ªtica y parlamentaria.

Por otro lado, habr¨ªa que avanzar en la l¨ªnea de aumentar, sin alharacas ni aspavientos, la laicidad del Estado. Es evidente que tambi¨¦n esto tendr¨ªa que tener su reflejo en los actos oficiales. Puesto que el Estado debe representar a todos los espa?oles nadie debe sentirse herido y confundir laicidad con exclusi¨®n de parte.

Sin duda, habr¨ªa que reformar asimismo nuestro sistema electoral. El actual prima a los partidos que se presentan en todo el territorio nacional y a los nacionalistas, castigando a los dem¨¢s y covirtiendo a las opciones nacionalistas en permanentes bisagras parlamentarias.

De cara a la construcci¨®n progresiva de nuestra modernidad ilustrada (¨²nico ideal regulativo que debe inspirar la grandeza de nuestra democracia), cabe caminar hacia la consolidaci¨®n, de veras y de una vez por todas, de la democracia interna de nuestros partidos pol¨ªticos. ?stos deber¨ªan orientarse hacia un funcionamiento por medio de listas abiertas en lo referente a la elecci¨®n de sus candidatos a las C¨¢maras representativas espa?olas. Con nuestro actual sistema, al final no es el Parlamento el que controla la acci¨®n del Gobierno, sino el Gobierno quien controla la mayor¨ªa parlamentaria correspondiente, asunto no menor, al que hay que a?adir la vigencia de un Senado, hoy por hoy, desprovisto de funciones y que por tal hace urgente su reforma real.

?sos son asuntos pendientes que deber¨ªan ir abord¨¢ndose desde un clima de concertaci¨®n pol¨ªtica, social y parlamentaria. Sin prisas, pero sin pausas. Dichas reformas contribuir¨ªan, no me cabe duda, a mejorar la convivencia entre los espa?oles y los territorios de Espa?a. Es decir, a incrementar la renovada voluntad de vivir juntos que debe ser el fundamento moderno de cualquier consideraci¨®n de la esencia de la naci¨®n.

?stos son retos en la construcci¨®n de la modernidad espa?ola que, entre todos, debemos llevar a buen puerto.

Joaqu¨ªn Calomarde, ex diputado al Congreso, es catedr¨¢tico y escritor.