El PSOE estudia reformas en la Ley de Dependencia tras s¨®lo a?o y medio
Las comunidades presionan para revisar plazos y el sistema de financiaci¨®n - Socialistas y CiU aprobar¨¢n en el Congreso un repaso a fondo de la ley
Un a?o y medio despu¨¦s de empezar a andar, la Ley de Dependencia muestra una cojera profunda de la que se duelen pr¨¢cticamente todas las comunidades: la financiaci¨®n y el calendario de la norma. El Grupo Socialista apoyar¨¢ una moci¨®n que CiU presentar¨¢ en el Congreso por la que se manda a un grupo de independientes que revisen la aplicaci¨®n de la ley.
En seis meses habr¨¢n de tener un informe con la situaci¨®n, "que seguro conllevar¨¢ reformas normativas", sostiene el diputado Carles Campuzano, de CiU, que no aprob¨® la ley en su momento.
La portavoz socialista de Asuntos Sociales en el Congreso, Marisol P¨¦rez, reh¨²sa hablar de fallos, pero s¨ª reconoce que se ir¨¢ "corrigiendo lo necesario para mejorar la ley", algo, dice, que tambi¨¦n se hace ya de forma interna desde el Gobierno, tambi¨¦n sobre el sistema inform¨¢tico, que tantas quejas ha levantado en este tiempo.
La consejera catalana de Acci¨®n Social, Carme Capdevila (ERC), se reuni¨® el mi¨¦rcoles con la ministra de Pol¨ªtica Social, Mercedes Cabrera, y a la salida manifest¨® la necesidad de revisar la financiaci¨®n; un diagn¨®stico, dijo, "compartido por la ministra". El Gobierno guarda silencio, pero los consejeros han transmitido los problemas a Cabrera y han encontrado buena disposici¨®n para corregirlos.
Otra comunidad, Galicia, gobernada por el PSOE con el BNG, reclama una reforma profunda del sistema de financiaci¨®n. Los nacionalistas gallegos, que llevan los asuntos de Dependencia en esa comunidad, propondr¨¢n a los partidos en el Congreso que vuelvan a reunirse y alcancen un acuerdo para distribuir el dinero. "No s¨®lo queremos corregir, sino financiaci¨®n suficiente, estable y ajustada a criterios territoriales", dice Xos¨¦ Bieito, director general de Acci¨®n Social en Galicia.
A?o y medio despu¨¦s, aunque las comunidades han implantado esta ley a velocidades distintas, casi todas saben ya los costes reales de atender a una persona con una dependencia aguda. Y las cuentas no les salen. Al final, coinciden, las comunidades est¨¢n sufragando el grueso de esta ley, porque tienen que complementar lo que la renta de sus ciudadanos no alcanza. Y, como dice el consejero de Castilla y Le¨®n, "cuando todos los alumnos suspenden, la culpa es del maestro". C¨¦sar Ant¨®n Beltr¨¢n alaba una ley que cont¨® con gran consenso pol¨ªtico: "Es buena y necesaria y seguiremos su implantaci¨®n, pero la financiaci¨®n nos aprieta a todos. Hay que reflexionar".
La ley se pens¨® para ser financiada a escote entre las comunidades, el Gobierno y los beneficiarios a un 33% cada uno. En Castilla y Le¨®n tienen una aportaci¨®n media de los usuarios de un 26%, y "el resto, lo pone la comunidad", resume Ant¨®n Beltr¨¢n.
Su hom¨®loga en Madrid, Engracia Hidalgo, asegura que el Estado aporta entre un 7% y un 15% de los costes reales. Otros dicen que un 20%, pero pocos suben de eso. Han encontrado que las pensiones de los grandes dependientes o sus magras rentas no dan para pagar el 33% previsto. As¨ª ocurre en Baleares, donde el Estado "no sufraga m¨¢s del 30% del coste real de la ley". "Y tenemos unas de las pensiones m¨¢s bajas del pa¨ªs", explica la consejera, Fina Santiago. "El Gobierno debe valorar la conveniencia de una aplicaci¨®n m¨¢s lenta de la ley, cuyo coste se disparar¨¢ de nuevo en 2010", afirma.
Parecida es la propuesta de Castilla y Le¨®n: "Habr¨ªa que esperar un poco y destinar los recursos primero a los que m¨¢s lo necesitan, que son los grandes dependientes, que hay m¨¢s de los que pens¨¢bamos". Ant¨®n Beltr¨¢n pide un pacto de Estado y eliminar la burocracia a la que se enfrentan. "No puede ser que para acabar pagando a alguien 400 euros escasos empleemos seis meses y unos 1.500 euros".
Voluntad de consenso, pero 17 sistemas
La Ley de Dependencia se aprob¨® con un gran consenso pol¨ªtico, una expresi¨®n de cooperaci¨®n que hab¨ªa de traducirse en un sistema ¨²nico para toda Espa?a. Con ese ¨¢nimo empezaron las negociaciones entre comunidades y se consigui¨® el primer logro: un baremo com¨²n para evaluar en todos los ciudadanos su grado de dependencia. Nada de esto era obligatorio, sino voluntario por completo, porque esta ley no distribu¨ªa competencias sino que trataba de homologar 17 sistemas de atenci¨®n social distintos que nacieron en cada comunidad. Los implicados en sacarla adelante hablan de una ley que ser¨¢ el modelo de c¨®mo tendr¨¢ que legislar Espa?a de ahora en adelante para poner en com¨²n las pol¨ªticas de cada autonom¨ªa.
Las administraciones pretend¨ªan que todos los ciudadanos aportaran lo mismo de su bolsillo y que recibieran los mismos servicios en cada territorio. Pero esos dos acuerdos, el copago y el de la calidad de los servicios que se prestan, han encallado. La ley se ha puesto en marcha sin que se haya decidido un modelo com¨²n para cada cosa.
Las caracter¨ªsticas de las comunidades estallan como bombas de relojer¨ªa. A unas se les reconoce la insularidad, pero medida de tal forma que Baleares se queja de que Canarias se queda el grueso por ese concepto. Galicia exhibe una poblaci¨®n dispersa que, aunque reconocida como criterio para repartir el dinero, no alcanza a sufragar el gasto. Otras tienen m¨¢s emigrantes retornados, y algunas, un amplio territorio. La cobertura social de la que part¨ªan era muy distinta en unas y otras. Todo ello hace dif¨ªcil un acuerdo sobre lo que le corresponde a cada cu¨¢l y c¨®mo podr¨¢ afrontar los gastos. Patronal y sindicatos esperan, a pesar de todo, que se alcancen unos marcos comunes que faciliten el trabajo de empresarios y trabajadores en todos lados.
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