Londres y Berl¨ªn presionan a Espa?a contra la Ley de Costas

Cliff Carter no sale de su asombro. "?Usted cree que la gente en Espa?a no protesta porque lo hered¨® de la ¨¦poca de Franco?". Este jubilado brit¨¢nico lleg¨® en 2003 a Valencia a vivir en la casa que sus suegros le hab¨ªan dejado a su mujer, Mar¨ªa Jos¨¦ Ruiz, que se define como Miss Carter (herencia de 30 a?os en las islas). La casa, blanca, de dos plantas, construida en los a?os setenta, tranquila a m¨¢s no poder, est¨¢ en la playa de El Saler, en un parque natural a 15 kil¨®metros de Valencia. El 2 de abril pasado recibieron una carta que a¨²n marca al matrimonio. En ella, la Direcci¨®n General de Costas les comunicaba que hab¨ªa completado el deslinde de la zona y que, en virtud de una ley de 1988, la construcci¨®n estaba en dominio p¨²blico, que pod¨ªan pedir una concesi¨®n para seguir disfrut¨¢ndola durante 30 o 60 a?os. Y Cliff no lo entiende. Cientos de extranjeros (la mayor¨ªa brit¨¢nicos y alemanes) y miles de espa?oles se encuentran en la misma situaci¨®n. Y las quejas han cruzado la frontera.

Miles de casas en primera l¨ªnea no pueden ser vendidas por la ley de 1988

Medio Ambiente replica que no planea cambiar la legislaci¨®n actual

Reino Unido pidi¨® detalles al ministro Moratinos y al embajador espa?ol

El Reino Unido y Alemania han pedido explicaciones a Espa?a por lo que consideran expropiaciones abusivas a sus s¨²bditos en la costa espa?ola. Las embajadas de estos pa¨ªses han reclamado al Ministerio de Medio Ambiente aclaraciones sobre la Ley de Costas, vigente desde 1988, pero cuya aplicaci¨®n se aceler¨® en 2004, con la llegada de Cristina Narbona al ministerio. Miles de espa?oles y cientos de extranjeros han visto c¨®mo sus casas en primera l¨ªnea de playa est¨¢n pasando a manos del Estado. Pueden usarlas durante al menos 30 a?os, pero no pueden venderlas ni ampliarlas y para hacer obras necesitan un permiso.

Las presiones son frecuentes. El 21 de mayo de 2007 el secretario del Ministerio de Exteriores brit¨¢nico, Peter Ricketts, "elev¨® la cuesti¨®n" al embajador espa?ol en Londres, seg¨²n explica un documento del Ejecutivo brit¨¢nico al que ha tenido acceso EL PA?S. En septiembre de ese a?o, Ricketts "trat¨® la cuesti¨®n" con el ministro espa?ol de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, durante una visita oficial a Madrid. Finalmente, el pasado 18 de septiembre, la secretaria de Estado de Asuntos Consulares de Reino Unido, Meg Munn, se reuni¨® en el Ministerio de Medio Ambiente con el secretario general del Mar, Juan Carlos Mart¨ªn Fragueiro, y con la directora general de Costas, Alicia Paz Antol¨ªn, para pedirles detalles sobre la ley y su aplicaci¨®n.

"Nuestra embajada en Madrid ha elevado la preocupaci¨®n a alto nivel, a menudo, en colaboraci¨®n con otras embajadas de la Uni¨®n Europea cuyos ciudadanos tambi¨¦n se han visto afectados. Seguiremos haciendo lobby en el ¨¢mbito nacional y regional para conseguir m¨¢s seguridad para los derechos sobre la propiedad privada en Espa?a", escrib¨ªa el pasado marzo un responsable brit¨¢nico. En ese mismo texto a?ad¨ªa, sin embargo, que el Reino Unido "no puede interferir en las leyes de otro Estado soberano". Los consulados en Espa?a a los que acuden los brit¨¢nicos a protestar recomiendan quejarse ante el Defensor del Pueblo o llevar el caso al Parlamento Europeo, algo que ya han hecho. El vicec¨®nsul brit¨¢nico en Alicante, John Tomlinson, respondi¨® por escrito a Cliff en febrero pasado: "Lamento conocer otro ejemplo m¨¢s de los problemas que los ciudadanos brit¨¢nicos est¨¢n padeciendo en relaci¨®n con la propiedad en Espa?a y comprendo los problemas que le est¨¢ causando".

Entre los aliados de Reino Unido est¨¢ Alemania, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a los encuentros. Representantes alemanes se reunieron antes del verano con el Ministerio de Medio Ambiente para trasladar quejas parecidas. Un portavoz alem¨¢n admite: "Por supuesto, estamos en contacto con las autoridades espa?olas para informarnos sobre la ley y su aplicaci¨®n".

La directora general de Costas, Alicia Paz, asisti¨® a la ¨²ltima reuni¨®n con los representantes brit¨¢nicos. "Quer¨ªan m¨¢s bien informaci¨®n t¨¦cnica sobre la ley y su aplicaci¨®n y dijeron que compart¨ªan el esp¨ªritu de la ley", explica a este peri¨®dico en su despacho en la primera entrevista desde que en julio fue nombrada.

El Reino Unido comprende que Espa?a quiera limitar los da?os del desbarre urban¨ªstico en la costa. Lo que no acaba de compartir es el m¨¦todo que utiliza Espa?a para expropiar a los due?os de las casas. Considera que afecta a compradores de buena fe y que no siempre garantiza la seguridad jur¨ªdica. La mayor¨ªa de los registros de la propiedad no alertan de si la propiedad est¨¢ afectada por un deslinde o si puede estarlo en el futuro. As¨ª que alguien desprevenido puede comprar una vivienda legalmente y verse sorprendido en unos a?os con que el suelo pasa a manos del Estado. Medio Ambiente anuncia que prepara un convenio con los registradores y notarios para asegurarse de que las servidumbres de la Ley de Costas queden reflejadas de forma clara y r¨¢pida en las escrituras de propiedad.

Los brit¨¢nicos lamentan que llueve sobre mojado, ya que los problemas se unen a casos como el de la ley valenciana de urbanismo, que propici¨® la expropiaci¨®n a cientos de brit¨¢nicos para construir urbanizaciones. Los ingleses denuncian el caso a sus diputados, estos al Gobierno y as¨ª llegan a la embajada. En casi todos los encuentros bilaterales del ¨²ltimo a?o ha salido el tema de la Ley de Costas.

La ley establece que en primera l¨ªnea de playa, el llamado "dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre", no puede haber ninguna casa, ninguna piscina. Como muchas de esas construcciones estaban all¨ª desde antes de 1988, la norma establece que el suelo pasar¨¢ a ser propiedad estatal y que los due?os tendr¨¢n una concesi¨®n de 30 a?os, ampliable a 60. El problema es que para delimitar si una casa estaba en la zona p¨²blica o privada, Costas ten¨ªa que hacer un tr¨¢mite -el deslinde- sin el cual no se puede aplicar la norma. La ley daba cinco a?os de plazo para deslindar toda la costa, pero 20 a?os despu¨¦s a¨²n faltan 1.845 kil¨®metros (el 17% del total) por deslindar.

El deslinde no es sencillo porque hay que hacer complejos estudios topogr¨¢ficos, ya que la norma define el dominio p¨²blico con conceptos geogr¨¢ficos. As¨ª, dice que ser¨¢ p¨²blico hasta "el l¨ªmite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos" o "las playas o dep¨®sitos de materiales sueltos, tales como arenas, gravas, incluyendo escarpes y guijarros y dunas". Adem¨¢s, suele haber multitud de alegaciones de los afectados, ya que mover la l¨ªnea uno o dos metros supone mucho dinero. La aprobaci¨®n de deslindes estuvo pr¨¢cticamente paralizada entre 1996 y 2004, con el PP, y el Gobierno prev¨¦ terminar el deslinde de todo el litoral en 2011. En 2018 comenzar¨¢n a caducar masivamente las concesiones otorgadas desde 1988.

En ese tr¨¢mite, Costas acaba de incluir la casa de Cliff en dominio p¨²blico. Y junto a ¨¦sta, las 80 viviendas de la urbanizaci¨®n La Casbah y el hotel Sidi Saler, de cinco estrellas. Todos fueron construidos en los a?os setenta. Y los due?os est¨¢n molestos. "Que apliquen el sentido com¨²n. Puede que el hotel no guste. Pero se construy¨® porque hubo una subasta de suelo p¨²blico para hacer un hotel. Ahora no nos pueden quitar el suelo. ?Por qu¨¦ no empiezan por las miles de casas ilegales que hay en Espa?a", se pregunta Roger Zimmerman, el alem¨¢n que dirige el establecimiento, y que se ha reunido con la embajada alemana. Zimmerman viste un impecable traje. Poco que ver con la ropa casi veraniega que a¨²n lucen los vecinos de La Casbah.

La urbanizaci¨®n hierve, y al llegar el periodista los vecinos le asaltan espont¨¢neamente para contar sus quejas. "No duermo desde que recib¨ª la notificaci¨®n de Costas. ?sta es mi casa y no me la pueden quitar", explica Mercedes G¨®mez. Irene Calvet narra que naci¨® aqu¨ª y que ahora vive con sus hijos peque?os: "Me he quedado en paro, y ahora si tengo necesidad no podr¨ªa vender mi casa".

Las casas de la urbanizaci¨®n m¨¢s alejadas del mar est¨¢n a decenas de metros de la arena de la playa, pero en su carta, Costas afirma que "se encuentran en la actualidad sobre el conjunto de dunas de la playa de la Devesa".

Todos los vecinos citan ejemplos de hoteles y edificios mucho m¨¢s recientes y m¨¢s cerca del mar, desde el Algarrobico a los hoteles ilegales de Lanzarote que siguen en pie pese a carecer de licencia. Cliff resume: "La casa de al lado val¨ªa 600.000 euros. Ahora no podemos vender ¨¦sta, y cuando nosotros muramos se acab¨®, la casa ya no existir¨¢. Si un d¨ªa queremos venderla, no podremos". El matrimonio Carter posee otro piso en Valencia. La mayor¨ªa de afectados tiene su casa en la costa como segunda residencia, seg¨²n el Ejecutivo, que a?ade que intenta ayudar a reubicar a aquellos que se ven afectados en una primera residencia.

Los perjudicados se est¨¢n organizando y han creado la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Su presidenta, Carmen del Amo, calcula que hay unas 45.000 viviendas que podr¨ªan estar marcadas por dicha ley en toda Espa?a, un 15% de ellas en manos de extranjeros. "No s¨¦ de d¨®nde sacan la cifra de viviendas. No tenemos estimaciones pero me parece elevada" replica Paz Antol¨ªn. El Ministerio de Medio Ambiente no comprende que el esc¨¢ndalo salte ahora por aplicar una ley de hace 20 a?os y que el PP ni toc¨® en sus ocho a?os de Gobierno. Y recuerda que ha ganado en los tribunales el 97% de los casos. La mayor¨ªa de sentencias de la Audiencia Nacional est¨¢n de parte del Gobierno.

Paz Antol¨ªn afirma que el Gobierno no tiene ning¨²n plan para impulsar una reforma de la ley, recuerda que el Constitucional aval¨® la norma y que la intenci¨®n del Ejecutivo es garantizar que todo el mundo pueda acceder y disfrutar del litoral. Aunque la ley permite al Estado rescatar las concesiones en cualquier momento y por un precio que acaba siendo bajo, Paz Antol¨ªn niega que ¨¦se sea el plan del Gobierno: "No hay previsto un rescate de las concesiones salvo que en alg¨²n sitio haya un proyecto de utilidad p¨²blica, como un paseo mar¨ªtimo o una regeneraci¨®n de playas o dunas".