La Administraci¨®n y sus 'altos secretos'

Obtener informaci¨®n oficial, acceder a archivos p¨²blicos o recabar datos de la Administraci¨®n es, m¨¢s que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en Espa?a no existe ninguna ley que garantice la transparencia. Nada ni nadie obliga a instituciones, fundaciones o entidades privadas financiadas con dinero p¨²blico a proporcionar datos a los ciudadanos. El oscurantismo es la ¨²nica norma que se cumple a rajatabla. Impera la ley del top secret.

El 28 de septiembre es el d¨ªa internacional del derecho a saber, pero la Administraci¨®n espa?ola no parece tener esa fecha en el calendario. Esta situaci¨®n, sin embargo, puede tocar a su fin. El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la informaci¨®n p¨²blica". Zapatero hizo el solemne anuncio en la clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como respuesta a una petici¨®n expresa de este organismo, que agrupa a 1.300 publicaciones. La SIP subrayaba la necesidad de que las autoridades espa?olas pongan en marcha "de manera inmediata" una ley que reconozca y regule el derecho de los ciudadanos a acceder "de manera r¨¢pida, gratuita y efectiva" a los archivos y registros administrativos en manos de autoridades y organismos p¨²blicos.

"Los funcionarios se creen guardianes de secretos", se queja un experto

Camarasa: "El di¨¢logo con el Consell es propio de los hermanos Marx"

Espa?a es uno de los cuatro pa¨ªses de la UE que carecen de regulaci¨®n

Zapatero se ha comprometido a promover una ley en esta legislatura

El 78% de las solicitudes no recibieron respuesta satisfactoria

Los datos sobre seguridad nacional y vida privada estar¨¢n protegidos

El libre acceso a la informaci¨®n se plantea como un derecho fundamental

El proceso para obtener documentos debe ser r¨¢pido, sencillo y gratuito

Posiblemente esta ley sea el milagro que esperan los valencianos para saber lo que cost¨® a las arcas p¨²blicas la visita de Benedicto XVI hace dos a?os. Casi los mismos que el diputado auton¨®mico socialista Jos¨¦ Camarasa lleva reclamando el alcance de la factura del multitudinario Encuentro de las Familias de julio de 2006. Cada poco tiempo plantea la cuesti¨®n al Gobierno que preside el popular Francisco Camps. "Estoy colapsado", se lamenta Camarasa. "He preguntado seis o siete veces sobre el coste del viaje del Papa y me contestan que el desembolso de dinero p¨²blico fue el que correspondi¨® a la organizaci¨®n de gastos propios de la visita. Repregunto, y lo mismo". En definitiva, "un di¨¢logo propio de los hermanos Marx", que el parlamentario regional atribuye a "una t¨¢ctica sistem¨¢tica del Consell que consiste en no contestar las preguntas que le puedan perjudicar".

Conocer las listas de espera de los hospitales, los contratos inmobiliarios de las fundaciones que reciben subvenci¨®n, el n¨²mero de personas expulsadas de territorio espa?ol, el porcentaje de soldados que han sufrido accidentes en Irak, los kil¨®metros de carril bici en Madrid o c¨®mo se reparte el dinero que recauda la SGAE es una misi¨®n tit¨¢nica. "La ley es absolutamente necesaria. Cualquier persona que quiera acceder a una informaci¨®n, aunque sea inocua, se encuentra ante una carrera de obst¨¢culos", constata el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de C¨¢diz Severiano Fern¨¢ndez. ?De qui¨¦n es la culpa? "Hoy por hoy, los funcionarios acuden a todo tipo de excusas para ocultar la informaci¨®n, incluido el famoso silencio administrativo. La callada por respuesta es la forma m¨¢s f¨¢cil y c¨®moda de ocultar la informaci¨®n. El ciudadano se encuentra en una situaci¨®n de indefensi¨®n; a no ser que se embarque en los tribunales, un proceso que no deja de ser largo y costoso", explica Fern¨¢ndez.

Con una ley de libre acceso a la informaci¨®n, similar a la que disfrutan al menos 78 pa¨ªses en todo el mundo, se acabar¨ªa esta secular opacidad. El Consejo de Europa tiene ya sobre la mesa el primer tratado internacional dedicado a este derecho, una convenci¨®n que podr¨ªa ver la luz en 2009. "La Administraci¨®n espa?ola quiere ser moderna, pero en esta materia va por detr¨¢s de pa¨ªses como M¨¦xico", subraya Fern¨¢ndez. Est¨¢ incluso m¨¢s rezagada que Guatemala, que acaba de aprobar una norma que obliga a los distintos organismos del Estado a revelar desde los contratos de los asesores a los gastos de representaci¨®n pasado por todo tipo de convenios urban¨ªsticos.

Si se consigue una Administraci¨®n transparente se ver¨¢ que "hay servicios que funcionan mal" y "funcionarios que a menudo se han apropiado de parcelas de poder que no les corresponden", apunta Manuel S¨¢nchez de Diego, profesor de la Facultad de Ciencias de la Informaci¨®n de la Universidad Complutense de Madrid. "La Administraci¨®n, cuando regula, tiene miedo de que se le haga trabajar o de que se puedan descubrir sus peque?os secretillos. Muchos funcionarios deber¨ªan cambiar de mentalidad; no son guardianes de secretos", a?ade en tono ir¨®nico.

Aunque Zapatero anunci¨® su regulaci¨®n hace apenas tres semanas, no es la primera vez que la ley de transparencia sale a escena. Aparec¨ªa ya en el programa electoral de los socialistas en 2004 y 2008. "Impulsaremos una ley sobre el derecho al libre acceso a la informaci¨®n que garantice que todos los poderes, autoridades p¨²blicas y entidades sostenidas con fondos p¨²blicos faciliten, en tiempo ¨²til, el libre acceso a toda informaci¨®n o documento oficial, con la ¨²nica excepci¨®n de lo que atente a la legislaci¨®n de protecci¨®n de datos o de secretos oficiales".

Promesa incumplida en la primera legislatura y trabajo extra para Access Info Europe, organizaci¨®n que aboga por la transparencia informativa en el Viejo Continente y contribuye a su desarrollo a escala mundial. La entidad -que forma parte junto a otra veintena de la Coalici¨®n Pro Acceso- ha recogido las quejas de los ciudadanos ante el cerrojazo de la Administraci¨®n en Cuando lo p¨²blico no es p¨²blico, documento que refleja una serie de casos en los que la autoridad competente ha mirado hacia otro lado.

Las peticiones formuladas no se refieren precisamente a secretos de Estado. A menos que la definici¨®n de "envase" lo sea. Access Info cuenta el ejemplo de un ciudadano que quiso saber lo que la Administraci¨®n entend¨ªa por "envase" para poder reciclar. No tuvo ¨¦xito. Tampoco recibi¨® respuesta aquel otro que solicit¨® al Ministerio de Cultura la memoria de la SGAE y de VEGAP sobre el empleo del dinero que recibe en concepto de canon digital. Aunque trat¨¢ndose de la SGAE, organismo poco dado a la transparencia de sus cuentas, bien pudieran considerarse tales informes como top secret. Cultura esquiv¨® dar las memorias pedidas porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info considera que la sociedad tiene derecho a saber c¨®mo se est¨¢ empleando este dinero. Por eso ha presentado un recurso ante los tribunales.

Todos los males proceden de uno: Espa?a es de los pocos pa¨ªses de europeos que carece de una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. S¨®lo Grecia, Luxemburgo y Chipre est¨¢n en la misma situaci¨®n. Malta, que tambi¨¦n integraba el club de los sindatos, ha tomado la delantera y ya que est¨¢ tramitando en el Parlamento la Freedom of Information Act.

Al frente de la asesor¨ªa jur¨ªdica de Access Info Europe, Eva Moraga afirma que el derecho de acceso es un instrumento clave para garantizar la transparencia. "Cualquier persona puede pedir a cualquier poder p¨²blico o entidad privada si opera con fondos p¨²blicos, informaci¨®n sobre su actividad o sobre los servicios que presta". Adem¨¢s, no tiene que explicar para qu¨¦ la quiere ni el uso que har¨¢ de ella. S¨¢nchez de Diego lo resume en dos l¨ªneas: "Tengo derecho a que me informen porque tengo curiosidad".

El seguimiento llevado a cabo por Access Info echa por tierra esa declaraci¨®n de intenciones. Tras seguir el rastro de 41 solicitudes de datos presentadas por diferentes personas a distintos organismos p¨²blicos llega a una conclusi¨®n demoledora: el 78% de las peticiones no recibieron la informaci¨®n solicitada -en unos casos la contestaci¨®n denegaba los datos (43%) y en otros, sencillamente, se opt¨® por el silencio (35%). S¨®lo en un 22% de las consultas se ofrecieron los datos requeridos.

El silencio administrativo "no vale" porque "supone una violaci¨®n de un derecho fundamental", se queja Moraga. "Hay que cambiar los usos. El ciudadano tiene derecho a estar bien informado para participar en la vida p¨²blica con conocimiento de causa". En la misma l¨ªnea insiste el profesor S¨¢nchez de Diego, que ancla el derecho de acceso directamente en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n: "El derecho a la libertad de informaci¨®n abarca el derecho a emitir, recibir y buscar informaci¨®n. Es un derecho fundamental". Recuerda que el art¨ªculo 105 -argumentado por algunos- no est¨¢ en el cat¨¢logo de los derechos fundamentales, sino que afecta a la Administraci¨®n, "la otra cara de la moneda". Por eso, sostiene que la nueva norma deber¨ªa tramitarse como ley org¨¢nica, lo que requiere "un mayor consenso entre los partidos pol¨ªticos".

Aunque Espa?a siga sin o¨ªrlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dejado claro: el derecho a la libertad de pensamiento y de expresi¨®n comprende "no s¨®lo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino tambi¨¦n el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ¨ªndole". Y a?ade que el Estado tiene la "obligaci¨®n positiva" de suministrar la informaci¨®n.

Se trata, adem¨¢s, de un derecho universal. Pese a que la materia prima es la informaci¨®n, no es exclusivo de los periodistas. Como subraya el abogado ?ngel Garc¨ªa Castillejo -autor del libro R¨¦gimen jur¨ªdico del profesional de la informaci¨®n- afecta a todos los ciudadanos. "Es de caj¨®n. Es inconcebible que a estas alturas no est¨¦ disponible". Lo importante, adem¨¢s del reconocimiento del derecho, es "que se faciliten las herramientas para que la b¨²squeda de la informaci¨®n sea efectiva". Llevar a cabo la tramitaci¨®n no deber¨¢ ser un rompecabezas ni provocar quebraderos de cabeza en el solicitante. Se trata de que sea un proceso sencillo, r¨¢pido y gratuito. Y, sobre todo, que la respuesta no discurra por los circunloquios propios del lenguaje oficial, sino que sea bien entendida por quien la recibe. "El lenguaje debe ser comprensible y la respuesta r¨¢pida. No vale que la Administraci¨®n se vaya tirando la pelota de un sitio a otro, ni el cl¨¢sico 'vuelva usted ma?ana", apunta S¨¢nchez de Diego.

El tiempo de respuesta es una pieza importante (la mayor¨ªa de las legislaciones lo acotan a un m¨¢ximo de 15 d¨ªas) para que las peticiones no se eternicen. La media de los casos en Espa?a analizados por Access Info es de 38 d¨ªas, aunque en algunas ocasiones la respuesta ha estado seis meses en el congelador. Y a veces, sigue ah¨ª. Moraga recuerda que en Suecia la contestaci¨®n debe ser inmediata. "Es un caso extremo. Se establecen plazos de 24 ¨® 48 horas. Y si la b¨²squeda de datos es compleja y va a tardar una semana el funcionario de turno llama al solicitante para explic¨¢rselo".

A la hora de determinar qui¨¦n ha de velar por la transparencia, Moraga se inclina por el modelo del Reino Unido: un organismo independiente. S¨¢nchez de Diego considera podr¨ªa recaer en una instituci¨®n similar a la del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protecci¨®n de Datos. Pero sobre todo, hace falta que sea obligatoria en los distintos escalones de la Administraci¨®n: estatal, auton¨®mica y local. Quiz¨¢ as¨ª, Camarasa pueda saber en esta legislatura lo que cost¨® la visita pastoral de 2006.