Lo p¨²blico y el p¨²blico

Las actas de las deliberaciones de cada reuni¨®n del ¨®rgano ejecutivo de la Reserva Federal de Estados Unidos pueden ser conocidas por los ciudadanos de ese pa¨ªs a partir de la tercera reuni¨®n posterior de dicho organismo. Algo as¨ª resultar¨ªa impensable con relaci¨®n al Banco de Espa?a, por ejemplo. Por razones hist¨®ricas, pero tambi¨¦n por inercias administrativas, aqu¨ª hay poca conciencia de la obligaci¨®n que tienen las administraciones de facilitar al p¨²blico el acceso a datos y documentos, incluyendo informes financiados con dinero p¨²blico. Una ley a cuya elaboraci¨®n se ha comprometido Rodr¨ªguez Zapatero deber¨¢ regular esa obligaci¨®n.

Casi todos los Gobiernos del mundo tienen tendencia al secretismo. Pero en la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos existe una legislaci¨®n espec¨ªfica que ampara y regula el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos y otras informaciones no protegidas por el secreto o el derecho a la intimidad. Espa?a es, con la poco envidiable compa?¨ªa de Grecia, Luxemburgo y Chipre, uno de los escasos miembros de la UE que no tiene regulado ese derecho, aunque el art¨ªculo 105 de la Constituci¨®n incluye un mandato al respecto. Ese art¨ªculo cita como ¨²nicas limitaciones lo relacionado con la seguridad y defensa del Estado, la averiguaci¨®n de los delitos y la intimidad personal. Existen normas (la Ley de Datos, la de Secretos Oficiales, etc¨¦tera) que protegen esas excepciones, pero no todav¨ªa la que garantice el principio general: la obligaci¨®n de facilitar el acceso de los ciudadanos a esas informaciones.

El control de los administradores y la obligaci¨®n de ¨¦stos de rendir cuentas son el nervio del sistema parlamentario. Ambos principios est¨¢n relacionados con la libertad de expresi¨®n. Pero la otra cara del derecho constitucional de difundir ideas, opiniones e informaciones es la obligaci¨®n de las administraciones de facilitar los datos que le sean solicitados. La historia contempor¨¢nea registra numerosas situaciones tr¨¢gicas que se habr¨ªan evitado si la opini¨®n p¨²blica hubiera conocido informaciones que los gobernantes ocultaron. No todo es susceptible de publicidad, pero por eso es necesaria una ley que no deje ese derecho a la discrecionalidad del poder o de quienes lo ejercen por delegaci¨®n. Zapatero est¨¢ obligado a cumplir su compromiso, reiterado hace tres semanas ante una asamblea internacional de periodistas celebrada en Madrid.