Delitos urban¨ªsticos investiga en Bigastro una permuta ilegal

El arresto el martes del alcalde de Bigastro, el socialista Jos¨¦ Joaqu¨ªn Moya, es consecuencia de la investigaci¨®n de los agentes de la Unidad de Delitos Urban¨ªsticos de la Guardia Civil sobre una permuta de suelo en el municipio. Fuentes del caso aseguran tambi¨¦n que la detenci¨®n que se extendi¨® al secretario de la corporaci¨®n y a dos empresarios fue por orden policial y no deriva de alguna de las m¨²ltiples causas que por supuestas irregularidades urban¨ªsticas tiene pendientes Moya. El regidor, el funcionario y los dos empresarios prestar¨¢n hoy declaraci¨®n ante el juez de guardia de Orihuela. La acusaci¨®n p¨²blica en este nuevo asunto por supuestas irregularidades urban¨ªsticas que salpica al longevo alcalde de Bigastro la ejercer¨¢ el fiscal Anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones.

El arresto del regidor se produce por orden policial y no judicial

Por otra parte, el concejal de Urbanismo de Bigastro, Ra¨²l Valero, asegur¨® ayer no tener conocimiento "exacto" del hecho investigado. Valero, en rueda de prensa, s¨ª explic¨® que desde el pasado mes de febrero y hasta hace 15 d¨ªas la Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento informaci¨®n "en ocho o nueve ocasiones" relacionada con una permuta de suelo para uso industrial clasificado previamente como zona verde por un local comercial. Esta decisi¨®n provoc¨® una de las denuncias urban¨ªsticas del PP contra Moya. El PP de Bigastro ha denunciado en seis ocasiones a Moya por la v¨ªa penal, cuatro de ellas sobre supuestos delitos urban¨ªsticos.

Seg¨²n otras fuentes municipales, uno de los empresarios detenidos, en concreto, Jos¨¦ P¨¦rez Moya, alias El escayolista, realiza tareas de intermediaci¨®n habitualmente en peque?as operaciones municipales de poco calado relacionadas con permutas, subastas y expropiaciones de terreno. Este empresario ser¨ªa al que el consistorio permut¨® el suelo industrial a cambio de un local comercial. En la operaci¨®n policial tambi¨¦n fue arrestado otro peque?o constructor, Manuel Nortes Hern¨¢ndez. Fuentes municipales apuntan a que la vinculaci¨®n empresarial de este promotor con el consistorio "no va m¨¢s all¨¢ de peque?as obras".

La Fiscal¨ªa de Valencia pedir¨¢ que declaren como imputados varios propietarios de los chal¨¦s ilegales que autoriz¨® construir el alcalde de Zarra, Jos¨¦ Juan Rubio, y que ejecut¨® su hijo a trav¨¦s de la empresa Telyzan. Rubio y su hijo, detenidos el martes por la Guardia Civil, pasar¨¢n presumiblemente a disposici¨®n del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Requena a lo largo de la tarde de hoy jueves. Entre tanto, la Guardia Civil y la Fiscal¨ªa inspecci¨®n la documentaci¨®n de la que incautaron en el registro del ayuntamiento de Zarra y en las dos sedes sociales de la mercantil.

La Fiscal¨ªa sostiene que hay indicios suficientes de que algunos de los propietarios, vecinos del pueblo, sab¨ªan que las construcciones eran ilegales. De hecho, algunos pagaron por una parcela de suelo no urbanizable com¨²n, y eso fue lo que declararon, y en dinero negro el chal¨¦ en dicha parcela.

Desde 2003, Rubio y varios de los concejales del ayuntamiento han venido concediendo licencias de construcci¨®n de viviendas unifamiliares en las partidas de Fau Rent¨®n, Rasmal, La Balsa, La Quebrada y La Pedrera. En total, 73 chal¨¦s ilegales, la mayor¨ªa ya entregados y ocupados. Las viviendas se comercializaban a trav¨¦s de tres inmobiliarias, que tambi¨¦n han sido denunciadas, en el mercado brit¨¢nico, de donde son la mayor¨ªa de los propietarios. Pero hay un grupo de propietarios que son vecinos del pueblo de los que la Fiscal¨ªa sospecha que conoc¨ªan los detalles de ilegalidad de la operaci¨®n urban¨ªstica.

El alcalde de Zarra, en representaci¨®n de una agrupaci¨®n independiente, tiene otra causa abierta que investiga tambi¨¦n el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de Requena, desde 2006. En ese asunto, denunciado por una concejala del PP, al alcalde, a la mayor¨ªa de la corporaci¨®n, al arquitecto municipal y al secretario del Ayuntamiento, se les acusa de prevaricaci¨®n y uso de informaci¨®n privilegiada por la venta de dos parcelas propiedad de una empresa de titularidad municipal a la empresa del hijo del alcalde por una cantidad aproximada de 9.000 euros. El hijo vendi¨® esos terrenos poco despu¨¦s para construir viviendas a un precio millonario.