La corrupci¨®n pol¨ªtica anida en la Vega Baja

La honestidad de la clase pol¨ªtica en La Vega Baja est¨¢ tocando fondo. Los cargos p¨²blicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e il¨ªcitas relaciones entre pol¨ªtica y negocio tejidas en las tres ¨²ltimas d¨¦cadas en algunos municipios.

El epicentro del obsceno escenario se sit¨²a en el urbanismo salvaje. La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusval¨ªas han llevado a pol¨ªticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la l¨ªnea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya funci¨®n supervisora del urbanismo ha sido pr¨¢cticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la ma?ana.

La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario

Cartagena, ex alcalde de Orihuela, ya ha pasado por la c¨¢rcel

Orihuela y San Fulgencio tienen un nexo en com¨²n: las grabaciones

Las ¨²ltimas v¨ªctimas del acoso policial y judicial a la corrupci¨®n han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Mart¨ªnez, y el alcalde de Bigastro, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Moya, ambos socialistas. La primera est¨¢ en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urban¨ªstica. Adem¨¢s de los dos alcaldes, el saldo de la ¨²ltima acometida de los jueces y la polic¨ªa a las tramas de corrupci¨®n se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de polic¨ªa local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.

La abultada lista se refiere ¨²nicamente a los peque?os municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupci¨®n en La Vega Baja es a?ejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras P¨²blicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcald¨ªa de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro a?os por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todav¨ªa tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres a?os de prisi¨®n.

Con el cambio de siglo, los focos de la corrupci¨®n apuntaron directamente a los dos grandes n¨²cleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde Jos¨¦ Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gesti¨®n urban¨ªstica y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en v¨ªa muerta, despu¨¦s de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y viv¨ªa en un chal¨¦ propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputaci¨®n le cerr¨® el paso a la reelecci¨®n en 2007, aunque su partido volvi¨® a ganar en Orihuela.

El n¨²mero de esc¨¢ndalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputaci¨®n por una plusval¨ªa de 5,2 millones de euros que le report¨® la compraventa de una finca supuestamente con informaci¨®n privilegiada. Hern¨¢ndez Mateo revalid¨® el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, adem¨¢s, se blind¨® con el acta de diputado auton¨®mico. Todo ello con el benepl¨¢cito de su m¨¢ximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hern¨¢ndez Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, seg¨²n expertos urbanistas, es el m¨¢s depredador del territorio de la comarca y da cobijo, seg¨²n la polic¨ªa, a grupos mafiosos por su laber¨ªntica trama.

Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos ¨²ltimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polariz¨® la atenci¨®n de los medios: los 1.200 chal¨¦s construidos en plena huerta de Catral, la mayor¨ªa en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos est¨¢n imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodr¨ªguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccion¨® interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos a?os despu¨¦s no ha aportado una soluci¨®n definitiva.

La estad¨ªstica de damnificados, en funci¨®n del color pol¨ªtico, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formaci¨®n se aplaude la acci¨®n de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un l¨ªder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.

En apariencia, seg¨²n los socialistas, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha actuado con distinto rasero. ?Por qu¨¦ en el caso Orihuela, con una grabaci¨®n tambi¨¦n sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ?Por qu¨¦ el caso de la finca de Hern¨¢ndez Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaraci¨®n del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.

Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en com¨²n: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero est¨¢ pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario ?ngel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsi¨®n. Este sumario, bajo secreto desde hace a?o y medio, est¨¢ a punto de empezar a caminar y seguro que engordar¨¢ la lista de arrestados e imputados.