117 enmiendas del Grupo Popular a la Lei de Vivenda

El Grupo Parlamentario Popular expondr¨¢ 117 enmiendas parciales durante el tr¨¢mite de la ponencia de la Lei de Vivenda que promueve la Xunta, puesto que, aunque considera que se trata de una norma que "nace caduca" y "carece de utilidad", estima necesario introducir "todas las mejoras posibles".

La promotora de las enmiendas y portavoz en esta materia del Grupo Popular, Pilar Rojo, plantear¨¢ una reformulaci¨®n del proyecto de ley para que se centre s¨®lo en las competencias de la Conseller¨ªa de Vivenda, sin invadir aspectos gestionados por otros departamentos como los de Pol¨ªtica Territorial o Industria y Econom¨ªa. De hecho, record¨® que estas ¨¢reas auton¨®micas "ya enmendaron" la normativa para tratar de corregir estas intromisiones competenciales.

Rojo prev¨¦, as¨ª, discutir la mayor parte del articulado, ya que ¨¦ste consta de 119 apartados y, del total de las enmiendas, 90 se refieren al texto normativo. El resto se dirigen a las disposiciones transitorias (tres), a las disposiciones ¨²ltimas (tres) y a la exposici¨®n de motivos (15).

En concreto, el PP pretende "evitar la dispersi¨®n normativa" y la "inseguridad jur¨ªdica" que, en su opini¨®n, provocar¨¢ la nueva normativa tal y como est¨¢, porque incorpora referencias a otras ya aprobadas y plantea redefiniciones de conceptos ya incluidos en la Lei do H¨¢bitat o en el Plan Sectorial de Vivenda.

Otro de los objetivos se basa en "clarificar" el alcance de los supuestos expropiatorios previstos de la ley, que plantea esta posibilidad para pisos vac¨ªos y en mal estado, as¨ª como en "garantizar" el derecho de acceso a las viviendas de protecci¨®n p¨²blica por parte de las personas con discapacidad.

"Efectos perversos"

Por otra parte, el PP presentar¨¢ una enmienda para exigir al Ejecutivo auton¨®mico las gestiones necesarias para reconocer "el car¨¢cter urbano de los n¨²cleos rurales tradicionales de la costa gallega". Con ello intenta evitar los "efectos perversos" de la aplicaci¨®n de la Ley de Costas estatal de 1988, que prev¨¦ un r¨¦gimen sancionador con multas de hasta 600.000 euros a ciudadanos de rentas medias y bajas.

Los populares son partidarios de fijar un "plazo m¨¢ximo" para la aprobaci¨®n de los reglamentos recogidos en la ley ya que, de no promulgarse a corto plazo, el texto no podr¨¢ aplicarse debido a su "excesiva inconcreci¨®n".