Asociaciones privadas llenan el vac¨ªo p¨²blico hacia los enfermos mentales
Los colectivos denuncian las "clamorosas deficiencias" de la red sanitaria
Francisca Llobell, de 73 a?os, vive espantada desde que a su hijo, de 42 a?os, le sobrevino una esquizofrenia paranoide. Su negativa a seguir el tratamiento farmacol¨®gico es la causa de continuos brotes violentos que han puesto en m¨¢s de una ocasi¨®n en peligro la integridad f¨ªsica de su anciana madre, que vive en Teulada. Pero quien no pudo defenderse del ataque mortal de otro enfermo mental sin medicar fue la propietaria de un sex shop en Alicante, el pasado 2 de octubre. La mujer muri¨® acuchillada por un hombre cuyo trastorno no fue precisado, pero que hab¨ªa abandonado el psiqui¨¢trico penitenciario hace cuatro meses y supuestamente dej¨® de tener un seguimiento m¨¦dico.
Sucesos como estos, que aunque residuales desatan la alarma social por la gravedad de las consecuencias, han vuelto a poner de relieve las "clamorosas deficiencias" de la red sanitaria valenciana en materia de salud mental, seg¨²n la Asociaci¨®n Valenciana de Neuropsiquiatr¨ªa y Salud Mental (AEN-PV). Desde los "poderes p¨²blicos" se estigmatiza a los afectados por estas dolencias, y al mismo tiempo las administraciones obvian a este nutrido colectivo y privan a los afectados de su derecho a ser tratados de manera ¨®ptima, denuncia Salvador Roig, portavoz de la Plataforma por la Defensa y Mejora de Salud Mental de Alicante.
El 15% de la poblaci¨®n sufre alg¨²n problema de salud mental
La red sanitaria valenciana es la que da las "peores" prestaciones
El Consell debe un mill¨®n de euros a las asociaciones de ayuda al enfermo
Los afectados censuran la imagen de peligrosidad de los pacientes
La "urgencia" de resolver esta "abrumadora" insuficiencia de recursos la revelan las cifras. El 15% de la poblaci¨®n valenciana sufre un problema de salud mental durante su vida; al 5% de estos pacientes se les cronificar¨¢ la enfermedad, apunta uno de los m¨¢s prestigiosos expertos genetistas del sistema nervioso, Salvador Mart¨ªnez, del Instituto de Neurociencias de Alicante. Una enfermedad mental viene determinada en un 60% por predisposici¨®n gen¨¦tica.
Frente a una prevalencia de las patolog¨ªas mentales notablemente elevada, la red valenciana exhibe las "peores" prestaciones sanitarias y sociales del territorio nacional, seg¨²n AEN-PV. De hecho, son 22 asociaciones sin ¨¢nimo de lucro, agrupadas en la Federaci¨®n Valenciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes), las que tratan de paliar el vac¨ªo en la sanidad p¨²blica. Con gran voluntarismo por parte de los profesionales, pero con tremendas dificultades financieras. El pasado mi¨¦rcoles, Feafes anunci¨® recortes en la prestaci¨®n de su servicio ante la imposibilidad de afrontar sus gastos por los retrasos en el pago de la Consejer¨ªa de Sanidad, que les adeuda m¨¢s de un mill¨®n de euros. Tras el impacto medi¨¢tico, el departamento de Manuel Cervera se comprometi¨® de manera urgente a abonar la subvenci¨®n.
En medio de este "desolador" contexto sociosanitario en materia de salud mental, la Audiencia de Alicante prepara un protocolo de actuaci¨®n sanitaria judicial con el fin de tratar ambulatoriamente a los enfermos que rechazan el tratamiento. La iniciativa, impulsada por su presidente, Vicente Magro, a la saz¨®n art¨ªfice de protocolos contra la violencia de g¨¦nero o para rehabilitar a los infractores de la seguridad vial, se ha encontrado con el rechazo un¨¢nime de los principales colectivos de profesionales y familiares de enfermos mentales como la AEN o Feafes . "Resulta sarc¨¢stico" y casi "ofensivo" que se plantee un tratamiento desde el ¨¢mbito judicial mientras existe una "inadmisible precariedad de recursos sanitarios" para atender a todas las personas con enfermedad mental, explica Roig. Afectados y profesionales sostienen que no se debe recurrir al sistema judicial para sustituir las carencias del ¨¢mbito sanitario.
Y es que la escasez de recursos, tanto en el ¨¢mbito hospitalario como en el extrahospitalario es "alarmante" en el apartado de psiquiatras, psic¨®logos, enfermeros especializados. Mucho peor est¨¢ el dispositivo de psiquiatras infantiles. Se trata de una demanda hist¨®rica de colectivos de familiares y, sin embargo, a d¨ªa de hoy, no existen en la red sanitaria. Feafes denuncia que no existen unidades de salud mental completas y multidisciplinares (psiquiatras, psic¨®logos, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de ayuda a domicilio...) en la Comunidad Valenciana. La insuficiente cobertura tiene su correlato en la masificaci¨®n estructural que padecen estas unidades, de manera que los enfermos son tratados de manera parcial, lo que aumenta el riesgo de cronificaci¨®n de sus patolog¨ªas. Por ello, el planteamiento que se hace desde la Audiencia de Alicante es "err¨®neo e inadecuado", opina Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Monge, presidente de Feafes.
El protocolo de actuaci¨®n sanitaria judicial promovido por la Audiencia de Alicante incluye la creaci¨®n de un juzgado especializado en salud mental dotado con expertos forenses y psiquiatras para atender los casos de internamientos e incapacidades. As¨ª, junto con el seguimiento y control de la medicaci¨®n en los casos m¨¢s graves se a?adir¨ªa una vigilancia especial para excarcelados con dolencias mentales.
Pero a juicio de los colectivos que trabajan con afectados, para su implantaci¨®n deber¨ªan darse unas condiciones de cobertura sanitaria previa que en esta regi¨®n no existen. Adem¨¢s, en su opini¨®n, el desarrollo de los servicios de apoyo domiciliario de las unidades de salud mental, permitir¨ªa atender a los casos "m¨¢s graves" con intervenciones individualizadas. Para ellos, la propuesta de Magro es una simplificaci¨®n de situaciones muy complejas y dolorosas a las que no se pueden dar respuestas parciales. Los afectados censuran que se d¨¦ una imagen de peligrosidad y conflictividad de los enfermos para justificar el citado protocolo. Adem¨¢s, recuerdan que existe uno para internamientos, pero que no se aplica por falta de medios. Las demandas planteadas por estos colectivos est¨¢n recogidas en la Ley General de Sanidad.
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