Un juez tumba los presupuestos de Barrientos por ocultar informaci¨®n

El Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga) se ha quedado sin sus presupuestos vigentes porque el gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos, en prisi¨®n preventiva por el caso Astapa, neg¨® informaci¨®n a los concejales de la oposici¨®n.

El juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero 6 de M¨¢laga ha dejado sin efecto la aprobaci¨®n de las cuentas de 2008 porque se vulner¨® el derecho constitucional a la participaci¨®n de los ciudadanos en los asuntos p¨²blicos. El anterior concejal de Hacienda Francisco Zamorano, tambi¨¦n imputado en el caso de corrupci¨®n, convoc¨® una comisi¨®n informativa para estudiar los presupuestos apenas media hora antes del pleno en el que se aprobaron. Los concejales de la oposici¨®n s¨®lo tuvieron 10 minutos para estudiar la principal herramienta econ¨®mica municipal.

El Consistorio aleg¨® que las comisiones antes del pleno eran algo "habitual"

El juez deduce que se vulneraron por sistema los derechos de los ediles

El fallo dificulta a¨²n m¨¢s la gesti¨®n del municipio, que arrastra una deuda de 97 millones y cuya inestabilidad econ¨®mica le obliga a prorrogar sus presupuestos en 2009.La anulaci¨®n judicial de las cuentas de 2008 obligar¨¢ al alcalde, David Valadez (PSOE), a tratar de aprobarlas de nuevo en pleno antes de que acabe el a?o. Antes, debe convocar una comisi¨®n informativa de Hacienda y aportar la informaci¨®n necesaria para que los concejales de la oposici¨®n se formen una opini¨®n. Valadez preside en minor¨ªa una corporaci¨®n con siete de sus 25 concejales imputados en el caso Astapa.

Si el Ayuntamiento no vuelve a aprobar el presupuesto de 2008 antes de fin de a?o, tendr¨ªa que recuperar las cuentas de 2007, que fueron elaboradas por el ex concejal del PES Manuel Reina, en prisi¨®n preventiva desde junio por el caso Astapa.

Los abogados del Consistorio recurrir¨¢n la sentencia. As¨ª evitar¨¢n que los concejales que denunciaron estas irregularidades -Ricardo Galeote (Partido Popular) y Juan Manuel Rodr¨ªguez (de la formaci¨®n posgilista PES)- soliciten la ejecuci¨®n de la sentencia y se paralice la actividad econ¨®mica del municipio. "Una vez que se anulen los presupuestos, cualquier movimiento econ¨®mico de envergadura en el Ayuntamiento puede considerarse una prevaricaci¨®n", explica el abogado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Espinosa, representante de los ediles en este procedimiento.

El letrado solicitar¨¢ la ejecuci¨®n de la sentencia, aunque tambi¨¦n cuenta con el recurso del Consistorio. "En un mes y medio puede haber resoluci¨®n de una instancia superior que creemos ser¨¢ favorable ya que el fallo recoge mucha jurisprudencia", a?ade Mart¨ªn Espinosa.

El magistrado David G¨®mez, titular del juzgado de lo contencioso administrativo n¨²mero 6 de M¨¢laga, cita seis sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, la ¨²ltima de enero de 2008, en las que se apoya una interpretaci¨®n "en el sentido m¨¢s favorable" de los derechos fundamentales, "m¨¢xime cuando la participaci¨®n de los ciudadanos en los asuntos p¨²blicos a trav¨¦s de sus representantes pol¨ªticos constituye una de las manifestaciones m¨¢s significativas del pluralismo pol¨ªtico". Tambi¨¦n recoge dos casos similares ocurridos en los ayuntamientos de Marbella y Guaro.

El juez G¨®mez no ve "de recibo" que el Ayuntamiento se justifique diciendo que era "habitual" que las comisiones informativas se celebrasen 30 minutos antes de los plenos en los que los concejales ten¨ªan de tomar decisiones, o que se amparen en la ausencia de impugnaciones anteriores. "Esto no convierte lo legal en ilegal, ni convalida una actuaci¨®n contraria a un derecho fundamental de los miembros de la Corporaci¨®n (...) al contrario apunta a una sistem¨¢tica vulneraci¨®n del precepto", explica G¨®mez. A pesar de todo, el juez no aprecia "temeridad o mala fe" en el comportamiento de la administraci¨®n local y no le condena a pagar las costas.

Con la sentencia se anula el decreto de alcald¨ªa del 12 de febrero de 2008, con el que Barrientos convoc¨® el pleno ordinario en el que aprobaron los presupuestos, y el punto quinto del del pleno, con el que sacaron adelante el presupuesto general del Ayuntamiento y la plantilla para 2008.

"El d¨ªa del pleno, todos los concejales de la oposici¨®n salieron de la sala como se?al de protesta", explica Mart¨ªn Espinosa. S¨®lo quedaron los dos ediles que despu¨¦s lo han impugnado. Ricardo Galeote, del PP, ya hab¨ªa denunciado al equipo de gobierno de Barrientos en 2007 por incumplir el compromiso de celebrar plenos ordinarios el ¨²ltimo viernes de cada mes.

En esta ocasi¨®n, a la que se sum¨® su compa?ero de partido Ignacio Mena, consiguieron que el juez declarase contraria a los derechos fundamentales la convocatoria de un pleno celebrado el martes 30 de mayo de 2006. El juez oblig¨® a Barrientos a cumplir un acuerdo de 27 de junio de 2003 en el que se compromet¨ªa a celebrar los plenos ordinarios el ¨²ltimo viernes de cada mes a las 9.00.