Ciencia con fronteras

Espa?a comparte con Chipre el dudoso honor de ser los ¨²nicos miembros de la Uni¨®n Europea que, hasta la fecha, no han aplicado en su legislaci¨®n una directiva de 2005 sobre el llamado "visado cient¨ªfico". Se trata de una disposici¨®n orientada a facilitar los tr¨¢mites de trabajo y residencia para ciudadanos no comunitarios con una especial cualificaci¨®n en el ¨¢mbito de la ciencia y la investigaci¨®n.

El pasado 16 de octubre, la Comisi¨®n llev¨® el caso de Espa?a al Tribunal Europeo de Justicia, ante el que el Ministerio de Trabajo tendr¨¢ dif¨ªcil esgrimir los argumentos empleados para uso interno. Nada obligaba a esperar una amplia reforma de la Ley de Extranjer¨ªa -anunciada para antes del verano y destinada a endurecer algunos aspectos de la actual, como la reagrupaci¨®n familiar- para respetar los procedimientos de aplicaci¨®n efectiva de normas comunitarias ya aprobadas.

El retraso en la implantaci¨®n del "visado cient¨ªfico" es revelador de la distancia que media entre el discurso pol¨ªtico y la realidad de la gesti¨®n administrativa en esta materia. Las especificidades que presenta en Espa?a la crisis que golpea a la pr¨¢ctica totalidad de las econom¨ªas desarrolladas han llevado a reconocer la necesidad de transformar el modelo de crecimiento seguido hasta ahora, deslig¨¢ndolo del sector de la construcci¨®n y apostando por el aumento de la productividad y de la financiaci¨®n de los programas de I+D, tanto por parte del sector p¨²blico como del privado.

Dif¨ªcilmente se lograr¨¢ avanzar por ese camino si, en lugar de facilitar la llegada de cient¨ªficos e investigadores que complementen y estimulen la labor de sus colegas espa?oles, se mantienen unas injustificables trabas burocr¨¢ticas, como la exigencia de ciertas caracter¨ªsticas en el contrato de trabajo o de un determinado nivel en las retribuciones. Y todo ello por no hablar de las dificultades muchas veces kafkianas para reconocer las titulaciones de otros pa¨ªses y permitir que los profesionales extranjeros participen en los procesos de selecci¨®n para puestos en Espa?a.

Tampoco encaja esta falta de diligencia en la transposici¨®n de la directiva y el papel que se pretende asignar a las universidades, sobre todo a partir del proceso de Bolonia. La acogida de investigadores y cient¨ªficos espa?oles que desarrollaban su labor en el extranjero a trav¨¦s del Programa Ram¨®n y Cajal present¨® en su d¨ªa algunas dificultades. Ahora ocurre otro tanto con la posibilidad de integrar en los claustros a extranjeros no comunitarios, y esta vez no por obst¨¢culos interpuestos desde las propias universidades.

Incorporar al derecho interno la directiva del "visado cient¨ªfico" deber¨ªa ser una prioridad, independientemente de los planes del Gobierno acerca de la Ley de Extranjer¨ªa. No s¨®lo para evitar comparecer ante el Tribunal Europeo de Justicia, sino porque esa directiva constituye un inmejorable instrumento para favorecer niveles de excelencia en la ciencia y la investigaci¨®n de nuestro pa¨ªs.