El Constitucional espera

Tras el bloqueo durante casi dos a?os del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la resistencia del Partido Popular a aceptar una renovaci¨®n que presum¨ªa contraria a sus intereses, el Tribunal Constitucional (TC) se encamina a un periodo parecido de interinidad. Su renovaci¨®n parcial -la correspondiente a los cuatro magistrados designados por el Senado- est¨¢ a punto de cumplir un a?o de retraso.

Este empantanamiento se debe ahora al empe?o del PP (a trav¨¦s de las autonom¨ªas que gobierna) en proponer de manera concertada a dos ¨²nicos candidatos (el presidente y el portavoz del anterior CGPJ, Francisco Hernando y Enrique L¨®pez, respectivamente), cuyos t¨ªtulos y trayectoria profesional dif¨ªcilmente podr¨¢n considerarse un aval suficiente de la "reconocida competencia" -lo que implica una cierta especializaci¨®n- exigida por la Constituci¨®n. Dos candidatos, adem¨¢s, que el PP sabe dif¨ªcilmente aceptables por el PSOE tras su activa beligerancia contra las iniciativas legislativas del Gobierno durante la anterior legislatura.

El acuerdo anunciado en julio pasado por Zapatero y Rajoy no ha impedido el bloqueo; simplemente, aplaz¨® el problema al conocimiento de los candidatos presentados. La renuncia a un m¨ªnimo control sobre la idoneidad de los mismos permite maniobras como la del PP, claramente contraria al de la reforma del procedimiento de designaci¨®n, que intentaba dar participaci¨®n en la misma a las comunidades aut¨®nomas. Se presentan candidatos cuya mayor cualificaci¨®n es la afinidad ideol¨®gica y frente a los que, tras algunos amagos de rechazo, se termina por transigir en aras del principio de hoy por ti, ma?ana por m¨ª.

Aprovechando ese marco, el PP parece haber decidido dejar las cosas como est¨¢n hasta que el Constitucional falle el recurso contra el Estatuto catal¨¢n. En la anterior legislatura, intent¨® forzar, con la recusaci¨®n del magistrado P¨¦rez Tremps, una mayor¨ªa favorable a sus posiciones. Ello provoc¨® una reacci¨®n en cadena de incidentes de recusaci¨®n que dividi¨® al Tribunal, afect¨® a su prestigio y credibilidad y retras¨® el pronunciamiento del mismo sobre el estatuto.

Ahora, al proponer a esos dos candidatos, opta por mantener el bloqueo, sin duda porque considera m¨¢s favorable a sus intereses la actual composici¨®n del Tribunal que la que resultar¨ªa de su renovaci¨®n pendiente. El PSOE, por su parte, ha optado por no insistir si ello favorece que el TC alumbre cuanto antes su esperado fallo sobre el estatuto. A su vez, sectores nacionalistas catalanes han planteado, con car¨¢cter preventivo, las medidas que tomar¨ªan si el TC recorta el texto. Con independencia de otras consideraciones sobre el sentido de tales medidas, se trata de una obvia forma de presi¨®n sobre el tribunal. No pueden lanzarse mensajes que buscan contraponer como radicalmente opuestos los principios democr¨¢ticos y de legalidad, pues obviamente ambos encuentran su acomodo en el marco de la Constituci¨®n, de la que el Tribunal Constitucional es supremo int¨¦rprete y garante.

De nuevo, por tanto, c¨¢lculos pol¨ªticos e intereses partidistas se interponen en la marcha de las instituciones. No s¨®lo en la del Tribunal Constitucional, sino en este caso tambi¨¦n de la del Senado, la instituci¨®n que junto con el Congreso representa la soberan¨ªa popular, que se ha visto obligado a meter en la carpeta de asuntos pendientes una tarea urgente, que ya acumula un importante retraso y que pone en entredicho su funcionamiento. Algo que se est¨¢ convirtiendo en el m¨¢s grave problema pol¨ªtico de la democracia espa?ola y frente al que los partidos pol¨ªticos, y en especial el PSOE y el PP, no s¨®lo no toman medidas, sino que lo agravan con su reiterativo comportamiento.