Una ley fijar¨¢ los contenidos de la televisi¨®n p¨²blica

El Gobierno ha dado los primeros pasos para sacar adelante la Ley General Audiovisual, una promesa incumplida desde la primera legislatura del PP. El impulso viene directamente de la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, que aspira a lograr un consenso entre todos los agentes implicados. La nueva norma regular¨¢ tanto el sector p¨²blico como el privado. Ser¨¢ "una ley marco", seg¨²n el Ejecutivo, que se ajustar¨¢ a la directiva de Televisi¨®n sin Fronteras e incluir¨¢ la creaci¨®n de un Consejo de Medios Audiovisuales. El Ministerio de Industria, encargado de su tramitaci¨®n parlamentaria, calcula que estar¨¢ lista en marzo de 2009.

Por primera vez, se establecer¨¢ una clara diferenciaci¨®n entre los contenidos de las televisiones p¨²blicas y las privadas para evitar que ofrezcan -como ocurre ahora- programaciones cl¨®nicas. Las emisoras (estatales o auton¨®micas) financiadas con el dinero de los impuestos tendr¨¢n que cumplir los compromisos de servicio p¨²blico que actualmente est¨¢ redactando Bruselas. Ser¨¢ la manera de justificar las jugosas subvenciones que reciben. RTVE y los 13 entes regionales consumen cada a?o alrededor de mil millones de euros procedentes de las arcas p¨²blicas.

Para eludir conflictos, la nueva ley quiere dejar muy bien delimitado el modelo de financiaci¨®n. Uno de los objetivos del Gobierno es que TVE vaya recortando poco a poco su dependencia del mercado publicitario, hasta el extremo de suprimir completamente los anuncios. El Ejecutivo eval¨²a los efectos que tendr¨ªa reducir en TVE un minuto de publicidad/hora por a?o. Para 2009, el tope ser¨¢ de 10 minutos (frente a los 12 de las cadenas comerciales), de manera que en una d¨¦cada la publicidad podr¨ªa ser cero. Uteca, la entidad que agrupa los operadores privados, quiere que las auton¨®micas sigan el ejemplo de TVE. De momento, cada una aplica su propia norma, pero la nueva ley unificar¨¢ criterios porque ser¨¢ (sin perjuicio de las competencias auton¨®micas) de car¨¢cter "general".

La cuesti¨®n a resolver es c¨®mo ser¨¢ entonces el modelo de financiaci¨®n. Una de las alternativas puestas sobre la mesa es la f¨®rmula dise?ada en Francia por Nicolas Sarkozy, que pasa por costear la televisi¨®n p¨²blica con una tasa sobre los beneficios de las privadas (Telecinco y Antena 3 ganaron conjuntamente el a?o pasado m¨¢s de 500 millones de euros). Las cuentas del sector privado ser¨ªan m¨¢s desahogadas porque se repartir¨ªan la porci¨®n de la tarta publicitaria que actualmente se comen las p¨²blicas. TVE acapar¨® el a?o pasado 713 millones de euros y las auton¨®micas absorbieron 350 millones, seg¨²n InfoAdex.

A diferencia de los modelos imperantes en Europa, el Gobierno rechaza implantar un canon para sufragar los gastos de las corporaciones p¨²blicas, aunque no descarta que puedan explotar f¨®rmulas como el patrocinio. En una reuni¨®n celebrada la semana pasada con el consejo de administraci¨®n de RTVE y los sindicatos, Fern¨¢ndez de la Vega apost¨® por un modelo p¨²blico fuerte y de calidad.

Destinada a reordenar una mara?a de normas dispersas y muchas de ellas obsoletas, la ley audiovisual se adaptar¨¢ al nuevo entorno tecnol¨®gico. Regular¨¢ la televisi¨®n en movilidad (port¨¢til) y pondr¨¢ orden en el sector radiof¨®nico, donde se han instalado 2.000 emisoras piratas sin que nadie se preocupe de desalojarlas del dial.

El Gobierno quiere incluir dentro de la ley el Consejo de Medios Audiovisuales, una autoridad independiente encargada de velar por su cumplimiento. Pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses de la UE tienen organismos de estas caracter¨ªsticas y el Consejo de Europa ha instado a que se pongan en marcha all¨ª donde no existen. En Espa?a hay consejos auton¨®micos en Catalu?a, Andaluc¨ªa y Navarra.

Este organismo tendr¨¢, entre sus funciones, velar por la transparencia empresarial de los operadores, hacer respetar los compromisos de programaci¨®n (incluidos los contenidos destinados al p¨²blico infantil), los l¨ªmites publicitarios o las inversiones en cine. Estas tareas recaen ahora en el Ministerio de Industria, que tambi¨¦n se encarga de sancionar los incumplimientos.