Delitos, penas y v¨ªctimas

El proyecto de reforma del C¨®digo Penal (enmarcado te¨®ricamente en el Pacto de Justicia del Gobierno y el PP) ha sido acremente desaprobado por el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, formado por 200 expertos en la materia. El documento cr¨ªtico lamenta que la propuesta para la modificaci¨®n del cercano c¨®digo de 1995 se haya hecho a golpe de telediario o de titulares de cr¨®nica negra period¨ªstica a fin de tranquilizar a una sociedad conmocionada por sucesos tales como la excarcelaci¨®n de De Juana Chaos o la muerte de Mari Luz Cort¨¦s. La Exposici¨®n de Motivos del anteproyecto confirma indirectamente el diagn¨®stico sobre el oportunismo de la reforma al lamentar que las estructuras jur¨ªdicas del derecho penal se adapten con tanta dificultad a los cambios de la realidad social "a causa de las garant¨ªas fundamentales de la seguridad jur¨ªdica". Los "efectos perniciosos" de esa tendencia a la estabilidad garantista del ordenamiento jur¨ªdico criminal son "una constante preocupaci¨®n" para el legislador que se siente obligado a responder a las demandas populares. Los abusos sexuales y el terrorismo constituyen un ejemplo de las m¨¢s de 80 modificaciones impuestas al C¨®digo Penal de 1995 por la "mutabilidad de la din¨¢mica social".

El proyecto de reforma del C¨®digo Penal de 1995 aumenta los delitos y agrava las penas

La tensi¨®n entre el deseo de complacer a los futuros electores y el deber de mantener la vigencia de los derechos fundamentales proclamados por la Constituci¨®n ha producido en este caso m¨²ltiples desaguisados. Si el endurecimiento de buena parte de las sanciones anteriormente existentes resulta desproporcionado, la creaci¨®n de la pena accesoria de libertad vigilada -con una duraci¨®n de uno a 20 a?os- aplicable despu¨¦s del cumplimiento completo de la condena de reclusi¨®n, plantea problemas de constitucionalidad. Una persona sentenciada a 40 a?os por un delito grave de terrorismo podr¨ªa encontrarse a la salida de prisi¨®n con la obligaci¨®n de tener que cumplir otros 20 en un r¨¦gimen de vigilancia extracarcelaria.

El documento del Grupo de Estudios recuerda que la funci¨®n del Derecho Penal no es "la satisfacci¨®n de la venganza privada" ni "la asunci¨®n por el Estado del papel de v¨ªctima". El movimiento de p¨¦ndulo ha oscilado desde la injustificada invisibilidad o marginaci¨®n ante la opini¨®n p¨²blica de las v¨ªctimas hasta el recordatorio permanente de que la funci¨®n de la pena no puede limitarse a la reinserci¨®n de los reos, sino que se extiende al restablecimiento de la paz social, la reparaci¨®n de los efectos del delito y la retribuci¨®n a los damnificados. Pero ese cambio de perspectiva no deber¨ªa tirar por la ventana el legado del Siglo de las Luces ni retroceder hasta los principios de venganza, resarcimiento y expiaci¨®n de la ley del tali¨®n. La pol¨ªtica criminal de un sistema democr¨¢tico no puede estar dictada ni condicionada por las asociaciones de v¨ªctimas en sentido estricto (los supervivientes de atentados terroristas y los damnificados directamente por un delito) o amplio (los deudos de las v¨ªctimas propiamente dichas). Aunque la pretensi¨®n de lo que Rafael S¨¢nchez Ferlosio denomina el victimato sea dictar al Estado de derecho c¨®mo regular los delitos y las penas, tampoco faltan los mutilados o heridos por atentados (como Eduardo Madina, Jos¨¦ Ram¨®n Recalde y Gorka Land¨¢buru) capaces de separar sus derechos como v¨ªctimas y sus obligaciones como ciudadanos.

El proyecto de reforma del C¨®digo Penal es tan minucioso que no cabe atribuir a simple negligencia la escandalosa omisi¨®n de la financiaci¨®n ilegal de los partidos, una epidemia infecciosa que ha corro¨ªdo durante los ¨²ltimos a?os la legitimidad de los sistemas democr¨¢ticos de toda Europa y que constituye en Espa?a el origen de los abusos urban¨ªsticos y los fraudes inmobiliarios en el ¨¢mbito municipal. Se dir¨ªa que los partidos parecen dispuestos a unirse mediante un juramento mafioso secreto para despenalizar en la pr¨¢ctica los cohechos y las prevaricaciones que alimentan sus tesorer¨ªas mediante comisiones ilegales, donativos ficticios y abusivas cancelaciones crediticias; por lo pronto, ya se han autoexcluido de la nueva regulaci¨®n de la responsabilidad penal de las personas jur¨ªdicas.

Como ha demostrado la frustrada experiencia de los planes del Gobierno contra la violencia de g¨¦nero, ni la exasperaci¨®n de las penas ni la ampliaci¨®n de los tipos logran disuadir determinada clase de comportamiento criminal. El proyecto de reforma tampoco parece prever las indeseadas consecuencias que deparar¨¢ su puesta en marcha a unos juzgados colapsados y unas c¨¢rceles hacinadas. El reportaje de Manuel Altozano publicado en EL PA?S del viernes subrayaba que a comienzos de noviembre hab¨ªa en Espa?a 73.000 reclusos (esto es, 156 por cada 100.000 habitantes frente a una media de 102 de la Uni¨®n Europea), pese a que la tasa de criminalidad espa?ola se sit¨²a entre las m¨¢s bajas del continente, especialmente en los delitos que implican violencia f¨ªsica o ps¨ªquica sobre la v¨ªctima.