Paradoja pol¨ªtica de las fosas

Que los ayuntamientos de C¨®rdoba y M¨¢laga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria hist¨®rica no tendr¨ªa por qu¨¦ llamar la atenci¨®n. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos pol¨ªticos que los gobiernan. El ayuntamiento de M¨¢laga, del PP, no se limita a un respaldo ret¨®rico, sino que financia actuaciones como la exhumaci¨®n de cad¨¢veres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de Espa?a, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.

El consistorio de C¨®rdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvenci¨®n del Gobierno.

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La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en C¨®rdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cad¨¢ver, que se cree descansa en una fosa com¨²n. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricaci¨®n, desobediencia y denegaci¨®n de auxilio por obstaculizar" la exhumaci¨®n de los restos de Dorado Luque. La familia tambi¨¦n ha anunciado que llegar¨¢ hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumaci¨®n antes de 2009".

Los herederos del pol¨ªtico no encontraban impedimento para empezar, hace m¨¢s de un mes, los trabajos de exhumaci¨®n e identificaci¨®n, ya que cuentan con una subvenci¨®n facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Hist¨®rica.

Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuaci¨®n que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber m¨¢s de 500 cad¨¢veres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumaci¨®n, pero pide que un juez diga c¨®mo y d¨®nde actuar, as¨ª como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cad¨¢ver".

El problema es que el protocolo est¨¢ pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria hist¨®rica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que act¨²en los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado N¨²mero 6 de C¨®rdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidi¨® la semana pasada paralizar los tr¨¢mites de la exhumaci¨®n hasta conocer la decisi¨®n definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ¨¦sta decidi¨® el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y conf¨ªa en que el juzgado cordob¨¦s reactive el caso.

El consistorio de C¨®rdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permiti¨® que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Seg¨²n el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todav¨ªa", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que m¨¢s claramente hemos encontrado".

En M¨¢laga la situaci¨®n vino favorecida porque no se trata de una actuaci¨®n a instancias de un denunciante. La intervenci¨®n en San Rafael es producto de una investigaci¨®n realizada gracias a un convenio de colaboraci¨®n entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de M¨¢laga y la Asociaci¨®n contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se ampli¨® dado los avances de la investigaci¨®n que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensi¨®n mucho mayor de la que se supon¨ªa en un principio. El coste total de la intervenci¨®n est¨¢ presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.